nº 993 - 23 de febrero de 2023
Amplio seguimiento de la huelga convocada por los LAJs
Actualidad Jurídica Aranzadi
A principios de este mes el paro de los antes conocidos como secretarios judiciales había ocasionado la suspensión de 100.000 juicios y vistas
Llop solicitó los Letrados de la Administración de Justicia que «huyan de posiciones maximalistas» para llegar a un acuerdo
El CGAE emplazó a ambas partes «a poner fin al daño desproporcionado a la ciudadanía»
Al cierre de esta edición seguía activa la huelga que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) tienen convocada desde el pasado 24 de enero. A fecha de 9 de febrero se estimaba, siempre según los LAJs, que el paro de los antes conocidos como secretarios judiciales había ocasionado la suspensión de 100.000 juicios y vistas. La convocatoria cuenta con el apoyo del Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), y Asociación Independiente de letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).
El motivo de la huelga es el «quebrantamiento reiterado, por parte del Ministerio de Justicia, de los acuerdos comprometidos, desde abril de 2022, con las asociaciones» de LAJs. Entre otras reivindicaciones, critican dilación injustificada de la tramitación de la reforma de los Decretos de retribución de los Letrados de Justicia; en la presentación de la enmienda de enganche retributivo a Jueces y Fiscales en el Proyecto Ley Eficiencia Organizativa; en la presentación y aprobación del Estatuto Orgánico de los Letrados Judiciales; en la aprobado la normativa reguladora de las sustituciones que permitirá ahorrar 14 millones de euros de las arcas públicas… Afirman además que no se han abonado las sustituciones de los últimos meses del año 2022 –cuando excedían los máximos de los planes de actualización– al ser incapaces de sacar a tiempo el Decreto de Sustituciones que se anuló por defectos formales cometidos por el propio Ministerio.
Reprochan además que hasta ahora no se haya introducido una enmienda transaccional a la Ley de Eficiencia Organizativa para que «las retribuciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo».
Según los convocantes, el seguimiento del paro se ha venido manteniendo levemente por encima del 80 %. Solo en Madrid a principios de este mes se acumulaban más 12.000 juicios y vistas suspendidas y de 18.000 demandas paradas pendientes de reparto y la cuenta de consignaciones judiciales permanecía bloqueada. Los convocantes añadieron además que la actividad en los juzgados se había reducido en más de un 60 %, y no que no era superior porque que se estaban cumpliendo con total responsabilidad los servicios mínimos. Indicaron además que «para recuperar la demora ocasionada por las primeras dos semanas de huelga, se requerirían al menos cuatro meses de trabajo».
Por su parte, desde el Ministerio de Justicia su titular, Pilar Llop, solicitó a los LAJs «que huyan de posiciones maximalistas para llegar a un acuerdo». La ministra señaló que su ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJs y recordó que estos funcionarios son un componente importantísimo dentro del buen funcionamiento del trabajo de los juzgados.
Sin embargo, las posturas entre ambas partes se vieron aún más enfrentadas a raíz de unas declaraciones de la ministra, en las que afirmó que no sabía el dato de revisiones de condenas por la ley del solo sí es sí porque los LAJs no las estaban anotando. Ante dichas declaraciones, los LAJs solicitaron a Pedro Sánchez la destitución de la ministra «por mentir vergonzosamente».
Comunicado crítico del CGAE
En relación con la huelga que están llevando a cabo los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), el pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en su reunión del 3 de febrero, afirmaba lo siguiente:
– Todos los trabajadores y profesionales tienen derecho a ejercer la huelga en reclamación de los derechos o contraprestaciones que consideren justos. No obstante, tanto el Ministerio de Justicia como los propios convocantes tienen la obligación de continuar las conversaciones para alcanzar lo antes posible un acuerdo que ponga fin al daño desproporcionado al que está siendo sometida la ciudadanía y permita a los juzgados recuperar su actividad en condiciones de normalidad.
– El ejercicio del derecho de huelga por parte de los LAJs está perjudicando seriamente el funcionamiento de los juzgados y tribunales, causando la suspensión de miles de vistas y haciendo perder a los implicados en las mismas decenas de miles de horas. La Abogacía considera que la materialización de este ejercicio no debe menoscabar otros como el derecho de defensa y el derecho de acceso a la justicia, especialmente en los casos de mayor urgencia o en los que se vean involucradas personas en situación de vulnerabilidad.
– Los actos asociados a la huelga no pueden tener como cometido causar el mayor daño posible a los derechos de la ciudadanía, sino mostrar a la otra parte el malestar por la situación y la necesidad de modificarla. Suspender los actos judiciales ya supone en sí mismo un daño severo al funcionamiento de la Justicia, pero obligar a los profesionales y a los justiciables a malgastar miles de horas en acudir a señalamientos que en ocasiones los convocantes saben con anticipación que no se celebrarán supone un injusto castigo adicional a quienes ya antes de que comenzase la huelga eran los principales perjudicados del colapso de los juzgados y tribunales.
– Por todo ello, mientras continúa la huelga, la Abogacía demanda a los LAJs que, en aras a limitar los perjuicios que se causa a los justiciables, notifiquen con suficiente anticipación a las partes implicadas en señalamientos la suspensión de los mismos independientemente de las causas. ■