nº 998 - 27 de julio de 2023
Los presidentes de los TSJ piden «refundar» el actual sistema actual de Justicia
Entre los días 26 y 28 de junio se celebraron en la isla de la Palma las ‘XVIII Jornadas de Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de España’
Consideran que la Justicia está «en riesgo de parálisis o colapso»
Insisten en la necesidad de afrontar los proyectos legislativos de mejora organizativa, procesal y digital y la crisis institucional del CGPJ
Comunicación Poder Judicial.
Los presidentes/as de TSJ han mostrado, un año más, su preocupación sobre la situación general de la Justicia, «con graves problemas de eficacia y de organización». En su opinión, «el sistema actual de Justicia está totalmente superado y urge una profunda reforma del mismo». Esta afirmación resume las conclusiones de las XVIII Jornadas de Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de España, que celebraron en la isla de la Palma entre los días 26 y 28 de junio.
«Casi podríamos hablar de la necesidad de refundarlo: la Justicia, su diseño constitucional, el encaje institucional de su órgano de gobierno (CGPJ), su politización, real o aparente y, cómo no, los déficits organizativos y estructurales que la lastran desde hace décadas» necesitan en su opinión ser modificados.
A ello se suman dos acontecimientos, de singular relevancia, que ponen a la Justicia en riesgo de parálisis o colapso. De un lado, «los retos pendientes año tras año»; de otro, «la grave situación de conflictividad actual por las huelgas y el grave deterioro del servicio público de Justicia».
Reformas pendientes
Las máximas autoridades judiciales de cada comunidad autónoma insisten en la necesidad de afrontar los proyectos legislativos de mejora organizativa, procesal y digital y la crisis institucional del CGPJ, con el colapso en los nombramientos judiciales. Así, recuerdan que «los proyectos de ley de Eficiencia Organizativa, Procesal y Digital se han visto nuevamente frustrados en su tramitación parlamentaria, impidiendo materializar, entre otras medidas, fórmulas de gestión y organización más eficientes (todo lo relativo al funcionamiento colegiado de los juzgados y tribunales), así como medidas de agilización procesal, tecnológicas y de medios complementarios de resolución de conflictos».
Conflictividad laboral en la Administración de Justicia
Muestran además su «enorme preocupación» por la gravedad de la situación de conflictividad actual, «con importante suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales, y enorme perjuicio a los ciudadanos». Por todo ello, «urgimos al necesario encuentro y diálogo entre las partes interesadas para encontrar una salida al conflicto, que permita cuanto antes volver a la normalidad en el trabajo en nuestros juzgados y tribunales». Asimismo, «se han evidenciado no sólo demandas retributivas, sino también un anquilosamiento progresivo de las estructuras judiciales y una clara asimetría entre el diseño legal y la realidad de nuestros juzgados».
Por todo ello reclaman «la imperiosa necesidad» de adecuar la planta judicial al volumen e incremento de litigiosidad existente en nuestro país «como forma de superar la actual lentitud de la justicia».
También consideran «imprescindible» el incremento de la planta de jueces de adscripción territorial (JAT) «para contrarrestar las excesivas cargas de trabajo que arrastran muchos de nuestros juzgados y tribunales, una vez constatada la política restrictiva en la creación de nuevos órganos».
Planificación y coordinación en la actividad gubernativa y «rechazo a los recortes»
Los presidentes/as de TSJ consideran que es «absolutamente necesario» que el próximo CGPJ, en su momento, inicie su mandato «con un ejercicio de planificación que resulte en un plan estratégico que explicite los compromisos de cada mandato y posibilite la adecuada rendición de cuentas ante la ciudadanía». Dicha planificación plurianual, convenientemente actualizada mediante planes anuales, sectoriales o temáticos, «deberá orientar, ordenar y dar coherencia a la actuación del CGPJ, al tiempo que permitirá alinear a dichos planes la operativa de las Salas de Gobierno, presidencias y decanatos».
En sus conclusiones rechazan además «los recortes generalizados que se han impuesto por el Ministerio de Justicia el pasado año y últimamente el día 16 de junio de 2023, denegando por motivos presupuestarios la autorización de medidas de refuerzo y apoyo propuestas por los Tribunales Superiores con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, fundadas en cargas de trabajo excesivas y retrasos estructurales por la insuficiencia de la planta judicial». Esta decisión «conlleva perjuicios gravísimos en agendas programadas con suspensiones de vistas y actuaciones necesarias, incrementando las dilaciones en los procesos».
También consideran «imprescindible» el logro de la compatibilidad e interoperabilidad entre los sistemas informáticos existentes actualmente en los distintos territorios y TSJ y advierten de «la urgente necesidad de acometer el diseño y efectiva implantación de servicios de mediación intrajudicial que amplíen la carta de servicios que se ofrecen por el sistema de Justicia».
Por último, consideran que, tras la declaración del fin de la pandemia, carecen de toda justificación las restricciones sanitarias establecidas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Por ello «reclamamos al CGPJ que: 1.–solicite del Ministerio de Justicia que valore poner fin a la situación de crisis sanitaria a los efectos de lo dispuesto en la disposición transitoria 2.ª de la citada Ley 3/2020; o 2.–en su defecto, el CGPJ proceda a adoptar las medidas de adaptación a la situación sanitaria existente en la actualidad».
Rafael Mozo: «Sin independencia judicial no podemos hablar de una verdadera Justicia ni de un verdadero Estado de Derecho»
Durante el acto de inauguración de las XVIII Jornadas de Presidentes y Presidentas de Tribunales Superiores de Justicia, el presidente del CGPJ, Rafael Mozo, afirmó que «sin independencia judicial no podemos hablar de una verdadera Justicia ni de un verdadero Estado de Derecho, ya que la imparcialidad en la toma de decisiones judiciales presupone independencia».
El presidente del órgano de gobierno de los jueces afirmó que es innegable que, ante el creciente número de litigios y una normativa cada vez más extensa y compleja, el proceso de digitalización de la Justicia y la aplicación de la inteligencia artificial aportan múltiples beneficios, pero considera fundamental «abordar los desafíos jurídicos, éticos, de transparencia y de protección de datos que la inteligencia artificial plantea, para así poder aprovechar al máximo su potencial para mejorar el servicio público» que los miembros de la Carrera Judicial prestan a los ciudadanos.
Mozo destacó la labor que desempeñan los Tribunales Superiores de Justicia como cúspide de la organización judicial en las Comunidades Autónomas, que se puso de manifiesto en los momentos más críticos de la pandemia de coronavirus, y agradeció a sus presidentes y presidentas su compromiso inquebrantable con los valores constitucionales y con la calidad y la eficacia de la Justicia.
Impulso de la mediación intrajudicial
Por otra parte, el presidente del CGPJ ratificó el compromiso de este órgano con el impulso de la mediación intrajudicial e hizo un llamamiento para que en la próxima legislatura se aceleren las reformas procesales necesarias, que han decaído por la convocatoria anticipada de elecciones generales y la consiguiente disolución de las Cámaras.
Tras recordar el compromiso de la Carrera Judicial, de sus órganos gubernativos y del propio Consejo con la búsqueda de medios intrajudiciales adecuados de solución de las controversias –y especialmente con la mediación intrajudicial– como herramienta para mejorar la calidad de la justicia, Mozo planteó a los presidentes de los TSJ la posibilidad de impulsar la mediación mediante la creación de Unidades de Mediación Intrajudicial en el ámbito de los propios tribunales superiores. ■