nº 992 - 26 de enero de 2023
Conde-Pumpido accede a la presidencia de una Corte de Garantías de signo progresista
Actualidad Jurídica Aranzadi
La nueva configuración del Tribunal Constitucional está formada en esta nueva etapa por siete magistrados del bloque progresista frente a cuatro del conservador
Los nueve magistrados tienen encima de la mesa una importante relación de asuntos pendientes de resolución
Cándido-Conde Pumpido, nuevo presidente del TC e Inmaculada Montalbán Huertas, vicepresidenta
El pasado 11 de enero el Pleno del Tribunal Constitucional eligió como presidente a Cándido Conde-Pumpido Tourón y vicepresidenta a Inmaculada Montalbán Huertas, poniéndose así fin al bloqueo en su renovación en el que se encontraba el Tribunal de Garantías. Fue posible gracias a que, después de varios intentos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligiera finalmente a sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional (TC) y así puso fin a una de las crisis institucionales que desde años rodean al ámbito de las Justicia. Los seleccionados por el órgano rector de los jueces fueron María Luisa Segoviano y César Tolosa, presidentes de la Sala del Tribunal Supremo (TS).
El que fuera también Fiscal general durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido (accede a CV a través de este enlace), obtuvo el apoyo mayoritario de sus compañeros (seis votos frente a cinco), lo que le permitió imponerse a la catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer. La Presidencia del Tribunal Constitucional es un cargo de especial relevancia institucional y su acción es clave en la forma de actuar del órgano, ya que quien lo ostenta ordena los debates y controla los tiempos de resolución de los asuntos al ser el responsable de convocar los Plenos y del contenido de su orden del día.
Hasta ahora, en el Constitucional figuraban seis magistrados del bloque conservador y cinco del progresista. La nueva configuración del Tribunal Constitucional está formada en esta nueva etapa por siete magistrados del bloque progresista frente a cuatro del conservador:
Magistrados progresistas
– Cándido Conde-Pumpido Tourón (presidente)
– Inmaculada Montalbán Huertas (vicepresidenta)
– María Luisa Balaguer Callejón
– Ramón Sáez Valcárcel
– María Luisa Segoviano Astaburuaga
– Juan Carlos Campo Moreno
– Laura Díez Bueso Progresista
Magistrados conservadores
– Ricardo Enríquez Sancho
– Enrique Arnaldo Alcubilla
– Concepción Espejel Jorquera
– César Tolosa Tribiño
Como hemos adelantado, el desbloqueo definitivo tuvo lugar el pasado 27 de diciembre, cuando el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó finalmente y por unanimidad designar como nuevos miembros del Tribunal Constitucional al presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el magistrado César Tolosa, y a la magistrada María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala Cuarta del Alto Tribunal hasta su jubilación el pasado 20 de octubre. En el momento de la votación, los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez manifestaron que renunciaban al candidato que habían propuesto, el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, «por sentido institucional».
En cuanto a la votación del Pleno del TC para elegir al sustituto de Pedro José González-Trevijano, en la primera votación Conde-Pumpido obtuvo seis votos (el suyo propio y el de otros cinco magistrados progresistas, incluido el de María Luisa Segoviano, voto que fue finalmente decisivo). Se da la circunstancia de que los cuatro magistrados conservadores apoyaron la candidatura de la progresista María Luisa Balaguer, quien además se votó a sí misma. Ante su situación de minoría, los conservadores querían así evitar al menos que Conde-Pumpido alcanzara la presidencia, lo que no fue posible por el voto de Segoviano, cuyo sentido fue una incógnita hasta el último momento. Quien fuera presidenta de la Sala Segunda del Tribuna Supremo hasta el pasado mes de octubre, es una experta en igualdad y defensora de instaurar la paridad, por lo que no se descartaba que votara por la opción de Balaguer. De hecho, numerosas fuentes apuntan a que la decisión del conservador Pleno del CGPJ de aceptar la candidatura de Segoviano como magistrada del TC, tenía por objeto inclinar la balanza a favor de Balaguer.
Una importante relación de asuntos pendientes
En su recién estrenada etapa, los nueve magistrados de la Corte de Garantías tienen encima de la mesa una importante relación de asuntos pendientes de resolución.
De entre todos ellos destaca el recurso que el Partido Popular presentó en 2010 contra la ley del aborto, recurso al que con posterioridad se sumó otro presentado por Vox contra la ley que prohíbe las manifestaciones frente a las clínicas en las que se practica la interrupción voluntaria del embarazo.
Destacan también dos recursos contra sendas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La primera, de marzo de 2021, para prohibir que un CGPJ caducado –como el actual– pueda hacer nombramientos discrecionales en los altos tribunales, una limitación que ha llevado a varias salas del Tribunal Supremo al borde del colapso por la imposibilidad de cubrir las vacantes surgidas desde entonces. La segunda, el recurso presentado por el PP contra la contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada el pasado julio que devuelve al Consejo General del Poder Judicial en funciones su poder para designar a los dos magistrados que le corresponde en el propio Constitucional.
Otro de los asuntos pendientes emana del recurso presentado por el Partido Popular y Ciudadanos el pasado mes de septiembre, y que el TC admitió a trámite, contra las dos normas –una ley y un decreto ley del Govern– que la Generalitat impulsó con carácter de urgencia para eludir la aplicación de la sentencia que obliga a considerar el castellano como lengua vehicular. Vox también recurrió pero su impugnación no se admitió a trámite por un defecto formal.
Destacan además los recursos admitidos de Vox y PP contra la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá. En el plano social, la Corte de Garantías admitió también los recursos del PP y Vox contra la ley que regula la eutanasia. ■