nº 992 - 26 de enero de 2023
Medios materiales
Avanza la implantación de la Oficina de Justicia en los municipios y del nuevo modelo de Registro Civil
Durante el último semestre de 2022 el Ministerio de Justicia ha dado un impulso a la implantación de las Oficinas de Justicia en los municipios (OJM) para hacer una Justicia más próxima, sostenible y digital. Estas oficinas, cuya fase piloto se ha puesto en marcha en Tarazona de la Mancha y en Formentera, abrirán una puerta al Servicio Público de Justicia en los municipios que las acogerán, con un catálogo de servicios que multiplicarán los de los actuales juzgados de paz.
La OJM es una de las tres figuras que, junto a los Tribunales de Instancia y la Oficina Judicial, sustentan el proceso de transformación organizativa del Servicio Público de Justicia, gracias a la implicación y cogobernanza entre el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas (CCAA), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En este segundo semestre, el Ministerio de Justicia destaca que se ha avanzado en el impulso de las leyes de eficiencia: el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia que, junto a las leyes de eficiencia organizativa y digital, la ley de eficiencia procesal «suponen un impulso para avanzar en el proyecto país, favoreciendo, mediante la modernización de la Justicia, la cohesión social, económica, territorial y digital».
Registro Civil
Por otro lado, durante este periodo (segundo semestre de 2002), el nuevo modelo de Registro Civil ha continuado con su implantación, habiendo llegado ya a los partidos judiciales de Molina de Segura (Murcia), Bilbao, Cartagena, y a las Oficinas Generales del Registro Civil de Madrid, Barcelona, Murcia y Tarragona. El nuevo modelo del Registro Civil ha sido configurado con el objetivo de mejorar la eficiencia de este servicio público y ahorrar trámites y tiempos a la ciudadanía, «a la que se le liberará de la carga de actuaciones presenciales en el Registro, en particular en lo relativo a la aportación de certificaciones». ■