La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, anuncia para 2009 una iniciativa que, tras la correspondiente tramitación parlamentaria, habría de convertirse en nueva Ley de Ciencia, para cuya consecución pretende impulsar un pacto por la ciencia entre todos los agentes implicados. Resulta evidente que necesitamos pactos de Estado, aunque sólo sea porque no nos podemos permitir una legislatura como la anterior. Urge reformar (y, desde luego, renovar, o tal vez suprimir) el Tribunal Constitucional, y buscar soluciones consensuadas a la deriva del modelo territorial o de la Justicia. Habrá que afrontar tarde o temprano la reforma de la Ley Electoral y la de la propia Constitución, y también la crisis económica requiere un importante esfuerzo conciliador y solidario dejando en segundo término diferencias y personalismos.
Sin embargo, no estaría de más plantear, en el comienzo de una legislatura que se pretende "de consensos", que la dinámica del pacto de Estado no está exenta de riesgos, tanto más visibles cuanto más vamos conociendo a sus potenciales protagonistas: quienes nos gobiernan y quienes se les oponen.
Puede ocurrir, en efecto, que el "pacto de Estado" se convierta en un tópico, una simple expresión de moda, un salvoconducto para moverse con habilidad por los vericuetos de lo políticamente correcto, un comodín al que acudir para aplazar la solución de los problemas, para diluir responsabilidades, para dar tiempo a que la atención informativa se desplace hacia otros objetivos, para tener a alguien a quien echar la culpa si luego sale mal. Si finalmente el pacto no se logra, el Gobierno podrá culpar a la oposición del fracaso e incluso, por extensión, del problema en sí. Baste remitirnos a la experiencia de la anterior legislatura, en la que el Gobierno fue "oposición de la Oposición".
A la vista de ello, ¿qué decir del rimbombante pacto por la Ciencia que se nos anuncia? Basta con ver algunas de las medidas en que -en palabras de la ministra- podría materializarse: diversas reformas legislativas tendentes a simplificar las ayudas para acceder a subvenciones, favorecer la movilidad de investigadores entre el sector público y el privado, potenciar el mecenazgo y facilitar la internacionalización de la ciencia y la tecnología. Y, por supuesto, crear aún más organismos con funciones coordinadoras (en este caso, una "Agencia Estatal de Financiación, Evaluación y Prospectiva de la Investigación Científica y Técnica"), como si la proliferación de este tipo de entes no fuera precisamente un obstáculo para la coordinación entre los mismos.
Independientemente del carácter pragmático de todas estas medidas (tan tendenciosas como aparentemente desideologizadas, tan intervencionistas como aparentemente liberales), en este anuncio de pacto de Estado se observan también peligros concretos, que no son ajenos a los que advertíamos con carácter general:
- Que los políticos pretendan hacernos creer (o ellos mismos se crean) que el desarrollo y la pujanza de la ciencia en los próximos años depende de ellos, y no de los propios científicos: de su esfuerzo y talento, de su ética y responsabilidad.
- Que todo quede en una mera operación propagandística, una muestra más del marketing político de diseño al que nos tienen acostumbrados. ¿Cómo entender si no que se sitúe el horizonte del pacto en el año 2015, cuando probablemente los que ahora lo suscriban ya no tendrán que rendir cuentas de sus resultados? Aunque tampoco hay que descartar, a contrario, que tal pacto sea en realidad una tapadera o una hábil excusa para introducir reformas de calado en la legislación que regula las subvenciones, las incompatibilidades, el mecenazgo o la extranjería.
- Que ante el (ya más real que previsible) caos generado por la adaptación de las universidades al Espacio Europeo de Educación Superior (algo ha mencionado ya al respecto la propia ministra Garmendia, como puede leerse en ABC de 17 de junio), se saque a relucir el pacto de Estado por la Ciencia como mera táctica para desviar la atención: para disimular un roto, provocan otro descosido. Ello nos conduce a preguntarnos por el papel destinado a las universidades en este nuevo frente que se pretende abrir.
Resulta significativo que las universidades no dependan ya del Ministerio de Educación (a cuya denominación se añaden ahora la Política Social y el Deporte), sino que, marginando su finalidad primordial y su razón de ser, se las haya adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación: un síntoma más de la alarmante confusión entre medios y fines que padecemos en la Universidad actual, enterrada entre la frondosa maleza de la hueca retórica burocrática: redes, agencias, comisiones y tantos otros artificios, tan inútiles como costosos y entorpecedores. Precisamente estos males se están multiplicando a raíz de ese proceso de adaptación o convergencia con Europa (¿No éramos ya Europa? ¿A qué Europa se refieren? ¿A la de los políticos que ratifican el Tratado de Lisboa, o a la de los ciudadanos que lo rechazan?) Explicaremos para los no iniciados en estas lides, que dicho proceso de convergencia viene a consistir, paradójicamente, en que cada Universidad imparta sus titulaciones como buenamente se le ocurra, tras la aprobación por su Comunidad Autónoma. ¿De qué les servirá a los perplejos estudiantes ese título supuestamente europeo obtenido conforme a los designios de las más preclaras cabezas pensantes de cada feudo local?
Un último peligro: que la cuestión de la Ciencia y sus avances se plantee en términos meramente competitivos a costa de lo que sea y al margen de cualquier otra consideración. Así parece desprenderse del objetivo de "situar a España entre los diez países más avanzados del mundo en educación universitaria, ciencia, tecnología e innovación". De nuevo, la confusión entre fines y medios; correr sin saber hacia dónde.
¿Pacto por la Ciencia? ¿Y si llegáramos antes a un pacto de decencia?
