nº 977 - 23 de septiembre de 2021
VIII Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía
La Abogacía se compromete a defender el secreto profesional e impulsar la formación especializada
Actualidad Jurídica Aranzadi
Thomson Reuters presentó a los colegios de abogados la solución tecnológica HighQ
La ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció que están ultimando la Ley del Derecho de Defensa
Abogacía Española
La Abogacía se ha comprometido a defender el secreto profesional, incluso para los abogados de empresa, a liderar la regulación de la formación especializada y exige el respeto a las normas que regulan las instituciones jurídicas. Esas son algunas de las principales conclusiones de la Declaración Final de las VIII Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía, evento que se celebró el pasado mes de septiembre y que contó con la participación de Thomson Reuters, quien presentó a los colegios de abogados la solución tecnológica HighQ.
El documento fue aprobado al final de tres días de sesiones, en las que se abordaron los principales retos que enfrenta actualmente la profesión y la manera en que ésta puede contribuir al progreso social y el fortalecimiento democrático.
En dicho texto, la Abogacía se compromete a exigir a los poderes el «máximo refuerzo» del secreto profesional «para todas las formas de ejercicio profesional, lo que incluye la abogacía de empresa, abarcando además de las funciones de dirección y defensa en todo tipo de procesos, el asesoramiento y consejo jurídico».
La declaración también aclara que no puede justificarse, ni legitimarse, la intervención de las comunicaciones entre letrado y cliente, ni tan siquiera cuando se trate de los supuestos indirectos de «grabaciones por arrastre». Y enfatiza asimismo la importancia de la «confidencialidad de las comunicaciones en las relaciones entre abogados».
La formación continua y la especialización son una prioridad para los Colegios de la Abogacía, que deben liderar la implementación de «un sistema que reconozca y acredite especialidades en el ejercicio profesional para una prestación a la ciudadanía de servicios legales de calidad, como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, facilitando a los usuarios la elección de abogados especializados debidamente acreditados».
Sobre la regulación de la publicidad, la Abogacía apuesta por un Código de Conducta de adhesión voluntaria en el que se establece la autorregulación con el fin de favorecer «un mensaje publicitario de nuestros servicios profesionales veraz y lícito, con escrupuloso respeto de la Ley general de la publicidad, la ley de defensa de la competencia, la ley de competencia desleal y las exigencias de la regulación de los derechos de consumidores».
Las Jornadas de Juntas de Gobierno no han sido ajenas a la actual situación de crisis de las instituciones, por lo que la Declaración reclama «el respeto a las normas que las regulan, tanto en su composición como en su funcionamiento y necesaria renovación».
Y la Abogacía reivindica su papel como «interlocutores imprescindibles que debemos participar e intervenir en los debates públicos que afecten a la defensa del Estado social y democrático de Derecho, la promoción y defensa de los derechos humanos». Y ofrece su colaboración en la necesaria reforma estructural de la Justicia española.
En relación a la Asistencia Jurídica Gratuita, se reclama «máximo apoyo de los poderes públicos con una actualización normativa y de baremos, agilidad y puntualidad en los pagos, eliminación de desequilibrios territoriales y dignificación de este servicio».
Y en relación a la lucha por la igualdad, la Abogacía se compromete a «redoblar el esfuerzo» y asegura que «se hace imprescindible aprobar las reformas legales que reclamamos en nuestro sistema de justicia para facilitar la conciliación personal y profesional, regulando las suspensiones de vistas y plazos procesales en los supuestos de maternidad, paternidad y adopción, y la inhabilidad y desconexión digital en períodos vacacionales».
Y para finalizar se recoge el apoyo al talento joven, «luchando contra la precariedad, las prácticas abusivas o promoviendo un sistema de acceso más idóneo para el ejercicio». Y también el compromiso con sostenibilidad. «Tenemos que desarrollar fórmulas para no poner en peligro nuestras propias vidas convenciéndonos de que es posible lo imposible. Estamos dispuestos a conseguir más con menos. Las metas, aunque sean pequeñas, hacen que las cosas imposibles se hagan posibles».
La ministra de Justicia anunció que están ultimando la Ley del Derecho de Defensa
En su intervención en la clausura de las VIII Jornadas de Juntas de Gobierno, la ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció que están ultimando el anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, una norma muy esperada por el conjunto de la profesión,
«Esta ley es fruto del consenso, incorpora demandas muy exigidas por el Tribunal Constitucional y recoge en un solo cuerpo legal todos los aspectos de este derecho. Es una visión integral del derecho de defensa, comprensiva de los derechos de los ciudadanos y los abogados y abogadas», aseguró Llop en su intervención en la clausura de las Jornadas, que se han celebrado desde el miércoles en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
«Es una ley avanzada, pionera, no hay otra ley de estas características. Queremos poner los derechos de los ciudadanos en el centro de la ley. Queremos que se garantice un derecho de defensa mejor y de más calidad», añadió.
La ministra destacó asimismo la «enorme relevancia» de estas Jornadas de Juntas de Gobierno, que se celebran cada cuatro años, y se refirió «al impacto de la abogacía en la sociedad» – «desempeña un papel clave para que el servicio público de justicia pueda ser ofrecido con la mayor calidad»– y al «papel imprescindible de los Colegios en la preservación de la tutela judicial efectiva».
También aprovechó para dar las gracias a los profesionales de la abogacía que han «estado trabajando en cada rincón de España en las difíciles circunstancias de la pandemia» y reconoció el esfuerzo hecho por colegios y profesionales para que «el servicio que prestáis a la ciudadanía pudiera continuar sin menoscabo alguno».
En relación a los medios adecuados de solución de controversias, la ministra aseguró que «la abogacía se convierte en el elemento clave para el éxito de este sistema que permitirá avanzar en la construcción de la paz social». También enfatizó la importancia de la formación especializada tanto en la lucha contra la violencia de género –»para poder atender de manera óptima a las mujeres víctimas y a sus hijos»– como sobre las últimas reformas legislativas.
Y al final de su intervención la ministra se refirió al «bloqueo institucional que estamos sufriendo» y apeló «a las fuerzas políticas a que lleguen a un acuerdo a un consenso sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces lo tienen que hacer ya». «Es el poder legislativo quien tiene que proceder a su renovación».
La intervención de la ministra tuvo lugar en el acto de clausura de las VIII Jornadas de Juntas de Gobierno, que comenzó con uno de los momentos más esperados: la entrega de los premios a las mejores prácticas colegiales. El vicepresidente del Consejo y decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, fue el encargado de entregar los galardones junto con los patrocinadores de las Jornadas.
También intervino Eugenio Gay, ex presidente del Consejo General de la Abogacía Española, que alabó las concentraciones en solidaridad con Afganistán que se llevó a cabo antes del inicio de las Jornadas: «Habéis levantado la voz contra el atropello a los derechos fundamentales y a la dignidad del ser humano, no podíamos consentir esa cosificación a la mujer, que pretende hacerla desaparecer de la sociedad. Por eso la abogacía no está solo al servicio de los ciudadanos, también lo está al servicio de la sociedad».
Y el broche final fue la lectura de la Declaración Final de conclusiones, a cargo de la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega. ■