El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha convocado este lunes la Conferencia Sectorial de Justicia, que reunirá al Ministerio con las comunidades autónomas con competencias transferidas para valorar la constitución de los tribunales de instancia, cuya última fase de implantación está prevista a partir del 1 de enero.
El Ministerio convocó la reunión el 12 de diciembre, que se celebrará por videoconferencia, a través de una nota de prensa en la que señaló que su principal objetivo es estudiar la tercera fase de implementación de los nuevos tribunales en las comunidades con competencias transferidas.
Las comunidades afectadas son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra.
Por el contrario, en las comunidades en las que el Ministerio es competente en materia de Justicia, “todo está a punto” para esa fecha y se prevé que la implantación se produzca en la práctica totalidad del territorio.
No obstante, el departamento avanzó que, si los consejeros autonómicos solicitan una prórroga breve para culminar la tercera fase en algún partido judicial concreto, el Ministerio la apoyará, conforme a lo previsto en la propia ley.
Marco legal de los tribunales de instancia
La constitución de estos tribunales se enmarca en la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que, según el Ministerio, permitirá un sistema más ágil, flexible, cercano y digital, modernizando una planta judicial diseñada en el siglo XIX.
El CGPJ reclama medidas para evitar “carencias”
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitó al Ministerio, antes de conocerse la convocatoria, que adopte medidas para evitar las “carencias” de los juzgados antes de la implementación de los tribunales de instancia.
En una nota de prensa, el Consejo trasladó la preocupación de los decanos de los seis principales partidos judiciales de España al Ministerio y a las comunidades con competencias transferidas, reclamando actuaciones para evitar el extravío de expedientes y las demoras en su tramitación, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y evitar perjuicios a la ciudadanía.
En concreto, el CGPJ pidió que los procedimientos pendientes estén identificados y listados, de forma que su traslado a la nueva oficina judicial pueda ser trazado con seguridad, evitando la pérdida de expedientes.
Los decanos alertan de la “falta de preparación”
Los decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca señalaron las “carencias” y la “falta de preparación” detectadas en el proceso de implantación, advirtiendo de que estas deficiencias podrían lastrar la fase final.
Entre los problemas identificados destacaron la dispersión de sedes, la falta de digitalización —con riesgo de pérdida de expedientes físicos—, la demora en el nombramiento de letrados directores y la falta de aprobación de algunas relaciones de puestos de trabajo, así como el excesivo número de funcionarios interinos.
Los decanos alertaron de que estas carencias pueden tener un impacto directo en la ciudadanía y solicitaron al CGPJ que inste a las administraciones competentes a aplicar una moratoria de seis meses en la tercera fase de implantación.
JJpD reclama una “urgente reforma” reglamentaria
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denunció que el CGPJ no ha modificado los reglamentos necesarios para poner en marcha los tribunales de instancia, una reforma que considera imprescindible y urgente.
Según la asociación, pese a que se han aprobado las relaciones de puestos de trabajo y dos instrucciones sobre coordinación y funcionamiento, no se ha modificado la normativa reglamentaria necesaria para la transformación efectiva de los juzgados.
La Abogacía apoya la moratoria, pero pide seguimiento
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, valoró como acertada la predisposición del Ministerio a apoyar una moratoria, aunque reclamó una monitorización del proceso para evitar disfunciones.
Asimismo, subrayó la importancia de escuchar a todos los colectivos implicados para lograr una gestión del cambio ordenada y garantizar el acceso efectivo a la Justicia.
