nº 982 - 24 de febrero de 2022
Justicia afronta importantes retos legislativos para remediar sus males
Actualidad Jurídica Aranzadi
La pandemia ha conllevado una aceleración de las reformas que deben impulsar el salto hacia la modernización de la Justicia
Pilar Llop se ha marcado como hoja de ruta impulsar a corto-medio plazo las tres leyes que conforman la base de Justicia 2030
Destaca la lentitud de la tramitación de la LECrim, cuyo Anteproyecto fue aprobado por el Gobierno el 24 de noviembre de 2020
A pocas semanas de cumplirse el segundo aniversario del primer estado de alarma, la Justicia española afronta 2022 con la imperiosa necesidad de poner remedio a algunos de los males que arrastra desde hace décadas, muchos de los cuáles se han visto incrementados por la paralización y/o alteración de los servicios a causa de la pandemia.
El segundo trimestre de 2020 será recordado como un periodo en blanco, debido a que la actividad judicial estuvo prácticamente paralizada con la única excepción de los servicios más urgentes. Poco a poco los juzgados españoles han ido recobrando la actividad y la normalidad, sustantivo que destacamos en cursiva porque la situación precovid distaba mucho de alcanzar el grado de eficiencia que merece una sociedad avanzada como la española.
A pasar de los innumerables trastornos que ha ocasionado la pandemia, no todo ha sido negativo, ya que su impacto ha conllevado una aceleración de las reformas que deben impulsar el salto hacia la modernización de la Justicia para más hacerla más eficaz gracias a su digitalización y reforma de su organización. El objetivo común a todas ellas es transformar la Justicia en un servicio público accesible, eficiente y sostenible, y con las garantías propias de un Estado social y democrático de derecho.
Todas estas reformas se enmarcan en el Plan Justicia 2030, que tiene un horizonte a diez años para configurar la Justicia como un servicio público orientado al bienestar en derechos; mejorar las condiciones profesionales y laborales de todas las personas que trabajan en el sector Justicia; y contribuir desde el ámbito de la Justicia a la transformación del país, haciendo lo posible para lograr una sociedad más democrática, igualitaria y cohesionada a nivel social y territorial.
El Ministerio que ahora preside Pilar Llop se ha marcado como hoja de ruta impulsar a corto-medio plazo las tres leyes que conforman la base de Justicia 2030: la ley de eficiencia organizativa y la ley de eficiencia procesal, orientadas a dar respuesta a la necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia; y la ley de eficiencia digital, con la que se pretende establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización. Según informó recientemente el Ministerio, las dos primeras irán próximamente en segunda vuelta al Consejo de Ministros. La tercera ha sido aprobada en primera vuelta hace poco más de dos meses.
El Ministerio pone por tanto el foco en el Plan Justicia 2030 y, tal y como informamos en nuestro número anterior, deja aparcadas para el resto de la legislatura otras reformas, como la del Código Penal relativa al delito de sedición, que ni siquiera venía ya contemplada en el Plan Anual Normativo 2021. También queda aparcada otra remodelación a la que la Moncloa se comprometió en febrero de 2021: que no fueran penados con cárcel los delitos relacionados con la libertad de expresión, como aquellos relacionados con las injurias a la Corona.
Ley de Eficiencia Organizativa
«Hay un compromiso de que los Tribunales de Instancia sean una realidad en el segundo semestre del 2023». Así lo afirmó el pasado 21 de abril el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en un encuentro organizado por Thomson Reuters al referirse al Anteproyecto de ley de eficiencia organizativa de la Justicia, que sustituye los Juzgados por Tribunales de Instancia. La norma aparece reflejada tanto en el Plan Anual Normativo 2021 como en el 2022.
El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril de 2021, contempla la creación de tres figuras fundamentales para poner al día el ámbito de actuación de la Justicia: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio. Estas tres piezas de la nueva norma contribuirán a «una gestión y organización más eficientes, y reducirán la brecha territorial, digital y ecológica», en línea con los objetivos marcados por el propio Gobierno.
La Oficina de Justicia en el municipio acercará a la ciudadanía los servicios públicos, independientemente del lugar en el que habiten, con especial atención a mujeres víctimas de violencia, personas mayores –que necesitan un acompañamiento personalizado para realizar sus gestiones con la Justicia–, niños y jóvenes. Asimismo, los Tribunales de Instancia darán más flexibilidad a la planta judicial, para simplificar el acceso de la ciudadanía a la Justicia y para mejorarla en términos de especialización.
En referencia a esta norma, el Plan Anual Normativo 2022 recoge la siguiente cita textual:
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, es la norma que, conforme a lo previsto en la Constitución, regula entre otros aspectos la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Esta Ley ha sido objeto de numerosas reformas, y algunas han supuesto cambios en la planta de los órganos judiciales, en su organización y en las oficinas que dan soporte a la actividad jurisdiccional. Sin embargo, ninguna de aquellas ha afectado de un modo directo al modelo tradicional, en el que predominan los órganos unipersonales. El modelo que pretende esta propuesta normativa viene a modificar aquella organización transformando estos juzgados en tribunales, con una organización colegiada, y tiene como antecedentes más inmediatos sendos proyectos normativos donde, con algunas diferencias notables, se optaba por crear este tipo de órganos mediante esa misma transformación de los actuales juzgados unipersonales.
