nº 990 - 24 de noviembre de 2022

La justicia, entre la renovación de su cúpula directiva y el olvido de sus esencias

Alberto Palomar Olmeda. Profesor Titular (Acred.) de Derecho Administrativo. Magistrado de lo contencioso-administrativo (E.V). Abogado. Socio Broseta.

los gobiernos sucesivos no han sido capaces de diseñar un modelo de funcionamiento realmente convincente de la justicia

Pensar que todo se arregla con una nueva composición del CGPJ es no entender el verdadero calado del problema planteado

Se acaba de conocer la última o la penúltima ruptura del consenso político en relación con la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Todo parece indicar que la renovación tendrá que esperar y que la situación de provisionalidad en la que ahora se encuentra dicho órgano tiende a prolongarse.

Es claro este el momento en que unos y otros tienden a culpabilizar al adversario y a intentar convencernos a todos de que unos quieren y otros no renovar el citado órgano.

Este juego es, cuando menos, inútil y lo único que probablemente pone de relieve es el incorrecto del tratamiento constitucional de la justicia en el Texto Constitucional. El modelo del Consejo General fue exportado, con matices, del modelo italiano, pero es cierto que no ha resultado un elemento de formulación de políticas suficientemente representativas de su verdadero objetivo.

Un problema central

Desde el principio no se resolvió un problema central: la incardinación presupuestaria del CGPJ. Dotarle de autonomía financiera era convertirlo en una isla en el marco de las políticas generales y de la capacidad de fijar los elementos de gasto que corresponde a los gobiernos. A partir de ahí, el modelo relación CGJP-Ministerio de Justicia hizo complejo visualizar la verdadera responsabilidad sobre las políticas de justicia. A este problema primero y esencial se une, rápidamente, la «administración de la Administración de Justicia» y la transferencia de competencias material en el ámbito de la justicia convirtió el «modelo a tres «en algo llamado a resultar francamente inoperativo.

La estructuración material del servicio público resultó condicionante de la percepción de que el modelo de justicia no iba a producir el efecto constitucional. El tiempo ha demostrado que los gobiernos sucesivos no han sido capaces de diseñar un modelo de funcionamiento realmente convincente de la justicia y el papel del CGJP ha quedado muy mermado como consecuencia de la falta de proyección en las políticas generales de la materia.

Este efecto ha reconducido al CGPJ a sus aposentos naturales: la jueces y magistrados. La profesión se ha convertido, igualmente, en compleja. La sociedad se empeña en poner etiquetas al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales señalando a sus componentes y a su sedicente ideología como los elementos de las sentencias que dictan. Conviene recordar que se dictan miles de sentencias diarias, por miles de jueces y magistrados, cuya ideología no se conoce y, probablemente, no se conocerá nunca y que hacen su trabajo en términos de la máxima dignidad de la que son capaces.

Esta máxima dignidad está mediatizada, claro está, por el volumen de trabajo, por la capacidad de dedicación a un asunto, de estudio, de actualización. Hay pocas profesiones que alberguen tantos «forofos» de su profesión y de su actividad, pero es cierto que este entusiasmo se difumina con el tiempo y, sobre todo, con las condiciones de todo orden en la que prestan sus servicios.

Si a esto se le une una legislación motorizada, inconexa, falta de rigor y de poso jurídico que es una de las características de nuestra época el problema se vuelve más agudo que el relativo a la renovación del órgano de gobierno.

La función jurisdiccional exige conocimiento, madurez personal y tiempo, además, claro está de compromiso con la función que se desarrolla. El equilibrio entre ambas figuras determina un sistema aceptable o un sistema inaceptable.

Esto nos permite indicar que el olvido del servicio público de la justicia o, para decirlo más correctamente, la función constitucional de la justicia va más allá del desprecio que estamos viviendo a su órgano de gobierno.

El problema central es que las políticas de justicia tienen un escaso reconocimiento social frente a la realización de infraestructuras o el establecimiento de un marco prestacional ante las necesidades públicas. En justicia todo puede esperar sin que el verdadero consenso opere en algún momento: la prioridad de la justicia, de sus medios, de sus profesionales, de su organización. El proceso de modernización de la justicia, de sus técnicas de gestión y de funcionamiento está tan atrasado que, hoy, aproximarse a los órganos jurisdiccionales es retroceder muchos años en la gestión cotidiana de otros servicios públicos y, desde luego, de la forma de gestión empresarial. No se trata, claro está, de establecer mimetismos absurdos, pero sí de indicar que la ausencia de modelos organizativos, de transformación de las pautas de actuación y de comportamiento afecta al elemento estructural de la función, afecta a sus profesionales, a su motivación y capacidad de sobrevivir en un caos nada menor.

Lo que se ha puesto de manifiesto estos días es, sin duda, grave, porque hace visual un problema más grave: el abandono del servicio, el escaso interés que los gobiernos y los políticos, en general, tienen hacía esta función y hacía quienes sirven en la misma, pero, también, a quienes utilizan este servicio para resolver los conflictos personales y sociales que les afectan cada día.

Todos estamos comprometidos con una transformación que empieza con el órgano de Gobierno pero que no acaba ahí. Pensar que todo se arregla con una nueva composición del CGPJ es no entender el verdadero calado del problema planteado. ■