A pesar de que no se materializó en forma de propuesta legislativa, el Consejo de Ministros del pasado viernes abordó una iniciativa para devolver la asistencia sanitaria integral a todas las personas. Según informó el Gobierno, el Real Decreto que hará posible que por ejemplo los inmigrantes irregulares puedan acceder a la sanidad universal, será aprobado en unas seis semanas.
Cuando dicho Real Decreto-ley sea validado y entre en vigor, conllevará la derogación del Real Decreto-ley 16/2012, mediante el que el anterior Ejecutivo suprimió la asistencia sanitaria integral. El artículo 3 de dicho Real Decreto-ley delimitaba quiénes tenían la condición de asegurado y por tanto, tenían garantizada la asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud:
a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta.
b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social.
c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo.
d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.
"Una cuestión de decencia política"
En su comparecencia ante los medios, la ministra portavoz del Gobierno, María Isabel Celaá, afirmó que la norma que ahora pretenden derogar "dejó sin asistencia sanitaria integral a las personas en situación administrativa irregular, por lo que hay que eliminarlo y aprobar uno nuevo para devolver a todas las personas su derecho a la protección de su salud". Añadió que "es una cuestión de decencia política y un mandato de todos los organismos internacionales: de la ONU, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud".
Ahora el Ejecutivo iniciará un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas y con la sociedad civil para devolver la asistencia sanitaria integral a todas las personas. El Ejecutivo también aprobó la concesión de un préstamo a la Seguridad Social para pagar las pensiones de junio.