nº 996 - 25 de mayo de 2023
Mediación y agenda legal: tendencias y desafíos de la abogacía para una justicia moderna y eficiente en España
Carles Garcia Roqueta. Diputado y responsable del Área de Mediación del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)
Es importante destacar que la abogacía debe adaptarse a las nuevas demandas sociales y promover una cultura del pacto en la resolución de conflictos
La elección del método más adecuado para resolver un conflicto, ya sea a través de la vía judicial o mediante acuerdos entre las partes, supone un avance cualitativo tanto para la justicia como para la ciudadanía
Hoy, más que nunca, podemos decir que en la agenda de la abogacía existe un desafío clave en su papel como garante de una justicia adecuada, no siempre judicializada y moderna. En este sentido, la implementación de la mediación y otras formas de resolución de conflictos no judiciales se erige como una oportunidad para fortalecer la profesión y satisfacer las demandas derivadas de la ciudadanía, que al fin y al cabo, es a quien nos debemos.
Venimos de un XIII Congreso Nacional de la Abogacía, el cual se ha presentado como un escenario idóneo para abordar esta cuestión, donde los profesionales del derecho han tenido la oportunidad de reflexionar sobre el futuro de la profesión y su adaptación a los cambios que se están produciendo en la sociedad. Tan solo con el título y mensaje del XIII Congreso teníamos suficiente, «Por una cultura del acuerdo».
Este congreso nos ha aproximado a ponencias y materias tan diversas como necesarias, entre las que hemos podido ver la importancia y evolución de la mediación sanitaria en Cataluña a través de la Sociedad Catalana de Mediación en Salud, la introducción de la mediación dentro del ámbito tributario, así como la importancia que está adoptando la abogacía colaborativa como referente en la asunción de los acuerdos. Al fin y al cabo, estamos hablando de una negociación integradora en el conflicto.
Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal (PLEP)
Una de las propuestas legislativas que destaca en este contexto es el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal (PLEP), el cual reconoce la importancia de la mediación y otros medios de gestión de conflictos como alternativas viables para la resolución de controversias. Se nos plantea la posibilidad de que la mediación se convierta en un requisito previo para acceder a la jurisdicción, reconociendo así su eficacia y su capacidad para proporcionar soluciones consensuadas. Debemos estar preparados y tomar conciencia de ello.
La garantía de acceso a la justicia para los ciudadanos va más allá del ámbito judicial y requiere que el sistema ofrezca opciones diversas para la gestión de las controversias. La elección del método más adecuado para resolver un conflicto, ya sea a través de la vía judicial o mediante acuerdos entre las partes, supone un avance cualitativo tanto para la justicia como para la ciudadanía. La abogacía desempeña un papel fundamental como prescriptora de la vía más adecuada, negociadora, conciliadora y como no mediadora, contribuyendo a la pacificación social y aportando valor en la búsqueda de soluciones consensuadas.
Es importante destacar que la abogacía debe adaptarse a las nuevas demandas sociales y promover una cultura del pacto en la resolución de conflictos. El uso de vías flexibles, dialogadas y modernas para la prestación de servicios legales, como la mediación, el arbitraje o la conciliación, se convierte en una alternativa eficiente y menos costosa en tiempo y recursos. Esto implica abandonar el enfoque exclusivamente adversarial y promover opciones que satisfagan las necesidades de las partes involucradas, proporcionando una tutela efectiva y ágil de sus intereses.
La agilidad en la administración de justicia es un aspecto crucial, especialmente en un contexto de acumulación de casos y demoras ocasionadas por diversos factores, como la pandemia o actualmente las consecutivas huelgas a las que la ciudadanía y la abogacía han estado y están expuestas. La demora en la tramitación de los procedimientos genera frustración en la ciudadanía y socava la confianza en el sistema de justicia. En este sentido, el recurso a vías no judiciales de resolución de conflictos se presenta como una recomendación para hacer frente a la acumulación y a los retrasos, garantizando una tutela judicial efectiva y ágil.
Para llevar a cabo esta transformación, es necesario que los colegios de la abogacía impulsen medidas que fomenten el conocimiento y la utilización de la mediación y otras vías de resolución de conflictos entre los profesionales del derecho. Esta actualización de la profesión se alinea con las tendencias legislativas y sociales, promoviendo la transparencia, la modernización y una mayor adecuación a las necesidades y expectativas de la sociedad.
Es fundamental que la abogacía asuma su responsabilidad de brindar opciones y alternativas, al uso, frente a la vía judicial, actuando como facilitadora y mediadora en la gestión de los intereses y la resolución de controversias. Esto implica un cambio de paradigma, alejándose de un enfoque puramente litigioso y fomentando el diálogo, la negociación y el consenso como herramientas esenciales para alcanzar soluciones satisfactorias.
La cultura del pacto se revela como un objetivo primordial para las corporaciones profesionales, sobre todo en un contexto en el que los negocios y las relaciones personales se desarrollan cada vez más a nivel internacional. Es necesario adaptarse a las nuevas dinámicas y promover el uso de vías flexibles y modernas en la prestación de servicios legales, evitando procesos judiciales costosos y prolongados.
Resulta relevante tener en cuenta los datos que reflejan la insatisfacción de la ciudadanía respecto al funcionamiento de la justicia. Las quejas y reclamaciones presentadas muestran un aumento constante, especialmente en relación con los retrasos en la tramitación de los asuntos y la falta de información y trato respetuoso recibido. Estas circunstancias evidencian la necesidad de actuar y buscar soluciones efectivas para garantizar una administración de justicia eficiente y transparente.
En este sentido, el informe de la Unión Europea sobre la Justicia destaca la importancia de promover el uso voluntario de vías alternativas de resolución de conflictos, como la mediación. Aunque en España todavía existen limitaciones en este ámbito, es necesario promover incentivos específicos y ampliar su aplicación en diferentes áreas.
Una oportunidad única para la abogacía
En conclusión, la abogacía se encuentra ante una oportunidad única para preservar su papel como garante de una justicia adecuada y moderna. La implementación de la mediación y otras formas de resolución de conflictos no judiciales, así como la promoción de una cultura del pacto, son aspectos fundamentales para adaptarse a las demandas de la sociedad y consolidar la confianza en el sistema de justicia. Algo que merece nuestra ciudadanía. Es necesario que los colegios de la abogacía impulsen medidas en este sentido, promoviendo la formación y el uso de vías alternativas para la gestión de controversias. De esta manera, la abogacía estará a la altura de los desafíos actuales y contribuirá de manera efectiva a una justicia accesible, eficiente y satisfactoria para todos los ciudadanos.
Hoy, más que nunca, podemos decir que en la agenda de la abogacía existe un desafío clave en su papel como garante de una justicia adecuada, no siempre judicializada y moderna. En este sentido, la implementación de la mediación y otras formas de resolución de conflictos no judiciales se erige como una oportunidad para fortalecer la profesión y satisfacer las demandas de la ciudadanía que, al fin y al cabo, es a quien nos debemos. ■