nº 995 - 27 de abril de 2023
La necesidad de refundar el sistema judicial
Alberto Palomar Olmeda. Profesor titular (A) de Derecho Administrativo. Magistrado de lo contencioso-administrativo (EV). Abogado
Aquí, como en la sanidad, la gente solo viene cuando hay problemas. No hay visitas de cortesía
La esencia de la transformación está en la eficacia. Necesitamos transformar el sistema y convertirlo en algo menos politizado y más profesional
La situación que se está viviendo en la Justicia en este momento de la vida social es ciertamente compleja. La falta de renovación del CGPJ, las amenazas –más o menos veladas de abandono colectivo con intención de bloquear definitivamente el órgano–, la no solución (parece que ahora sí hay un principio de acuerdo después de casi dos meses) y, la falta general e histórica de compromiso presupuestario, hace que el panorama y los diagnósticos sobre el funcionamiento de la Justicia no sean muy positivos, hasta el punto de que los economistas (Mora-Sanguineti) hayan llegado incluso a valorar «el coste de la injusticia».
Cuando esto ocurre es más evidente que tenemos un problema en el funcionamiento de uno de los servicios esenciales para los ciudadanos. Aquí, como en la sanidad, la gente solo viene cuando hay problemas. No hay visitas de cortesía. Es por esto que la necesidad de obtener una respuesta en tiempo razonable, con una ejecución que se sitúe, igualmente, en un término de razonabilidad es más que una muestra de buen funcionamiento. Es parte indisoluble del derecho a la tutela efectiva.
Es cierto, sin embargo, que el diagnóstico actual se aleja cada día más de este planteamiento. Los procesos se vuelven lentos, las soluciones tienen el nivel de dedicación del que los que las dictan disponen, la ejecución sigue siendo un proceso tortuoso y la credibilidad no crece. El problema es que, para muchos ciudadanos, no hay alternativa porque los sistemas privados de justicia son más caros y no accesibles para el conjunto de los asuntos. Esto hace que el ciudadano se vea en la obligación de acudir y soportar un funcionamiento que, en muchos casos, no es correcto.
El Estado y los agentes políticos se han preocupado poco de la Administración de la Justicia. El modelo es, ciertamente, complejo. La disociación entre los servicios autonómicos y los estatales y los estatales y los constitucionales (CGPJ) es artificial y, escasamente operativa. El coste de la cooperación es tan alto que su eficacia tiende a cero.
Esto ha generado un sistema que vive atónito. Profesionales, en todos los niveles, con escasas referencias de la ordenación del empleo y de la carrera, escasa atención y con la fuerte presión de satisfacer necesidades humanas urgentes.
Un cambio de organización y de gestión
A partir de aquí es preciso reclamar un cambio. Es probable que el modelo no pueda ser sustituido pero los parámetros de su gestión si admiten modificaciones y, sobre todo, mejora. Sin duda, el primero de los cambios debe venir del CGPJ. Es preciso dotarle de un estatus que le permita tener una credibilidad que, en este momento, está perdida. Su función está al servicio de la ordenación y la gestión de la política y no debe vincularse con intereses políticos. Habría que hacer un esfuerzo por conformar un órgano con vocación de servicio a la Justicia. Si eso es entre jueces o por sorteo –como llegó a sugerir Alejandro Nieto– es una cuestión de modelo, pero la finalidad es conseguir su condición de órgano al servicio de la justicia y de sus jueces y magistrados.
Es preciso replantearse la carrera judicial en términos de conseguir que sea una auténtica carrera con hitos horizontales de progreso que no condicionen el progreso a los ascensos discrecionales y de designación. Selección, carrera, evaluación del desempeño son elementos centrales en la concepción de un sistema que exige recuperar la legitimidad de la actuación.
La oficina judicial es un arcano. Está tan lejos de las modernas formas de gestión que su conversión en una parte del sistema del cambio está muy lejos de ser perceptible. La Justicia, como proceso de organización, necesita gestores, administradores y sistemas de gestión de los recursos existentes que sean eficaces. En pocas palabras, hay que liderar un cambio de organización y de gestión que responda a las necesidades de los ciudadanos.
La esencia de la transformación está en la eficacia. Necesitamos transformar el sistema y convertirlo en algo menos politizado y más profesional. Los asuntos que a diario ven y resuelven los jueces y tribunales son asuntos de legalidad no de modelo político. Esta visión, esta perspectiva, no puede ocultar la esencia del sistema que está pensado para satisfacer y resolver situaciones de crisis. La mayor parte de los profesionales de la Justicia se han perdido ya en el proceso. No se sabe quién es el culpable, el cómplice o el instigador del bloqueo. Lo más importante es que, además, muchos no quieren ni hacer ese análisis.
El servicio público de Justicia, el poder constitucional denominado Poder Judicial, precisa de un impulso y una transformación que se identifica con la necesidad de refundación. No valen los parches, no valen las soluciones de compromiso, necesitamos una reflexión profunda y un modelo estable, esperanzador y comprometido con la sociedad. Sin esto el modelo constitucional no estará definitivamente acabado y nuestra conformación como sociedad democrática se tambalea. ■