Las aristas del triángulo entre creadores, internautas y gobiernos se afilan sin cesar. Si hace poco nos referíamos a que el llamado Paquete Telecom de la Unión Europea, que teóricamente blindaba las pretensiones de los usuarios de Internet para que hagan libremente descargas privadas de contenidos con copyright a través de redes p2p, en realidad contiene una puerta a que los gobiernos hagan las temidas desconexiones al margen de los jueces, ahora vemos cómo el Reino Unido se suma a la tendencia de legislar en el mismo sentido que Francia y su Ley Hadopi.
En materia del nivel de protección que se le otorgue a la propiedad intelectual de los contenidos descargados a los equipos por usuarios a través de redes p2p, lo que ocurra en países vecinos nos incumbe.
La idea francesa de cortar el suministro de Internet a los usuarios que vulnerasen la legalidad, posteriormente recogida en la Unión Europea, está teniendo sucesivos reajustes, dado que, tal y como se plantea de primeras, no encaja con la legalidad vigente.
De todos modos, Francia ya cuenta en estos días con una nueva versión de su Ley Hadopi, modificada tras la censura del Consejo Constitucional a la parte más controvertida, que ponía en manos de una alta autoridad y sin el visto bueno de un juez la potestad para desconectar al usuario de la red en caso de infracción.
Por su parte, la Unión Europea cubriría con el llamado Paquete Telecom la renovación del marco legislativo comunitario de las telecomunicaciones, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas; y el diseño de un Organismo de Reguladores Europeos.
Un acuerdo, alcanzado en mayo, declaraba que "no cabe imponer restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales, en particular de conformidad con el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en materia de libertad de expresión y de información, excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior".
Sin embargo, ha trascendido un documento de la Comisión Europea que hace dudar de cuál pueda ser el resultado final de la normativa de telecomunicaciones a la vuelta del verano, cuando se retome el trabajo en Bruselas y Estrasburgo. En concreto, parece que la Comisión quiere dejar la puerta abierta a que los Ejecutivos de cada país miembro dispongan de la potestad de llevar a cabo los ya famosos cortes de suministro.
A esta "moda" se acaba de unir el Gobierno británico, dado que está considerando aprobar una serie de medidas que impedirían que se compartan archivos en Internet al margen de la ley.
Si se siguen los planes previstos, los proveedores de Internet estarían obligados a bloquear el acceso a los sitios de descargas, limitar la velocidad de las conexiones de banda ancha o incluso interrumpir temporalmente la conexión.
El regulador de comunicaciones británico Ofcom asumiría el deber de informar periódicamente al Ejecutivo si se llevan a cabo las prácticas prohibidas. Tras ello, Ofcom debería ejecutar las medidas que se indicasen desde el Ministerio. El coste del control sería asumido, tal y como está la propuesta, por los titulares de los copyright y los proveedores de Internet.