- La resolución subraya la falta de un método educativo alternativo al oficial y la «negligencia» de los progenitores
El Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo ha condenado a unos padres de Gondomar (Pontevedra) a pagar 1.080 euros cada uno por un delito de abandono de familia, tras comprobar que retiraron a su hijo de nueve años de un colegio público y continuaron su educación en el domicilio familiar sin recurrir a ningún sistema educativo alternativo al oficial.
El motivo ha sido, según recoge la sentencia, «desescolarizar» a su hijo de un colegio público de Gondomar, donde estaba matriculado en el curso 2024-2025 en Educación Primaria, y «continuar la formación del mismo en el domicilio, sin utilizar siquiera sistema educativo externo alternativo al oficial».
El fallo señala que los acusados «debidamente informados y plenamente conscientes de la obligatoriedad de la escolarización en las etapas educativas correspondientes a su hijo y de las flagrantes carencias que la educación proporcionada por ellos mismos en el domicilio -sin la mínima capacitación ni adaptación, adecuación o control externo al sistema curricular-, le impusieron la ausencia continuada al centro escolar«.
De esta forma, añade, comprometieron «no solo el progreso académico» del menor «sino también su capacidad para promocionar a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)» y obtener así un título «imprescindible» para su futuro desarrollo personal, social y profesional, «limitando así sus oportunidades vitales».
No es opción legal en España
El fallo recuerda que la educación en casa no es una opción legal en España y que es «incuestionable» que los padres que no escolarizan a sus hijos incumplen una obligación legal.
Así, la jueza concluye, tras la celebración de la correspondiente vista, que «la educación proporcionada directa y casi exclusivamente por los propios progenitores» se hace «básicamente en atención a sus personales criterios e ideas propias, sin método educativo alternativo al oficial mínimamente solvente y sin alguna objetividad valorativa». Este hecho, señala, «supone una desescolarización irresponsable«.
«Hay negligencia en la educación e incumplimiento en los deberes asistenciales básicos», reitera. Esta resolución no es firme ya que se puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.
