nº 997 - 29 de junio de 2023
La eficiencia de la Justicia para combatir sus deficiencias
José R. Chaves. Magistrado
El apagón regulador será más sensible dada la rápida sucesión temporal de elecciones locales, autonómicas y estatales
Desde el punto de vista de los jueces y los abogados, no se percibe gran confianza en las futuras reformas de la Justicia
Al margen de cualquier ideología, la reciente disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones provoca la caducidad de los proyectos legislativos en tramitación. El apagón regulador será más sensible dada la rápida sucesión temporal de elecciones locales, autonómicas y estatales.
En el ámbito estatal y autonómico, los proyectos de ley que no vieron la luz de la aprobación, decaen y van a la papelera. Es entonces cuando parafraseamos al jurista alemán von Kirchmann y podemos decir que «un estancamiento del ejecutivo y bibliotecas enteras de boletines oficiales no verán la luz».
En esta ocasión, tres de las leyes más esperadas en materia de Justicia han decaído, cuya meta trazaba la respectiva Exposición de Motivos: la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa («estructura que, optimizando los recursos disponibles, se muestra apta para la obtención de sus objetivos»), la Ley de Eficiencia Procesal («capacidad del sistema para producir respuestas eficaces y efectivas») y la Ley de Eficiencia Digital («la adaptación de la realidad judicial española del siglo XXI al marco tecnológico contemporáneo»). Las tres leyes se enmarcaban en el ambicioso Plan Justicia 2030. Se modificaban la Ley Orgánica del Poder Judicial y varias Leyes procesales españolas (entre otras, la Ley de Enjuiciamiento Civil, de Enjuiciamiento Criminal, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de la Jurisdicción Social y de la Jurisdicción Voluntaria). Se trataba de una nueva planta de organización, de agilizar y/o simplificar trámites y procedimientos y de hacer efectiva la digitalización de procedimientos más allá de la mera automatización.
Es cierto que tales proyectos, como los desafíos del mítico Sísifo, están llamados a retomarse bajo el impulso del gobierno que salga de las urnas. También es cierto que la Justicia en su dimensión organizativa y procedimental tiene más enjundia técnica que política, por lo que será estrecho el margen de adaptación de la Justicia a las perentorias exigencias de modernidad.
Afortunadamente la Justicia no admite regulación por decretos leyes, por lo que mientras llega la hora de legislar en frío, toca como Penélope tejer y destejer la jurisprudencia para dar respuesta a las demandas de justicia. Los abogados seguirán de fogoneros atizando el fuego de la justicia y los jueces harán de maquinistas; otra cosa es lo que perciban del trayecto los pasajeros justiciables.
Lo importante es que seamos conscientes, ciudadanos y gobiernos, de que la Justicia no es una cuestión de Estado, sino que es el Estado mismo en pie de guerra diplomática, o sea, el Estado consiguiendo pacificar los conflictos con mano de plomo envuelta en ese guante de seda que son las sentencias. La Justicia requiere serenidad y dejar de lado los planteamientos viscerales. Quedan lejos y anacrónicos los planteamientos rebeldes como el propuesto como solución definitiva, en la obra Enrique VI, de Shakespeare: «Lo primero que debemos hacer es matar a todos los abogados», o las consignas de los revolucionarios franceses en su etapa inicial reclamando «matar a los jueces arbitrarios». Hoy día, en un Estado de Derecho hay que reconocer que las ruedas de la Justicia precisan jueces, fiscales, abogados y letrados de la administración. El problema son los instrumentos para el éxito: fijar centros de decisión jurisdiccional, trazar el procedimiento por el que debe discurrir y decidir el papel de las nuevas tecnologías.
No se trata de descubrir el Mediterráneo. Es algo mucho más sencillo, pues se cuenta con infinidad de modelos de Estados democráticos avanzados que pueden servir de inspiración, y además existe un amplio bloque de regulación europea que establece garantías y cauces para la defensa de los derechos en el contexto de la justicia.
El pasado 24 de mayo de 2023 la Comisión presentó el paquete anual de primavera del Semestre Europeo e incluye la comunicación en la que interesa que todos los Estados miembros remuevan los obstáculos legales para conseguir un «Buen gobierno y respeto del estado de derecho, en particular sistemas de justicia independientes, de calidad y eficientes». Pocas palabras para definir objetivos tan bellos e importantes. El problema es que la legislación nacional no es ejecución de las comunicaciones europeas, pero ello no autoriza a alegrías ni ocurrencias, pues las dimensiones del escenario regulador nos las ofrece la Constitución, que además cuenta con una amplia doctrina de jurisprudencia constitucional. Por si fuera poco, toda medida legislativa sobre la Justicia contará con la autorizada intervención del Consejo de Estado, la inquietante participación del Consejo General del Poder Judicial, la voz serena del Consejo General de la Abogacía Española, y el ruido de fondo desde la trinchera procedentes de los representantes del personal de la administración de Justicia.
Desde el punto de vista de los jueces y los abogados, no se percibe gran confianza en las futuras reformas de la Justicia. A duras penas pueden mantenerse al día en su respectivo campo de trabajo, y se han acostumbrado a las turbulencias desatadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Incluso los concretos demandantes o jueces que son causantes de estos pronunciamientos sísmicos, pese a su íntimo ronroneo placentero, piensan que el modelo de justicia en su conjunto revienta por las costuras. Muchas normas, mucha jurisprudencia, mucho cambio de criterio y en la motivación de todo ello, mucho misterio.
La buena noticia sobre la Justicia que merecemos reside en la falta de color ideológico de la vertiente instrumental del mundo jurisdiccional (organización, procedimiento y digitalización), a diferencia de las regulaciones materiales donde lo que hoy está prohibido mañana puede estar permitido y viceversa, lo que puede desatar opiniones viscerales al gusto de cada cual. La eficiencia de la Justicia (organizativa, procesal y digital) se mide teniendo en cuenta el ruido crítico de los profesionales de la justicia y de los ciudadanos. Cuanto más se quejen de lentitud, formalismo, desajustes o desafueros, menor será el nivel de eficiencia del sistema. Lo que no debe jamás olvidarse es que la justicia rápida, organizativamente compleja y plenamente digitalizada, puede convertirse en el más duro rostro de la injusticia. No puede renunciarse al factor humano y a la justicia comprensible. Lo realmente bueno sería que el legislador empatizase realmente con el justiciable, de manera que se evitase la frecuente perplejidad del ciudadano que sufre una ley tributaria, penal o procesal, y que le lleva a preguntarse: ¿he participado yo en la elaboración de estas leyes? ■