nº 977 - 23 de septiembre de 2021
Apertura del Año Judicial
Lesmes reclama a los partidos, por cuarto año consecutivo, que afronten la renovación del CGPJ
Actualidad Jurídica Aranzadi
La tasa de litigiosidad descendió en 2020 un 12,75% debido a la pandemia
Según los datos de la Memoria Fiscal, durante el pasado año se incoaron 1,8 millones de procedimientos
Con motivo de la apertura del Año Judicial 2021/2022, celebrada el pasado 6 de septiembre, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, reivindicó el respeto a la independencia judicial como garantía de la democracia. El también presidente del Tribunal Supremo enmarcó estas palabras en su discurso, en el urgió a los partidos políticos a alcanzar un acuerdo para acabar ya con la interinidad del órgano de gobierno de los jueces. No en vano, con la de este año es ya la cuarta vez que Lesmes tiene que reclamar la renovación del órgano rector de los jueces ya que el mandato del actual caducó en diciembre de 2018.
«Urge […], por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación», afirmó Lesmes. Criticó además que la situación se ha visto agravada por la reciente Ley Orgánica 4/2021, que impide al Consejo realizar nombramientos discrecionales mientras esté en funciones y que fue tramitada sin recabar la opinión de esta institución.
Lesmes recordó que la Constitución establece que el presidente y los vocales de esta institución tengan un mandato de cinco años, «sin que este plazo pueda ser considerado, en ningún caso, como meramente orientativo», por lo que el Congreso y el Senado, órganos a los que la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Judicial encomiendan a día de hoy la renovación del CGPJ, están obligados a respetarlo.
«Y esta obligación es extensible a las fuerzas políticas allí representadas, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento», agregó.
Por último, Lesmes calificó de «insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad» la situación provocada por la no renovación del CGPJ y señaló que la imposibilidad de efectuar nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales y en especial al Alto Tribunal. No en vano, a estas alturas son once las vacantes sin cubrir en el Tribunal Supremo, de una planta de 79 magistrados, «por no hablar de muchas otras en las presidencias de diversos tribunales que se han venido produciendo».
La Memoria del año 2020, marcada por la pandemia
Como viene siendo tradicional, en el acto de apertura del Año Judicial se presentaron los datos estadísticos de la Memoria del año 2020 de los órganos judiciales de España. El dato más relevante es que se aprecia un descenso en 2020 de la tasa de litigiosidad del 12,75% con respecto a 2019 debido a la crisis sanitaria.
En concreto, los tribunales españoles ingresaron el año pasado un total de 5.526.754 asuntos. «Gracias al esfuerzo de nuestros jueces y magistrados el volumen de asuntos resueltos fue muy elevado, alcanzando los 5.244.742 asuntos», destacó Lesmes. Sin embargo, ha vuelto a aumentar, en un 11,3%, el número total de asuntos en trámite al final del año, que se situó en más de tres millones. Asimismo, también aumentó la tasa de pendencia global, que ha crecido casi un 30% entre 2019 y 2020. De la tasa de litigiosidad de la Memoria también se desprende la que la cifra de 116 asuntos ingresados por cada mil habitantes sigue siendo una de las más altas de la Unión Europea.
Memoria de la Fiscalía
Por su parte, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, presentó en el acto de apertura del Año Judicial la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2020.
Según los datos registrados en el citado estudio, durante el pasado año se incoaron 1,8 millones de procedimientos. Además, se registraron 1,3 millones de diligencias previas, cifra que supone un descenso del 12,7% respecto a 2020. También descendieron los juicios rápidos, en este caso un 17,9%. Bajaron también las calificaciones fiscales (un 12%), los procedimientos abreviados (8,9%) y la incoación de sumarios (8%).
Respecto a los juicios, el Ministerio Público prestó asistencia a 260.715 juicios, frente a los 332.888 de 2019. Según las estadísticas, 140.207 fueron por delitos leves, 112.712 en los juzgados de lo penal y 7.796 en las audiencias provinciales, lo que representa un «fuerte descenso por el estado de alarma». Se suspendieron un 46% de los juicios en los juzgados de lo penal y un 41% en las audiencias provinciales.
La Fiscalía del Tribunal Supremo también registró un descenso de casos en todas sus secciones a excepción de la Sección de lo Contencioso-Administrativo, que despachó un 11% más de asuntos que en 2019, es decir, un total de «451 asuntos, de los que 203 se refirieron a derechos fundamentales» (relacionados con el estado de alarma).
Dolores Delgado, que comenzó su discurso recordando a las víctimas del COVID-19, puso en valor las potencialidades de la estructura territorial del Ministerio Fiscal, así como de las especialidades y de su cooperación transversal, que «nos permite participar con garantía y eficacia en cualquier punto del Estado, haciendo cierto el principio de unidad».
En referencia a la anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Crimina (LECrim), la Fiscal general hizo referencia a «uno de los retos más apasionantes que nos traslada el prelegislador»: asumir la investigación en el marco del proceso penal, en la línea de los países de nuestro entorno. Delgado recordó el recorrido participativo y riguroso en que intervino toda la carrera fiscal hasta la aprobación por unanimidad del informe del Consejo Fiscal, «en la búsqueda, constructiva y positiva, del mejor modelo para servir eficazmente a la justicia y a la ciudadanía».
La aprobación de la nueva LECrim también obligará a reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y que, de hecho, así lo prevé la Disposición Adicional Segunda del texto en tramitación. En este sentido Delgado recordó que en 2021 se cumple el 40 aniversario del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado el 30 de diciembre de 1981, efeméride con la que la Fiscal General concluyó su discurso, para «celebrar una norma que ha regido la institución y nuestra vida profesional durante las últimas cuatro décadas», pero también para «adquirir públicamente el compromiso de emprender el camino de transformación que está por llegar, el impulso de un nuevo marco estatutario», con el fin de dotar a la institución de mayores cotas de autonomía y «definiendo un Ministerio Fiscal fortalecido y adecuadamente dotado para afrontar los retos que la sociedad democrática a la que sirve le demanda», concluyó. ■