Ley de Eficiencia Procesal
El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal se centra en reformas que tienen por objeto conseguir que el acceso a la justicia suponga la consolidación de derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas; que su funcionamiento como servicio público se produzca en condiciones de eficiencia operativa; y que la transformación digital de nuestra sociedad reciba traslado correlativo en la Administración de Justicia.
Contempla medidas para potenciar los medios adecuados de solución de controversias y, de esta forma, reducir el conflicto social y evitar la sobrecarga de los tribunales con medios que resulten satisfactorios para todas las partes implicadas, ahondando en la cohesión social. El anteproyecto de ley de eficiencia procesal introduce como gran novedad la mediación preceptiva antes de interponer una demanda civil o mercantil y apuesta claramente por los MASC (Métodos Alternativos de Solución de Conflictos). Según el Gobierno, la ralentización de los trámites jurídicos y legales a raíz de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una mejora en cuanto a eficiencia y agilidad en la resolución de determinados procesos.
Otra novedad de la norma, que se espera sea aprobada próximamente, incorpora fruto del acuerdo del grupo de trabajo formado por la Abogacía, los procuradores, los graduados sociales y el Ministerio, es que regula la conciliación en la profesión. La nueva Ley de Eficiencia Procesal contempla la maternidad y la paternidad como causas de suspensión de procedimientos y declara inhábil a efectos procesales el periodo entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. El texto recoge que, para los casos de nacimiento y cuidado de menor, las personas profesionales de la abogacía intervinientes que dispongan de la baja por maternidad o paternidad podrán solicitar la suspensión del procedimiento –y por tanto de todos los actos y plazos procesales en curso– para el período de descanso laboral obligatorio establecido según la legislación laboral y de seguridad social. Esta suspensión afectará a todos los procedimientos en los que intervenga.
Además, se amplía al periodo navideño la inhabilidad del mes de agosto, al modificarse la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su art. 130.2, que establecería que «son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad».
Finalmente, en los casos de enfermedad grave y/o fallecimiento de un familiar del profesional de la abogacía, se incluye ahora la suspensión de 3 a 5 días (según necesidades de desplazamiento).
Ley de Eficiencia Digital
Por su parte, la Ley de Eficiencia Digital, cuyo Anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 19 de octubre, promueve la digitalización, regulando los servicios tecnológicos accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.
La norma hará estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que se implantaron durante la pandemia y que después se han consolidado. En total son más de 700.000 los juicios telemáticos celebrados durante la pandemia que, según el Ejecutivo, han supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 14 millones de euros y han evitado la emisión de más de 6.825 toneladas de CO2.
Con este Anteproyecto, el Gobierno afirma que la Administración de Justicia española se sitúa entre los países pioneros en el empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea, «poniendo el foco en la ciudadanía y estableciendo la obligación de las administraciones competentes en materia de Justicia de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio del Estado». El texto está, además, «en línea con la Carta de Derechos Digitales promovida por la Vicepresidencia Primera, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, junto con el Ministerio de Justicia».
Otras iniciativas legislativas
Otro de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Justicia es llevar a cabo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), «dando respuesta a la demanda histórica de superar el paradigma procesal penal decimonónico e implantar en España un modelo moderno y avanzado de proceso penal, reforzando el principio de imparcialidad judicial y el derecho de defensa, y armonizando nuestro modelo procesal con los más avanzados de nuestro entorno».
La gran novedad que plantea es que se pasa del juez instructor al fiscal instructor. Los fiscales serán ahora quienes dirijan la investigación con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que afecten a derechos fundamentales.
El Ministerio de Justicia creó un grupo interinstitucional que trabaja en las aportaciones al texto del Anteproyecto, que se estima estarán listas a lo largo del primer trimestre de 2022. Cabe destacar sin embargo la lentitud de la tramitación de esta norma, ya que el texto del Anteproyecto fue aprobado por el Gobierno el 24 de noviembre de 2020.
El citado grupo está integrado por representantes del Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial, representantes de la Audiencia Nacional o de la Audiencia Provincial de Madrid, también a la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de los Procuradores de España.
Asimismo, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aprobó el pasado 21 de diciembre en segunda vuelta de Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal.
Este proyecto normativo tiene como objetivo la transposición de la directiva europea de reestructuración e insolvencia, e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia, faciliten el mantenimiento de empresas viables y refuercen el tejido productivo.
Esta reforma es una de las más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer e impulsar el crecimiento económico.
También en materia de trasposición de directivas, Justicia está impulsando el Anteproyecto de Ley para luchar contra el fraude digital y el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.
Además, con vistas a cumplir con el objetivo de mejorar las garantías del derecho a la tutela judicial efectiva, se está trabajando en el marco del Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, cuya pretensión es aunar en un único cuerpo legal todos los aspectos de este derecho fundamental, incorporando las novedades oportunas a la luz de la jurisprudencia y del ejercicio diario de la abogacía. ■