nº 988 - 6 de octubre de 2022
Las tres leyes de eficiencia (organizativa, procesal y digital) ya están en trámite parlamentario
Actualidad Jurídica Aranzadi
Estas normas se complementan con otras iniciativas puestas en marcha, como la interoperabilidad de todos los sistemas de gestión procesal autonómicos con el Tribunal Supremo
El Ministerio de Justicia ha completado la implementación en todo el territorio de su competencia del sistema ACCEDA-JUSTICIA
Se han implantado técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial, como es el caso del Sistema de Dictado Forense
Como hemos venido informando, durante el primer semestre de este año se ha avanzado en el desarrollo de las tres normas de eficiencia que conforman el eje central del Plan Justicia 2030: eficiencia organizativa, procesal y digital. De todas ellas la más retrasada es la Ley de Eficiencia digital, que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros a mediados del pasado mes de julio, mientras que las leyes de eficiencia organizativa y procesal superaron dicho trámite el pasado mes de abril.
Entre otras novedades, la nueva ley de eficiencia digital persigue fomentar la inmediación digital para la celebración de juicios y vistas telemáticas. Con ese fin, se regulan los denominados puntos de acceso seguros, así como los lugares seguros. Además, regulará los sistemas de identificación y la firma digital electrónica, además de la regulación del sistema Cl@ve Justicia, para la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judicial por videoconferencia.
En referencia a todas ellas, la ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmó recientemente que la cartera que preside «apuesta por una Justicia como motor de consolidación y promoción de valores europeos, con todos los profesionales e instituciones involucrados y la ciudadanía en el centro».
En línea con lo anterior, el Ministerio de Justicia destaca en un comunicado que este conjunto de normas «servirá para atender, de forma prioritaria, a la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la Justicia». Todas ellas configuran «un modelo de coordinación y decisión, basado en la cogobernanza, que se ha consensuado entre las CCAA, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado y la FEMP, y que fomenta un modelo de colaboración público-privado».
Interoperabilidad de todos los sistemas de gestión procesal autonómicos
Estas normas se complementan con otras iniciativas puestas en marcha, como la interoperabilidad de todos los sistemas de gestión procesal autonómicos con el Tribunal Supremo. Cabe recordar que uno de los objetivos perseguidos por la Ley de Eficiencia Digital es la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales.
El objetivo de Justicia es no solo que los distintos sistemas autonómicos se comuniquen entre sí, sino que los juzgados puedan conectarse también con administraciones con las que trabajan con frecuencia, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los institutos de medicina legal o Instituciones Penitenciarias. En España existían nueve sistemas de gestión procesal distintos, que en muchas ocasiones no permitían interoperar (comunicarse) entre sí: en las cinco Comunidades Autónomas bajo territorio Ministerio –Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Islas Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo– funciona el sistema Minerva, lo mismo que en Galicia. En Andalucía, Adriano, en Canarias, Atlante, en Valencia, Cicerone, en el País Vasco, Justicia. Bat, en Madrid, Libra, en Cataluña, Themis II, E.Justicia.cat, en Navarra, Avantius y en Cantabria, Vereda.
Al margen de lo contemplado en la futura ley de digitalización pero también en el ámbito de la transformación digital del servicio público de Justicia, desde el comienzo del primer semestre de 2022 se pusieron a disposición de los usuarios en la sede electrónica del Ministerio de Justicia una serie de trámites telemáticos que, en apenas en un mes de funcionamiento, ya superaron los 2.200 expedientes, en un avance hacia la Justicia más accesible y cercana a los usuarios, que podrán acceder a los servicios públicos de justicia durante las 24 horas de los 7 días de la semana.
A finales del primer semestre, el Ministerio de Justicia ha completado la implementación en todo el territorio de su competencia del sistema ACCEDA-JUSTICIA, que permite la tramitación digital de documentos por encima del límite de capacidad de 30 Mb con que cuenta LexNet.
Otra innovación relacionada con la transformación digital del servicio público de Justicia es la implantación de técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial, como es el caso del Sistema de Dictado Forense, una tecnología innovadora, ágil y eficiente que facilita el trabajo del personal médico en este ámbito y mejora la calidad asistencial a la ciudadanía.
Protocolo de actuación médico forense en casos de violencia sexual
También durante el pasado semestre el Ministerio de Justicia publicó el Protocolo de actuación médico forense en casos de violencia sexual y el kit para recogida de pruebas e indicios. Estos instrumentos tienen como objetivo mejorar la atención a las víctimas de violencia sexual y darles apoyo institucional judicial y sanitario.
El Protocolo de actuación médico forense ante la violencia sexual es una guía de intervención sanitaria para mejorar la atención a las víctimas por parte de estos profesionales y establecer un comportamiento idéntico en todos los casos, con el fin de aportar seguridad y garantías a los procesos de denuncia. Tiene como objetivo establecer pautas de actuación pericial que ayuden a los médicos forenses a actuar de la mejor manera posible ante una víctima que ha sido objeto de una agresión sexual reciente, «implementando una actuación pericial de calidad y estandarizada, respetuosa con la situación de la víctima y que incorpore los avances tecnológicos y ético-legales en la recogida, conservación, envío e investigación de indicios biológicos», informó el Ministerio.
El desarrollo de un kit de muestras para análisis toxicológico en casos de sumisión química se justifica en los datos estadísticos. Según Justicia, «aproximadamente el 33 % de las agresiones sexuales pueden ser de este tipo, es decir, una de cada tres». En concreto, de las 3.001 agresiones sexuales constatadas por el INTCF el año pasado, en 994 se practicaron análisis ante la sospecha de que pudieran haberse cometido con la víctima bajo sumisión química. El resultado dio positivo en el 72 % de los casos.
Ministerio Fiscal, LAJs y programa de becas
En cuanto al Ministerio Fiscal, la cartera que dirige Pilar Llop aprobó por Real Decreto el Reglamento del Ministerio Fiscal, una nueva norma que deroga y supera la existente, de 1969, para que sea congruente con el orden constitucional.
Igualmente se aprobó otro Real Decreto por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes, que contempla la creación de 60 nuevas plazas y el reforzamiento de la especialización en el ámbito de la discapacidad.
Además, el Ministerio de Justicia firmó con la Fiscalía General del Estado un Convenio de Prevención de Riesgos Laborales, para avanzar en los derechos de estos profesionales y sentar las bases del nuevo Plan de Prevención de Riesgos Laborales para fiscales.
También se han aprobado dos programas de actuación para mejorar las retribuciones de los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) en el ámbito de las intervenciones en entradas y registros, así como de las sustituciones que realizan estos profesionales. Así, la retribución se incrementa un 300 %.
Por último, durante este semestre se ha hecho público el programa de becas del Ministerio de Justicia para el acceso a las carreras judicial, fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado.
El programa contempla un total de 245 becas, con una dotación global de 1,6 millones de euros. De ellas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes destinadas a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado. Cada beca está dotada con un total de 6.611 euros anuales y, al cierre de esta primera convocatoria, se habían recibido casi 900 solicitudes. ■