nº 982 - 24 de febrero de 2022
Tratado de Derecho Administrativo General y Económico
José Carlos Laguna de Paz. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Valladolid
El presente Tratado profundiza en el fundamento, principios e instituciones jurídico-administrativas. Se hace desde el convencimiento de que está aquí la clave para resolver los problemas que plantea la práctica diaria.
Se incorpora la jurisprudencia más reciente sobre cada uno de los temas estudiados, sin la que no es posible dar cuenta del régimen vigente
«El criterio para resolver problemas está en los fundamentos»
No hay espacio de la vida social y económica que no sea objeto de regulación y supervisión administrativa.
La Administración asume el ejercicio de funciones públicas, la dotación de infraestructuras y la prestación de servicios esenciales. La Administración autoriza, prohíbe, inspecciona, expropia, otorga ayudas, ejerce funciones arbitrales y sanciona.
En cada país, las entidades públicas son las organizaciones que más personas emplean, más bienes tienen a su cargo y más porcentaje del PIB gastan.
Muchos de los grandes debates públicos giran en torno a políticas en las que la Administración asume un papel protagonista (privatización, desregulación, gestión de servicios públicos, sostenibilidad, protección de datos, etc.).
La actuación administrativa es garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero también puede amenazarlos.
El presente Tratado profundiza en el fundamento, principios e instituciones jurídico-administrativas. Se hace desde el convencimiento de que está aquí la clave para resolver los problemas que plantea la práctica diaria.
La intervención de la Administración se proyecta sobre muy diversos ámbitos, algunos de los cuales han alcanzado un particular desarrollo (urbanismo, industria, comercio, sector financiero, energía, medio ambiente, etc.). Sin embargo, en lo sustancial, todos ellos responden a los mismos principios y técnicas jurídicas. Es por eso por lo que en la presente obra no hay una separación entre parte general y parte especial, sino que esta última se integra, ejemplifica y enriquece la primera.
Se incorpora la jurisprudencia más reciente sobre cada uno de los temas estudiados, sin la que no es posible dar cuenta del régimen vigente.
La consulta de la obra se facilita con la utilización de sangrados, diferentes tamaños de letra y cursivas, que deben permitir al lector encontrar con rapidez lo que busca.
Ocho partes y 25 capítulos
El Tratado de Derecho Administrativo General y Económico (Thomson Reuters Aranzadi) consta de ocho partes y 25 capítulos.
El punto de partida es la delimitación de la Administración pública, lo que lleva a pronunciarse sobre la naturaleza de determinadas organizaciones, que están en la frontera entre lo público y lo privado (colegios profesionales, cámaras de comercio, etc.) (primera parte). Es también preciso aclarar el ámbito del Derecho Administrativo, que no siempre se aplica a las entidades públicas, ni solo a estas.
Es célebre la caracterización del Derecho Administrativo como «Derecho Constitucional concretizado», por lo que necesariamente hay que referirse al marco constitucional (segunda parte). Más aún, en nuestros días, no es posible comprender el régimen jurídico-administrativo sin el Derecho de la Unión Europea y, en un mundo globalizado, sin la normativa internacional.
La ley tiene un papel protagonista en el sistema (tercera parte). No obstante, la Administración también contribuye a crear el fundamento jurídico de su actuación. A este respecto, hay que prestar una particular atención a la discrecionalidad administrativa y a su control judicial.
La distribución territorial del poder público se articula en principios y organizaciones jurídico-administrativas, a nivel europeo, estatal, autonómico y local (cuarta parte). El empleo público y bienes públicos son elementos decisivos del régimen jurídico-administrativo.
En gran medida, el régimen jurídico administrativo se condensa en la regulación de los actos jurídicos de la Administración (reglamento, acto, contrato, recursos administrativos, revisión de oficio), cuyo régimen jurídico se aborda en detalle (quinta parte).
Las modalidades de actuación de la Administración se abordan con un enfoque actual (sexta parte).
(i) La regulación, control y supervisión de la iniciativa privada constituye la modalidad de intervención administrativa más extendida. A este respecto, se presta particular atención a los controles administrativos y títulos habilitantes (acreditaciones, inscripciones registrales, autorizaciones, comunicaciones, declaraciones responsables, concesiones), así como a la intervención administrativa en el ejercicio de la actividad (deberes de información, potestades de inspección, regulación de precios, obligaciones de servicio público, etc.).
(ii) Se presta también una particular atención al Derecho de la Competencia, en cuya aplicación las autoridades administrativas tienen un papel protagonista.
(iii) La expropiación forzosa, los servicios públicos, empresas públicas y ayudas públicas completan las modalidades de intervención administrativa.
(iv) La obra se ocupa con detalle de las sanciones administrativas, cuyo régimen jurídico refleja los principios constitucionales, en los términos en que han sido interpretados por la jurisprudencia constitucional y ordinaria.
La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, incluido la del Estado legislador, acompaña indefectiblemente a la actuación pública (séptima parte). A estos efectos, resulta de particular importancia clarificar los títulos de imputación.
La obra se cierra con la jurisdicción contencioso-administrativa, concretando su ámbito, requisitos de legitimación, tipos de procesos y recursos (octava parte). ■