nº 994 - 30 de marzo de 2023
Los precios de transferencia como herramienta de planificación fiscal
Paula Martín. Responsable de precios de transferencia del despacho Bird & Bird
Las estrategias de planificación fiscal empresarial se centran en los precios de transferencia y la valoración empresarial como método de optimización
La documentación de precios de transferencia debe ser vista como la conclusión de un proceso creativo complejo cuya finalidad es optimizar la operativa de la empresa
Las empresas multinacionales desarrollan su actividad en un entorno cada vez más complejo. El creciente volumen y diversidad de las operaciones intragrupo y la normativa de precios de transferencia (TP), unido al aumento en la intensidad de las inspecciones tributarias a nivel global, han convertido los precios de transferencia en un aspecto fundamental de la gestión de riesgos y la estrategia de optimización integral de las multinacionales.
Si bien las leyes en materia de precios de transferencia puede que compartan características comunes en los distintos países, las interpretaciones pueden diferir de un país a otro. Las obligaciones sobre transacciones entre partes vinculadas forman parte esencial de la planificación fiscal para grupos internacionales, permitiendo utilizar los precios de transferencia como herramienta para reducir la carga fiscal global de una empresa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la planificación fiscal agresiva o la manipulación de los precios de transferencia puede ser considerada como evasión fiscal y puede tener consecuencias legales y financieras negativas. Para evitar problemas con las autoridades fiscales, las empresas deben asegurarse de que sus precios de transferencia sean coherentes con las normas internacionales y los requisitos locales. Esto implica realizar un análisis de comparabilidad para determinar los precios de mercado y mantener una documentación adecuada que respalde los precios de transferencia aplicados.
Normativa de precios de transferencia
Las normas sobre precios de transferencia tienen su origen en la Directiva de la OCDE y han sido desarrolladas en diferentes países de la Unión Europea con su consecuente implantación en cada uno de ellos. En España, los precios de transferencia están regulados por la Ley del Impuesto sobre Sociedades y su normativa de desarrollo.
En concreto, en el caso de España, las empresas están obligadas a documentar sus operaciones con empresas vinculadas situadas en otros países. La documentación incluye información detallada sobre las transacciones, el análisis de comparabilidad y los métodos de valoración utilizados para fijar los precios de transferencia.
En caso de incumplimiento de estas obligaciones, las empresas pueden enfrentar sanciones económicas y/o fiscales. Por lo tanto, es importante que las empresas con operaciones transfronterizas cumplan con los requisitos establecidos para los precios de transferencia en España.
Precios de transferencia como concepto global
Los precios de transferencia son precios fijados entre partes vinculadas en el intercambio de bienes o servicios. Según las normas vigentes, estas operaciones deben adecuarse a los precios que pactarían partes independientes. Este criterio establece que las operaciones vinculadas deben atender a las normas de un mercado competitivo donde no hay posibilidad de ganancias extraordinarias por medio del arbitraje; una circunstancia que en la normativa relativa a los precios de transferencia se define bajo el principio de plena competencia (arm’s length principle).
Las operaciones vinculadas son uno de los factores relevantes en la planificación fiscal de las empresas, especialmente, en el ámbito internacional. Estas operaciones representan el 60 % del comercio internacional. Sin embargo, este tipo de operaciones no son en sí mismas causantes de problemas fiscales. Su complejidad aparece cuando partes vinculadas establecen acuerdos que partes independientes no aceptarían y que son el resultado de una planificación fiscal agresiva con objetivos que superan el ámbito comercial y que persiguen la elusión o evasión fiscal.
Para entender el fenómeno en torno a las operaciones vinculadas es necesario tener en cuenta las conclusiones reflejadas por la OCDE en el proyecto BEPS realizado bajo la demanda del G20: «Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios». Según este proyecto, la interacción de las normas nacionales, la descoordinación de las normas internas de alcance transfronterizo, la escasez de datos y la falta de adaptación de las normas nacionales a la coyuntura empresarial son los principales causantes de la erosión de las bases imponibles. Estos factores, unidos a la relevancia en la economía de los activos intangibles y la digitalización, provocan que las Administraciones tengan serias dificultades para ejercer la potestad tributaria sobre determinados rendimientos empresariales.
Una de las principales consecuencias fiscales de la manipulación de las operaciones vinculadas es el traslado de beneficios. La práctica de este tipo de maniobras consigue deslocalizar los rendimientos empresariales de la jurisdicción en la que la actividad económica tiene lugar y trasladarlos a otra con una regulación fiscal, generalmente, más beneficiosa para los contribuyentes. Para llevar a cabo este traslado, las partes implicadas pactan operaciones con formas jurídicas corrientes –que tendrían lugar en un mercado competitivo entre partes independientes– y utilizan sus precios para canalizar los beneficios desde una jurisdicción a otra. Para conseguir este objetivo, las partes vinculadas acuerdan precios que partes independientes no aceptarían por no ajustarse a las fuerzas del mercado. Unos precios que benefician a una de las partes en detrimento de la otra pero que, desde el punto de vista del grupo o desde la perspectiva del conjunto vinculado, resultan fiscalmente rentable.
Además de la cuestión recaudatoria, la práctica de estas estrategias fiscales genera problemas de equidad tributaria, porque entidades localizadas en una misma jurisdicción están sometidas a una presión fiscal distinta; problemas de eficacia, por la incapacidad de los sistemas tributarios de limitar estas actuaciones; y problemas de reducción de la competitividad empresarial por cuestiones no estrictamente empresariales.
En conclusión, los precios de transferencia son una parte importante de la planificación fiscal internacional. Asegurarse de que los precios sean coherentes con las normas internacionales y los requisitos locales es esencial para evitar problemas con las autoridades fiscales y garantizar una carga fiscal justa y adecuada en cada país donde opera una empresa multinacional. ■