nº 990 - 24 de noviembre de 2022
Memoria y democracia. Entre la necesidad del recuerdo y la tentación del olvido
(Sobre la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática)
J&F
A nadie le gusta recordar los errores que ha cometido. Las personas tendemos, por nuestra propia naturaleza, a tener memoria selectiva, y no tanto por escoger entre aquellas experiencias que nos puedan resultar útiles como por no recordar aquellas situaciones que no nos resultan tan agradables de evocar.
Percepciones y sentimientos individuales que, integrados en una sociedad, nos sitúan en eso que se ha dado en llamar memoria colectiva. Y el problema es el de objetivar los pensamientos y los sentimientos subjetivos. Para eso está la historia, como «disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados» o como «conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo o de una nación», acepciones, ambas, en nuestro diccionario.
Y si asumir los errores cometidos por nosotros mismos es una labor ya de por sí difícil, qué decir de los errores cometidos por los que nos precedieron en el tiempo, en la historia de nuestra sociedad. Ahí la tentación de ignorar se convierte en un arte, el de olvidar.
Y es que, en tiempos caracterizados por falta de ideología y liderazgo, momentos en los que todo vale y nada es cierto, resulta preciso asirse a realidades conceptuales, por difusas que estas sean. Es el caso del primero de los preceptos de nuestra actual Constitución (que con sus cuarenta y cuatro años de vigencia de ha convertido en la más longeva y estable de nuestra historia) en el que se afirma que somos un Estado social y democrático de Derecho. Porque la Constitución es, y tiene que seguir siendo, nuestro punto de encuentro, como bastión de nuestra lucha permanente por la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, principios que son, y tienen que ser, los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico.
Porque una cosa es continuar la historia y otra repetirla (Benavente). Y porque la historia se repite, y ese es uno de los errores de la historia (Darwin).
Y si no podemos (debemos) dejar caer en el olvido los errores cometidos a lo largo de la historia menos aún los horrores. Porque solo si los asumimos (errores y horrores del pasado) como propios y los integramos en nuestras vivencias colectivas podremos evitar que se repitan.
Porque la historia la escriben los vencedores. Y eso es un problema. Lo que hace necesario capitalizar (poner en valor, que dirían los modernos) esos errores del pasado. Destruirlos, ignorarlos no es la solución, porque «el olvido no es opción para una democracia».
La Ley que ahora se promulga, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, viene a reemplazar a la anterior Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, norma más conocida como Ley de Memoria Histórica.
Término, el de la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática, que el artículo 1.1 de la propia Ley entiende «como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales».
La norma gira sobre las víctimas de una época oscura, la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista (a las que se dedican los artículo 3 a 9), y el deber de memoria «con el objeto de preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo, las administraciones públicas desarrollarán todas aquellas medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, puedan volver a repetirse». Porque como recuerda el propio Preámbulo de la Ley «la Resolución del Parlamento Europeo de 2 de abril de 2009 ha puesto de relieve la firme voluntad de construir una sólida identidad común europea en torno a los valores democráticos y contra toda forma de totalitarismo, así como la importancia de honrar a las víctimas que se opusieron a toda forma de dictadura, y la importancia para el futuro de Europa de mantener viva la memoria del pasado, puesto que no puede haber reconciliación sin verdad y sin memoria».
Memoria Democrática que tiene entre sus misiones las del reconocimiento general, la de la reparación moral y la de afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado, lo que se concreta el derecho de las víctimas a la verdad (artículo 15), tanto en su vertiente de localización e identificación de personas desaparecidas (artículos 16 a 24 de la Ley), como en la de conservar, adquirir, hacer accesibles y difundir adecuadamente los fondos documentales y bibliográficos acumulados entre 1937 y 1977 incluidos en el Archivo general de la Guerra Civil (artículos 25 a 27).
Deber de Memoria Democrática que se materializa en elementos tangibles como son (en perspectiva negativa) los símbolos y elementos, que habrán de ser catalogados (artículo 36) para ser retirados, eliminados (artículo 37) o resignificados, y actos contrarios a la memoria democrática, que deberán ser evitados y, en caso de celebración, ser puestos en conocimiento del ministerio Fiscal (artículo 38).
Lo que nos sitúa en la determinación de espacios físicos que merezcan la consideración de lugares de memoria democrática, espacios que habrá que catalogar, proteger y difundir (artículos 51 a 53).
Especial relevancia adquieren en ese sentido la resignificación del, hasta ahora, Valle de los Caídos, que pasa a denominarse Valle de Cuelgamuros, y del Panteón de España que pasa a llamarse Panteón de Hombres Ilustres.
Resulta necesario afrontar nuestro pasado (con sus errores y sus horrores) y esto, lo de la Memoria democrática, gustará más o menos, pero no se trata de eso, porque como ya hemos dicho, como dice la Ley, el olvido no es opción para una democracia. ■