nº 979 - 25 de noviembre de 2021
La transformación digital, una prioridad en el proyecto de presupuesto de Justicia para 2022
Actualidad Jurídica Aranzadi
El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, compareció en el Congreso de los Diputados para explicar el detalle de las partidas previstas para el Ministerio.
La asignación presupuestaria para el Ministerio de Justicia para el próximo ejercicio es de 2.247,5 millones de euros, un 11,6% más que en 2021
Financiarán la implantación en todo el territorio de tres figuras contempladas en la Ley de Eficiencia Organizativa: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios
El grueso de presupuesto (73,3 %) lo integra el capítulo 1, referido a gastos de personal, que se cifra en un total de 1.646,74 millones de euros
Contempla incrementar en un 4,2 % el presupuesto destinado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2022 contempla una asignación presupuestaria para el Ministerio de Justicia para el próximo ejercicio de 2.247,5 millones de euros, un 11,6% más que en 2021. De entre las distintas partidas destacan por su importe y carácter prioritario las contempladas para la transformación digital de la Justicia y que se estructuran en 10 proyectos que se ejecutarán, con la financiación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en cogobernanza con las comunidades autónomas.
En concreto, en el capítulo 6 (inversiones reales), se recoge un incremento del 23,7 % respecto a 2021, alcanzando los 241,20 millones de euros. Un 14,5% se destina a infraestructuras, equipamientos y edificios, mientras que el 85,5% restante se destina a la transformación de la Justicia, sobre todo en la digitalización de la misma.
Con motivo de su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados, el secretario de Estado, Pablo Zapatero, destacó los «importantes hitos» ya alcanzados en el proceso de transformación digital, «que hacen que España sea el segundo país de la Unión Europea más avanzado en servicios públicos digitales, según el informe del Índice de Economía y Sociedad Digital 2020 elaborado por la Comisión Europea».
Así, la transformación digital de la Justicia constituye uno de los puntos fundamentales de la acción del Ministerio de Justicia. En el citado decálogo de proyectos se encuentra la implantación en todo el territorio de tres figuras contempladas en la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que son los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios, alineado con los objetivos fundamentales del PRTR de cohesión social y territorial, transformación digital, transición ecológica e igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Igualmente se desarrollarán inversiones en transformación digital con cargo al presupuesto ordinario, como la digitalización de los órganos judiciales, las salas de vistas del siglo XXI, y la mejora de las infraestructuras tecnológicas en los Institutos de Medicina Legal, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la Fiscalía, entre otros.
«Acercar la Justicia a los ciudadanos» se configura como otro de los grandes ejes del presupuesto. Para ello se prevé una dotación presupuestaria de 12,7 millones de euros para avanzar en la transformación de los más de 7.500 juzgados de Paz en oficinas municipales de justicia, cuya misión será la de facilitar a la ciudadanía su relación con la Administración de Justicia.
De este importe, la participación del Ministerio para el desarrollo de esta política, incluido el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza una dotación de 2.208 millones de euros, que supone un incremento de 232 millones de euros, un 11,8 %. Por su parte, la participación del Consejo General del Poder Judicial en la política es de 76 millones de euros, lo que implica un incremento de un 4,2%.
Creación de 70 nuevos órganos judiciales
No obstante, el grueso de presupuesto (73,3 %) lo integra como de costumbre el capítulo 1, referido a gastos de personal. Se cifra en un total de 1.646,74 millones de euros. Dentro de él, destacan las nuevas medidas de mejora del servicio público de Justicia, entre las que se encuentran la creación de 70 nuevos órganos judiciales, la ampliación de la plantilla de fiscales en 70 plazas y la transformación de 219 plazas de tercera en segunda categoría de la plantilla del Ministerio Fiscal.
Para el próximo año los presupuestos prevén, además, una tasa de reposición del 120 % para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y el resto de funcionarios que están al servicio de la Administración de Justicia, lo que supone un incremento de 10 puntos porcentuales con respecto al año anterior y de 20 puntos con respecto a 2020.
Estas medidas también forman parte del proceso de implantación del nuevo modelo para la eficiencia organizativa que contempla el Plan Justicia 2030.
En el capítulo 4, de transferencias corrientes, el presupuesto experimenta un incremento del 27,8 %, pasando a 83,08 millones de euros, que se traduce en un aumento de las dotaciones destinadas a asistencia jurídica gratuita (se contemplan 15 millones de euros para asistencia jurídica gratuita en concepto de mediación) y, como novedad y con la finalidad de atender a colectivos más vulnerables, incluye la asistencia especializada de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
En la asistencia jurídica especializada se contemplan, asimismo, los compromisos derivados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, con un incremento del 40% respecto a las dotaciones de 2021.
Un 4,2% más para el CGPJ
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado también contempla incrementar en un 4,2 % el presupuesto destinado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018 ante la falta de consenso de los grupos parlamentarios para renovar a sus vocales.
En concreto, el Gobierno destinará 76 millones de euros de los presupuestos de 2022 al órgano de gobierno de los jueces, una cifra que supera en tres millones los fondos destinados en el ejercicio anterior. ■