nº 988 - 6 de octubre de 2022
Poder Judicial
El bloqueo de la renovación del CGPJ traslada sus efectos a la del Tribunal Constitucional
Al cierre de esta edición seguía sin tener fecha la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar de que su presidente, Carlos Lesmes, dejó entrever su decisión de dimitir de sus cargos (también preside el Tribunal Supremo) sin en el plazo de unas semanas no se renovaba el órgano rector de los jueces. Como es sabido, el CGPJ lleva casi cuatro años con el mandato caducado. El bloqueo que sufre la renovación a causa de las discrepancias entre los dos partidos mayoritarios ha generado otros efectos colaterales. De entre todos ellos destaca el bloqueo para la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el mandato caducado desde hace casi cuatro meses (desde el pasado 12 de junio) y cuyo relevo corresponde hacer al Consejo General del Poder Judicial (dos) y al Gobierno (otros dos).
El pasado 13 de septiembre finalizó el plazo para que los vocales del CGPJ nombraran a los dos magistrados. Por su parte, el Ejecutivo anunció su decisión de no designar a los dos miembros que le corresponden mientras no lo haga el Poder Judicial. El trasfondo de este asunto es determinante desde el punto de vista politico, ya que permitiría un cambio en la correlación de fuerzas del Tribunal de Garantías de una mayoría conservadora a otra progresista. De hecho, el cruce de críticas es constante. Frente a las del Gobierno al CGPJ por no nombrar a los dos magistrados, se sitúan las que reprochan al Ejecutivo que registrara una proposición de ley para devolver al Poder Judicial la capacidad de realizar los nombramientos del Constitucional a pesar de estar en funciones. Con la ley en vigor el CGPJ tenía vetadas las competencias para hacer cualquier nombramiento discrecional con el mandato caducado.
Así las cosas, desde mediados del pasado mes de julio permanece paralizada (insistimos, al cierre de esta edición) la designación de los dos jueces del TC por parte del CGPJ ante la oposición del denominado bloque conservador, formado por siete vocales. Dicho sector alegó su oposición a que se cambiara la ley para permitir las designaciones del Constitucional y no del Supremo, donde se acumulan las vacantes sin cubrir. Lesmes pidió entonces a los vocales que se pusieran de acuerdo sobre dos candidatos que reúnan el mínimo de 12 votos necesarios, así como su oposición a que «esta institución se declare en rebeldía respecto a la Constitución y la ley». Sin embargo, el pleno del pasado 8 de septiembre del CGPJ acabó sin acuerdo respecto a las designaciones, lo que avocó a que el 13 de septiembre se cumpliera el plazo. Conservadores y progresistas pactaron que los candidatos procedan preferentemente del Tribunal Supremo, como venía ocurriendo, y se emplazaron a una nueva reunion el miércoles 21 que también culminó sin acuerdo: los portavoces conservadores aseguran que no han recibido ninguna candidatura de ningún magistrado del Supremo, «más allá de un mero contacto breve, informal». ■