nº 998 - 27 de julio de 2023
Los funcionarios de Justicia suspenden la huelga hasta la constitución del nuevo Gobierno
El Comité de huelga acusa a Justicia de romper las negociaciones de «forma abrupta»
Más de 20 millones de actuaciones procesales se han paralizado, y otros dos millones de juicios han quedado a su vez suspendidos y aplazados
Los sindicatos cambian la huelga indefinida por dos días durante la campaña del 23-J
Funcionarios de Justicia durante las movilizaciones. Foto: UGT Cuenca.
Desde el pasado miércoles 5 de julio y tras 78 días de paro, los funcionarios de justicia anunciaron su decisión de suspender la huelga indefinida hasta la constitución del nuevo gobierno resultante de las elecciones generales. No obstante, el Comité de huelga, formado por CSIF, STAJ, CCOO y UGT, anunció que se mantenían dos días de huelga general, el 11 y el 20 de julio.
Según datos de los convocantes, desde que comenzó la huelga general del personal de Justicia, hace casi dos meses, más de 20 millones de actuaciones procesales se han paralizado, y otros dos millones de juicios han quedado a su vez suspendidos y aplazados por varios meses e incluso años, lo que afecta a los intereses de millones de ciudadanos y empresas.
Los 45.000 funcionarios de justicia dependen orgánicamente del Gobierno central, aunque la mayoría de las comunidades autónomas tienen transferida la gestión de la Justicia (todas excepto Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Baleares, y las ciudades de Ceuta y Melilla).
El aplazamiento significa que aún se encuentra lejos la resolución del conflicto laboral. Prueba de ello es que el Ministerio de Justicia ha emplazado a los funcionarios a continuar las negociaciones después de las elecciones generales, un ofrecimiento que ha sido considerado insuficiente por los representantes de los sindicatos. Además, el Comité de huelga acusa a Justicia de romper las negociaciones de «forma abrupta» y añade como motivo de la suspensión la llegada del periodo estival, que reduce el seguimiento de los paros por las vacaciones y el cansancio que provoca el no ver visos de alcanzar una solución. A ello se añade «el agotamiento económico que supone una movilización de tan largo alcance, algo que ninguna familia ni ningún trabajador puede soportar indefinidamente».
El Ministerio de Justicia pospuso los contactos hasta solucionar el conflicto que se había suscitado con jueces y fiscales tras el acuerdo llegado con los LAJ. Más tarde anunció que dejaría pasar los comicios del 28 de mayo y, después, la convocatoria de las elecciones del 23 de julio volvió a dejar en segundo plano las conversaciones con los funcionarios judiciales.
Los funcionarios reclaman un incremento de hasta 430 euros mensuales después de que el 28 de marzo los ministerios de Justicia y Hacienda firmarán un acuerdo (tras dos meses de huelga) con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que recogía un aumento salarial de hasta 450 euros mensuales. Posteriormente, ambos ministerios rubricaron también un pacto con las asociaciones de jueces y fiscales para reconocer una subida en la misma línea.
«No somos ni menos ni más que letrados, jueces y fiscales. Somos la pieza esencial de la Administración de Justicia, por la que pasan el 100% de los actos procesales y, si hay dinero para reconocer el trabajo de ellos, también debe reconocerse nuestras funciones reales y el papel que debemos desarrollar en una Justicia digital y moderna», incidieron.
Piden la intermediación del comisario europeo
Con motivo del anuncio del aplazamiento, el Comité de huelga envió una carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, emplazándole a que se dirija al Gobierno para que negocie un incremento salarial para los funcionarios de Justicia acorde con las funciones que realizan y se cierre así el conflicto. Explican al comisario europeo que llevan tres meses de conflicto –incluyendo casi dos meses de huelga general– y que el Gobierno en ningún momento ha tenido ni voluntad ni intención de llegar a un acuerdo, por lo que emplazan a las autoridades europeas a que tomen cartas en el asunto y medien para poner fin al conflicto. Además, la carta se hace eco del acuerdo de subida salarial que el Ministerio de Justicia ha cerrado con jueces y fiscales, y con letrados de la Administración de Justicia, y lo antepone a la oposición total que el Ejecutivo ha tenido para llegar a un acuerdo con los 45.000 funcionarios de Justicia. Según los sindicatos, en las tres reuniones celebradas, no se ha debatido oferta económica alguna por parte de Justicia.
Frente a estas acusaciones, el Ministerio de Justicia respondió por medio de una nota que considera «inviable» alcanzar cualquier tipo de acuerdo y reprocha a los sindicatos no haber consultado a las bases su compromiso de «negociar el nuevo anteproyecto de Ley» de eficiencia organizativa, «con anterioridad al inicio de su tramitación parlamentaria, tan pronto se constituyan las nuevas Cortes Generales y se forme un nuevo Gobierno».
Además, el departamento que dirige Pilar Llop se mostraba muy crítico con la decisión de los sindicatos de no consultarlo con las bases, «negando cualquier opción de diálogo constructivo durante el encuentro», decía el comunicado, en el que se recuerda que en diciembre de 2021 se alcanzó con los funcionarios un acuerdo de equiparación salarial «con un compromiso de inversión de casi 40 millones de euros, una reivindicación que se remontaba años atrás».
El ICAM celebra el final de la huelga
Tras el anuncio por parte del Comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia de poner fin a los más de 78 días de paros, el ICAM manifestó su satisfacción por esta decisión al tiempo que recordaba las graves consecuencias que esta situación deja en la Administración de Justicia.
«El fin de la huelga es la mejor noticia que podíamos recibir, pero tenemos que lamentar que esta decisión llegue tarde. Ahora es nuestra oportunidad para trabajar por mejorar de forma inmediata la situación de nuestro sistema judicial», señaló el Decano del ICAM, Eugenio Ribón.
Desde que comenzara la huelga, el ICAM había contabilizado 5.217 suspensiones, lo que significa que, de media, casi dos de cada diez vistas señaladas fueron suspendidas, «dificultando así no solo la labor de los profesionales de la Abogacía, sino entorpeciendo el acceso al derecho de Defensa de cada ciudadano».
Unos días antes, el 30 de junio los Decanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, el del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, Alberto García, y la Presidenta del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, Eva Torrecilla, remitieron una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que alertaban de la grave «alteración del orden público» que supone la paralización de la Administración de Justicia y exigían a la ministra buscar soluciones inmediatas para poner fin al conflicto con los funcionarios de la Administración de Justicia. ■