Que la Justicia, sobre todo la Administración de Justicia está cambiando es algo que nadie niega. La Ley de tasas está dejando a abogados y ciudadanos sin saber cómo orientar sus pretensiones -aunque la solución es sin duda la mediación y el arbitraje, algo tampoco muy barato- y los recortes del Ministerio desorientan los planes de gestores y políticos; pero también los jueces no saben qué va a pasar porque proyectos de reforma de leyes que les incumben, como la de Ley Orgánica del Poder Judicial, sufren modificaciones no a espaldas de ellos pero sí contando poco con ellos.
El Consejo General del Poder Judicial está en un período de cambio, en el que no sabe dónde irán a parar sus funciones, su control en el día a día de los jueces ni su presupuesto real de funcionamiento interno. Para jueces y fiscales, la situación es la siguiente:
- Ausencia de inversión en Justicia
- Descoordinación en la gestión de la Administración de Justicia
- Congelación de plazas judiciales, fiscales y oposiciones
- Recortes salariales y estatutarios
- Control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial
La administración está buscando la cuadratura del círculo, que los juzgados funcionen mejor, con más plantilla judicial pero sin gastar más. A principios del mes pasado el Gobierno ofreció algo más de 1200 euros al mes de sobresueldo a los jueces de lo social que asuman más trabajo. No se pide una actividad "semejante a la del órgano desempeñado en propiedad, sino de alrededor del 50%", según la carta que dió a conocer el vocal delegado para la jurisdicción social, Félix Azón, para quien "es absolutamente insuficiente para compensar dignamente el esfuerzo a realizar, pero es la única alternativa ofrecida por el Ministerio de Justicia de inmediata eficacia".
La oferta está sólo dirigida a los jueces de lo social, pero no se descarta la participación de "quienes sirven en otro orden jurisdiccional". Félix Azón mencionaba que en el año 2010 hubo una oferta así dentro del plan de refuerzo de los Juzgados de lo Social, con un sueldo superior. Esa vez hubo que ir a refuerzos externos ya que "no es fácil llevar dos juzgados".
Jueces sustitutos
Desde el reconocimiento de la gravedad de la situación económica actual, un informe acerca de la reforma hecho por el propio CGPJ reafirma la postura de que la actividad jurisdiccional debe ser responsabilidad de los jueces y magistrados profesionales.
"Es imprescindible -según el CGPJ- tener en cuenta la situación de sobrecarga generalizada de trabajo que gravita sobre la administración de Justicia, por lo que deberán establecerse medidas que propicien la adecuación de la plantilla a las necesidades reales de los juzgados y tribunales, pues de lo contrario se corre el riesgo de reducir el estándar de calidad, lo que a la postre redundaría en perjuicio de los ciudadanos".
"Si la Justicia deja de funcionar no será posible que España pueda salir adelante", una afirmación tan sabida pero tan cierta es el eje fundamental del documento que salió de la reunión de ayer entre Gonzalo Moliner, Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España a excepción de el de Extremadura y La Rioja.
En este sentido, ayer la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados modificaba el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para ajustar algo que incomodaba profundamente a cierto sector de la carrera judicial pero que también suponía un gasto doble: los jueces sustitutos. De hecho, el Proyecto de Ley de reforma es el Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. De hecho, Blas Alberto González Navarro, Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, procedente de la carrera judicial nos comentaba cuando se empezó a hablar de esta posibilidad que "las plazas sin cubrir se asignan a jueces sustitutos, que evidentemente cobran su sueldo pero que, sin embargo, por lo general carecen de toda la preparación necesaria para atender al ciudadano".
Número de jueces por cada 100.00 habitantes. Fuente: European Commission for the Efficiency of Justice
La Comisión de Justicia rechazó, por otro lado, una enmienda transaccional del PSOE acerca de la creación de los Consejos de Justicia de ámbito autonómico y el traspaso de competencias de Justicia del Estado a las comunidades autónomas. De hecho, ahora lo que quieren algunas Comunidades Autónomas es devolver competencias.
