nº 975 - 24 de junio de 2021
Crisis sanitaria
El TC podría declarar inconstitucional el estado de alarma que decretó el Gobierno
Al cierre de esta edición, el Tribunal Constitucional tenía programado analizar el 22 de junio una propuesta de sentencia en la que se consideran inconstitucionales una parte de las restricciones del primero de los estados de alarma decretado por el Ejecutivo central. El ponente González Trevijano es partidario de estimar en parte el recurso de Vox contra el confinamiento. Dicho texto solo se convertirá en sentencia si lo respalda la mayoría. Considera el ponente que la restricción de derechos fundamentales impuesta durante el citado periodo fue tan intensa, que requería la aplicación del estado de excepción, un grado más allá del estado de alarma.
Cabe recordar que, con ocasión del estado de alarma decretado por la huelga de los controladores aéreos, el TC ya argumentó que «la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental, aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio». La sentencia llegará cuando ya ha concluido el primer estado de alarma y sus prórrogas. El retraso en dictarse esta sentencia se debe, entre otros motivos, al cambio de ponente al que obligó la marcha del magistrado Fernando Valdés del Constitucional, al abrirse juicio contra él por violencia machista. Según informan diversos medios, González Trevijano sustituyó a Valdés y empezó una nueva redacción. En ella propone anular varios apartados del artículo 7 del decreto del estado de alarma, entre ellos el que mejor lo simboliza: la prohibición de abandonar el domicilio salvo por motivos tasados. Según Trevijano, se tendría que haber aplicado el estado de excepción que, a diferencia del de alarma, solo se puede aplicar a través del consejo de ministros una vez recibida la autorización del Congreso de Diputados. En cambio, el estado de alarma se puede aplicar durante quince días sin el aval de la cámara baja. Si se quiere prorrogar, sí que hace falta que se pronuncie la mayoría del Congreso. ■