Este año 2025 conmemoramos el 600º aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica, una efeméride que invita no solo a recordar, sino a avanzar. En este contexto, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hemos firmado un convenio de colaboración con un objetivo claro: facilitar el acceso a la justicia de las personas gitanas y promover una justicia más igualitaria, inclusiva y libre de prejuicios.
El acuerdo, suscrito por la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, María Isabel Perelló, y por mí como directora general de la FSG, representa un hito tan simbólico como práctico. Por primera vez, el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial y una entidad social, especializada en el trabajo con personas gitanas, establecen un marco estable de cooperación para abordar de forma conjunta los obstáculos que dificultan el ejercicio pleno de los derechos de las personas gitanas.
El convenio sienta las bases para desarrollar acciones formativas, estudios, materiales y proyectos conjuntos que contribuyan a un mejor conocimiento y aplicación del principio de igualdad de trato en la administración de justicia. Entre las medidas previstas destacan la formación especializada para la carrera judicial en materia de igualdad de trato, normativa antidiscriminatoria y delitos de odio, con especial atención al antigitanismo y a la protección de mujeres gitanas víctimas de violencia de género, desde un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad. También incluye la elaboración de guías, protocolos y materiales que ayuden a quienes integran la judicatura a identificar y evitar sesgos inconscientes, garantizando un trato digno y respetuoso hacia las personas gitanas.
Además, se impulsarán estudios específicos sobre cuestiones clave, como las sentencias en casos de agresiones sexuales a menores gitanas o el análisis de resoluciones relacionadas con la aplicación de la normativa antidiscriminatoria y de los delitos de odio. Se prevé también la recopilación de sentencias de delitos de odio por motivación antigitana, en colaboración con el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), para su difusión entre la comunidad judicial y la sociedad en general. Y, de manera muy relevante, se promoverán iniciativas para favorecer la presencia de personas gitanas en la carrera judicial, fomentando referentes que ayuden a construir una justicia verdaderamente representativa de la diversidad social.
El convenio, con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, prevé la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por representantes del CGPJ y de la FSG, que planificará y evaluará las acciones, resolverá dudas interpretativas y velará por que los compromisos adquiridos se concreten en medidas efectivas. Este marco institucional no conlleva obligaciones económicas directas, pero sí compromete la voluntad política y técnica de ambas partes. Se trata de avanzar desde el compromiso hacia la materialización de resultados tangibles que impacten en la vida de las personas gitanas.
El valor de este convenio es también simbólico. En el año en que recordamos seis siglos de presencia gitana en España, el acuerdo supone un reconocimiento institucional del pueblo gitano como parte esencial de la ciudadanía y de su derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida pública y en el acceso a la justicia. Durante demasiado tiempo, el pueblo gitano ha experimentado barreras visibles e invisibles para acceder a la tutela judicial efectiva: prejuicios, falta de confianza en las instituciones, ausencia de referentes y una historia de discriminación que ha erosionado la relación con el sistema judicial. Este acuerdo apunta a revertir esa situación, construyendo puentes entre el pueblo gitano y la justicia.
La firma del convenio es un punto de partida magnífico, pero ahora es esencial que las medidas acordadas se implementen con celeridad, recursos y compromiso. La formación judicial, la elaboración de herramientas prácticas y la recopilación de jurisprudencia deben traducirse en cambios reales: en cómo se entiende la diversidad, en cómo se juzga sin prejuicios y en cómo se garantiza que ninguna persona quede al margen de sus derechos por su origen o identidad. Desde la Fundación Secretariado Gitano asumimos con responsabilidad este reto y confiamos en que esta alianza con el CGPJ sirva para transformar la percepción y la práctica judicial, avanzando hacia un sistema que reconozca la dignidad y la igualdad de todas las personas.
En definitiva, este convenio no solo refuerza el compromiso del CGPJ y de la FSG con la igualdad, sino que envía un mensaje claro: la justicia debe ser accesible para todas las personas, sin excepción. El 600º aniversario del pueblo gitano en España nos recuerda el largo camino recorrido y la necesidad de seguir construyendo un país donde la diversidad se valore como una riqueza. Este acuerdo marca un paso firme en esa dirección: el de una justicia más cercana, humana y consciente de la pluralidad de la sociedad a la que sirve.
Porque solo habrá justicia plena cuando sea igualitaria, libre de prejuicios y realmente accesible para todas las personas.
