nº 995 - 27 de abril de 2023
Funcionarios de Justicia, jueces y fiscales toman el relevo a los LAJ en las reivindicaciones salariales
Actualidad Jurídica Aranzadi
CSIF, STAJ, CCOO y UGT reclaman una subida salarial y la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa
Los jueces reclaman que las mejoras retributivas estén acordadas antes del 30 de mayo de 2023
Las tres asociaciones profesionales de fiscales se suman a las reivindicaciones de los jueces y confeccionarán un calendario conjunto de medidas de presión
La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que se prolongó desde el 24 de enero hasta el pasado 29 de marzo, conllevó la suspensión de unos 400.000 juicios y vistas en toda España y la acumulación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y 1.500 millones de euros retenidos en exceso en las cuentas de consignaciones.
El fin del conflicto tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Justicia y los LAJ, no ha sido sin embargo más que un punto y seguido en las reivindicaciones de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. De hecho, fue el detonante para la apertura de otro conflicto ante el anuncio de los sindicatos (CSIF, STAJ, CCOO y UGT) de convocar una huelga indefinida de tres horas al día desde el 17 de abril para los 45.000 funcionarios de justicia del ministerio que dirige Pilar Llop.
Según datos recabados al cierre de esta edición, durante la primera jornada, el paro fue secundado por más del 80 % del personal y afectó a unas 700.000 actuaciones judiciales en todo el país, según han informado los sindicatos convocantes.
La conexión entre ambos desencuentros con Justica es directa: Los representantes de los funcionarios afirman que la convocatoria de la huelga «es la consecuencia de la nula voluntad por parte del Ministerio de Justicia de presentar a las organizaciones representantes de los trabajadores una oferta de subida salarial en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados y en línea con la aprobada para los letrados». Además, reclaman la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) que, según denuncian los sindicatos, impone nuevas condiciones laborales (destinos, horarios, retribución de funciones, etc.) sin previa negociación.
En una reciente nota de prensa, CSIF, el sindicato mayoritario en Justicia, recordaba que «el propio Ministerio que dirige Pilar Llop ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un Cuerpo –como ha sucedido en el caso de los letrados– tiene repercusiones en el resto de las carreras, cuerpos, categorías, etc.».
Cabe recordar que el Ejecutivo se ha comprometido a subidas salariales de hasta 450 euros al mes para los LAJ. La principal reivindicación de los letrados judiciales era la conocida como cláusula de enganche, una medida por la que su sueldo se referenciaría al de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85 % respecto a estos dos colectivos. Finalmente, los LAJ han renunciado a esta exigencia y, a cambio, se realizará una subida paulatina de entre 430 y 450 euros brutos mensuales en sus sueldos, que, según Justicia, se sitúan en estos momentos entre los 40.000 y los 60.000 euros al año. Además, las asociaciones de jueces rechazaban la pretensión de los letrados de asimilar sus retribuciones a las de la carrera judicial.
En este sentido, los sindicatos convocantes añaden que «debe producirse una subida en las cuantías que recibe el resto del personal. Solo falta que el Ministerio actúe en consecuencia». Además, la huelga del colectivo de letrados «ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los Tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia».
Los jueces y los fiscales también reclaman subidas salariales
Tras la reunión mantenida con el Ministerio el pasado 30 de marzo, las cuatro asociaciones judiciales (APM, AJFV, JJpD y FJI), emitieron una nota conjunta en la que calificaron dicho encuentro de «decepcionante». El objetivo de la reunión consistía, fundamentalmente, en dar continuidad a los trabajos desarrollados durante el año 2022 preparatorios de la Mesa de Retribuciones. Afirmaban que «después de un año trabajando con este equipo ministerial por la mejora de las condiciones profesionales de la Carrera Judicial, nos encontramos con que el Ministerio de Justicia no ha sido siquiera capaz de concretar una fecha para la celebración de la Mesa de Retribuciones, único instrumento legal previsto para tal fin y en el que debe estar presente el Ministerio de Hacienda».
No obstante, sí se consiguió un compromiso consistente en que la Mesa de Retribuciones se celebrará antes del día 10 de mayo de 2023. Los representantes de los jueces trasladaron al Ministerio que las mejoras retributivas para la Carrera Judicial «deben estar acordadas antes del 30 de mayo de 2023». Por su parte, el Ministerio de Justicia se ha comprometido a realizar trabajos previos con el Ministerio de Hacienda. «A la vista de los precedentes y ante la falta de propuestas concretas, las asociaciones firmantes comenzamos a confeccionar, desde este momento, un calendario de medidas de presión del que se os dará debida cuenta», concluyen sin hacer una mención expresa a una convocatoria de huelga.
La Mesa de retribuciones es un órgano que se reúne cada cinco años para revisar los salarios de jueces y fiscales, tal y como recoge la Ley 15/2003 de retribuciones de las carreras judicial y fiscal.
Por su parte, las tres asociaciones profesionales de fiscales se suman a las reivindicaciones de los jueces y confeccionarán un calendario conjunto de medidas de presión para reclamar subidas salariales tras mantener el pasado martes 4 de abril una reunión con el Ministerio de Justicia. Así lo anunciaron en dos comunicados diferentes la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), por un lado, y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), por otro. La reunión fue «desalentadora», según la AF y la UPF, porque no se avanzó en «ninguna de las propuestas» presentadas ni en las «reclamaciones» de «mejora de las condiciones profesionales» de los fiscales.
Y por, ultimo, los letrados del Turno de Oficio
Al margen del cuerpo de funcionarios, pero también en el ámbito de las Justicia, la Plataforma del Turno de Oficio, compuesta por diversas asociaciones de abogados, ha convocado una concentración frente al Congreso de los Diputados el 27 de abril. El objeto de la concentración será reivindicar la imperiosa necesidad de mejorar la situación de los abogados del Turno de Oficio a través de 12 puntos clave:
– Remuneración digna y suficiente del servicio asistencia gratuita.
– Modificación del artículo 30 de la Ley de asistencia gratuita.
– Remuneración de todo el trabajo realizado.
– Abono de las designaciones para la defensa de personas jurídicas.
– Actualización de los baremos conforme al IPC.
– Obligación de todas las administraciones de habilitar una partida presupuestaria destinada al pago de los letrados del turno de oficio.
– Derecho a la conciliación.
– Reconocimiento de la dificultad para el acceso a la justicia gratuita a personas y familias con rentas bajas por criterios económicos.
– Reconocimiento de la condición de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
– Derecho a la desconexión digital y al descanso.
– Reducción de carga burocrática.
– Instauración de campañas de sensibilización frente al colectivo.
La manifestación ante la Cámara Baja ha sido convocada por una plataforma que engloba a AJAI, Ajato Jaén, Ajusto Sevilla, Altodo, Ahora Abogacía, Asato Toledo, ATOIB Baleares, la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio CEAT, Defenda, el Foro de Abogados Independientes de Granada, Iusta Causa Córdoba, Otrosí Albacete, Red de Abogados y Abogadas de España y Zaturno Zaragoza y el Sindicato de Abogados. ■