nº 999 - 28 de septiembre de 2023
Marín Castán insta a los partidos políticos a llegar a un acuerdo que permita renovar el CGPJ
Actualidad Jurídica Aranzadi
Con motivo de la apertura del Año Judicial, el presidente del Tribunal Supremo recuerda que «el buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado»
Marín Castán describió como «desolador» el estado del alto tribunal, donde el número de vacantes ha alcanzado las 23
García Ortiz: «La acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles»
Vicente Guilarte asume el cargo del presidente del Consejo General del Poder Judicial con dedicación exclusiva
Con motivo de la apertura del Año Judicial, cuyo acto, que estuvo Presidido por el rey Felipe VI, tuvo lugar el pasado 7 de septiembre, el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, se dirigió directamente a las fuerzas políticas para instarles a llegar a un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cabe recordar que, por quinto año consecutivo, la apertura del año judicial llega con el órgano de gobierno de los jueces ejerciendo de forma interina un mandato que expiró en diciembre de 2018. «Me veo en la necesidad, una vez más y como ya hiciera en años anteriores mi predecesor, de emplazar aquí, de manera pública y solemne, a los responsables de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria para que, con urgencia, alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial», dijo, al tiempo que recordó las «reiteradas llamadas de atención de las instituciones europeas».
A tal fin reclamó «un verdadero compromiso democrático de cooperación leal entre los diferentes actores políticos» que sitúe como objetivo de su actuación el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial y pidió que se abstengan «de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar la consecución del mencionado objetivo» porque, de otro modo, «la democracia, y en consecuencia el Estado de Derecho, corren un serio riesgo».
Por eso, Marín Castán defendió que «el buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado», indicando que «cuando ese buen funcionamiento está en entredicho todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidad que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios».
El presidente del Supremo subrayó que en el último año los graves problemas que afectan al funcionamiento del Poder Judicial no han hecho más que empeorar como consecuencia de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y de que no se hayan provisto las plazas vacantes del Alto Tribunal y de muchos otros órganos jurisdiccionales.
Así, tras preguntarse si es compatible con la normalidad democrática la existencia de un CGPJ cuyo mandato lleva agotado casi cinco años y la de un Tribunal Supremo cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30 % y algunas de cuyas salas se hallan al borde del colapso, Marín Castán describió como «desolador» el estado del alto tribunal, donde el número de vacantes ha alcanzado las 23.
«La primera víctima de esta situación es sin duda el justiciable: ciudadanos y ciudadanas, empresas e instituciones públicas y privadas que están viendo cómo la tutela de sus derechos consagrados en la Constitución se ve mermada de forma inadmisible. Un justiciable que contempla con perplejidad cómo los actores políticos, los representantes políticos elegidos en las urnas, se muestran incapaces de alcanzar los acuerdos necesarios para poner fin a esta situación», dijo el presidente del Tribunal Supremo.
Memoria anual de la Fiscalía General del Estado
Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, intervino en el acto para presentar la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. La Memoria refleja la actividad del Ministerio Fiscal durante el año anterior a su publicación (2022 en este caso) y la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas necesarias para una mayor eficacia de la Justicia. También recoge las observaciones que las Fiscalías de los distintos órganos elevan a la Fiscalía General. García Ortiz afirmó que «las instituciones son la fortaleza del sistema democrático que se construye a través del pleno ejercicio de las libertades. No es ni puede ser un sistema inmóvil».
García Ortiz se defendió de «los ataques» y las «dudas injustificadas» a su independencia señalando que «la ciudadanía puede estar tranquila», porque «no hay decisión» suya «que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y consenso». Durante su discurso quiso dejar claro que «la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles».
Relevo al frente del CGPJ
Ante la paralización de la renovación del CGPJ, el vocal Vicente Guilarte asumió el pasado 20 de julio la presidencia por suplencia del Consejo General del Poder Judicial en aplicación del acuerdo aprobado por el Pleno de 13 de octubre de 2022 y una vez producido el cese en el cargo por jubilación del presidente suplente, el vocal Rafael Mozo, quien tomó el relevo a Carlos Lesmes, que presentó su dimisión como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo el pasado 9 de octubre de 2022.
En relación con la petición registrada por seis vocales para que se debatiera y aclarara el régimen de dedicación del vocal que por turno de edad asuma la presidencia por suplencia del Consejo, el Pleno –a instancias del propio Guilarte– acordó unánimemente y sin necesidad de votación que el cargo debe ejercerse de manera exclusiva.
Vicente Guilarte, anunció que asumía el cargo con dedicación exclusiva, de conformidad con lo manifestado en la sesión plenaria del pasado día 19. Guilarte manifestó su decisión de cesar en las actividades académicas y profesionales que venía desarrollando.
A tal fin, tiene solicitada la declaración de la situación administrativa de servicios especiales al Rector de la Universidad de Valladolid, que ha acusado recibo de ella, e igualmente se le ha concedido ya el pase a la situación de no ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid. También ha concedido la venia a otro abogado para que se haga cargo de los pleitos que estaba llevando hasta la fecha.
En otro orden de cosas, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de su presidente, Vicente Guilarte, aprobó el pasado 25 de julio por 9 votos a favor, 6 en contra y uno en blanco la nueva composición de cuatro Comisiones legales: la Permanente, la Disciplinaria, la de Asuntos Económicos y la de Igualdad.
La composición de las Comisiones legales, que tienes efectos desde el pasado 1 de agosto, queda así:
Comisión Permanente: Vicente Guilarte Gutiérrez; Carmen Llombart Pérez; José Antonio Ballestero Pascual; Pilar Sepúlveda García de la Torre; Mar Cabrejas Guijarro; Roser Bach Fabregó; María Ángeles Carmona Vergara.
Comisión Disciplinaria: Wenceslao Olea Godoy; Álvaro Cuesta Martínez; Gerardo Martínez Tristán; Enrique Lucas Murillo de la Cueva; Juan Manuel Fernández Martínez; Juan Martínez Moya; José María Macías Castaño.
Comisión de Asuntos Económicos: Gerardo Martínez Tristán; Juan Martínez Moya; Enrique Lucas Murillo de la Cueva.
Comisión de Igualdad: Clara Martínez de Careaga; Juan Manuel Fernández Martínez; Nuria Díaz Abad. ■