nº 993 - 23 de febrero de 2023
«La protección del compañero debe ser una obligación para cualquier colegio e ir más allá del amparo colegial»
José Soriano Poves. Decano del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV)
«El ICAV debe regresar al lugar que le corresponde y volver a ser, como lo fuera en su día, referencia»
«Debemos poner en valor la figura del abogado, de su función social y de su necesaria presencia»
«No dar la formación adecuada puede repercutir directamente en una forma de defender complicada, y, por tanto, tal vez en una responsabilidad deontológica»
Como ya comentamos en el pasado número 992 de la revista Actualidad Jurídica Aranzadi, el inicio de 2023 ha empezado con relevos al frente de los máximos órganos de dirección de varios colegios de la abogacía. Entre estos colegios se encuentra el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), cuyo decanato es ocupado ahora por José Soriano Poves. Abogado especializado en Derecho de familia, Soriano ha estado siempre muy vinculado al Colegio de Abogados de Valencia, llegando a ser diputado y secretario de la Junta de gobierno a lo largo de tres decanatos diferentes, además de ser secretario del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Hablamos con el nuevo decano del ICAV para pulsar sus primeras semanas al frente de la institución y conocer cómo va a articular los ejes en los que vertebrará su mandato.
Después de menos de un mes al frente del colegio ¿cómo ve materializar lo que prometió en campaña?
Puedo decir que falta hacer todo, o casi todo. Ya estamos abordando el tema de la cuota colegial, el de la formación y el de la participación y solución definitiva a la forma de votar en las elecciones a Junta de Gobierno. Estamos trabajado, toda la Junta de Gobierno sin pausa, con una media de una junta cada cinco días, circunstancia que no es algo que suceda habitualmente en el colegio. Desde luego el objetivo, en resumen, no es más, ni puede ser menos, que cumplir con lo prometido.
¿Qué objetivos se marca esta nueva Junta de gobierno?
Al margen de esos objetivos en relación a la cuota, formación y participación, existe ese objetivo de resolver la definitiva protección del compañero, una protección que va más allá del amparo colegial: la defensa de la defensa.
Debe ser una obligación para el colegio proteger a aquel que protege de esas continuas y perpetuas faltas de respeto hacia nuestro ejercicio profesional diario.
Todo ello debe resolverse también no solo desde esas genéricas comisiones de relaciones con la Administración de justicia sino desde la creación y desarrollo de una comisión que tenga relación con el resto de las administraciones buscando que su colegio, ese que pagan, esté a su lado cuando lo puedan necesitar, de forma inmediata y efectiva.
Junto a ello hay que defender y proteger a la nueva abogacía, a los abogados senior, al resto de compañeros, a los abogados del turno de oficio y también a los no ejercientes.
¿Cómo describiría la situación de los colegios de la abogacía en España?
Llevamos tiempo perdiendo presencia del colegio en la sociedad civil y hay que recuperar esa posición para recuperar, junto a ello, el papel esencial del abogado en esa sociedad.
Si los colegios vuelven a recuperar y reivindicar su posición sus colegiados serán respetados.
Debemos poner en valor la figura del abogado, de su función social y de su necesaria presencia, ante las continuas y perpetuas faltas de respeto a nuestra labor diaria.
También en relación a esas decisiones legislativas que, sin acierto, se vienen resolviendo y que no cuentan, en ningún caso, con la opinión y participación de aquellos que mejor conocen, por aplicarla y ejercerla a diario, la norma.
El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, en particular, debe regresar al lugar que le corresponde y volver a ser, como lo fuera en su día, referencia.
Habla de una formación gratuita ¿esto se puede sostener desde un colegio profesional?
Hay dos servicios fundamentales de cualquier colegio que son formación y deontología. Es decir, si tiene algún sentido una corporación es para ordenar el ejercicio de la profesión y para formar a sus colegiados. Una sin la otra, no existen.
Existen muchos problemas ahora mismo para atender el pago de la formación por parte de los compañeros, y si esa formación no se da, repercute directamente en una forma de defender complicada, y, por tanto, tal vez en una responsabilidad deontológica.
El departamento de formación tiene como finalidad formar, enseñar y actualizar conocimientos y no tiene como objetivo, como decía, dar unos resultados económicos positivos.
No es la función colegial obtener rendimientos, sino formar, ordenar y proteger a los suyos.
La formación inicial y continua pueden, y deben ser, gratuitas.
La mediación también es uno de los puntos en los que quiere trabajar.
El recurso a la mediación y la figura del mediador son fundamentales en esta perpetua cultura del conflicto en la que nos encontramos a diario. Hay que reivindicar la figura del mediador y, en su consecuencia, dignificar y resolver la retribución del mediador por su papel fundamental en el desarrollo de esa cultura de la paz que vaya apartando los conflictos de los tribunales, buscando esa justicia más rápida, sensata, próxima al conflicto y a las partes en conflicto y económica, en tiempo y costes económicos. ■