nº 983 - 31 de marzo de 2022
Defensor del Pueblo
Las dilaciones en los procedimientos, el mayor problema en la Administración de Justicia
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó el pasado 18 de marzo ante el Congreso de los Diputados el Informe Anual de la actividad de la Institución en 2021. Según recoge dicho documento, los asuntos sobre los que más se quejaron los ciudadanos tuvieron que ver fundamentalmente con empleo, seguridad social, Administración de Justicia, función y empleo públicos, sanidad y migraciones.
En el ámbito concreto de la Administración de Justicia, las dilaciones en los procedimientos han vuelto a representar el mayor número de quejas interpuestas. De entre todas ellas destacan las relacionadas con dilaciones en los señalamientos de juicios o los retrasos de hasta cuatro años para dictar sentencias. También hace referencia a la sobrecarga de asuntos que soportan los juzgados que reciben población estacional.
En su comparecencia Ángel Gabilondo recordó que su capacidad de intervención en el ámbito de la Justicia es limitado para no colisionar con el principio de independencia judicial. El Defensor del Pueblo actúa con respecto a legislación que pudiera menoscabar derechos. Los problemas del derecho a la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio también son objeto de atención, así como los retrasos o dilaciones en los procesos civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales. La institución actúa cuando existe falta de medios personales o materiales.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo, por impedírselo la ley, no examina quejas sobre casos individuales de los que haya conocido o conozca un juez, sin perjuicio de poder actuar sobre asuntos generales de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado colaboran con el Defensor del Pueblo para resolver las quejas en este ámbito.
El problema de las dilaciones aparece año a año en los informes del Defensor. En el estudio que publicó en 2018 Retrasos en la Administración de Justicia, se constataba que «las demoras que sufren los procedimientos judiciales se deben a la complejidad de las leyes procesales, los problemas estructurales del órgano judicial, la excesiva judicialización de la vida cotidiana, o la mala práctica administrativa por el abuso de resoluciones idénticas o de la figura del silencio administrativo, que obliga al ciudadano a acudir a la vía jurisdiccional».
Digitalización de procesos
El informe también se hace eco de problemas relacionados con la digitalización de procesos del Servicio público de Justicia como los de accesibilidad al programa LexNET por parte de los profesionales. El informe señala, no obstante, que desde el Ministerio de Justicia ya se trabaja en una versión nueva, la 5.1 que paliará esas dificultades.
También recoge limitaciones para la validación internacional de documentos con firma electrónica, dificultades en la web para la obtención de nacionalidad española a personas de origen sefardí, demoras en la recepción de certificados de actos de última voluntad y de resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial, problemas en la accesibilidad de la página web del Ministerio de Justicia, y demoras en el pago de los servicios profesionales prestados por los peritos judiciales –en algunos casos más de 10 años–, algo que podría «dificultar la colaboración con la Justicia por parte de los técnicos más cualificados». ■