El Consejo de Ministros ha aprobado este martes iniciar los trámites para blindar el derecho al aborto en la Constitución, para «evitar retrocesos» ante la «ola reaccionaria», según ha avanzado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha precisado que «no es una reforma sencilla.
«Es un día en el que damos un paso a la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por primera vez las mujeres tienen reconocida la libertad en esta propuesta, libertad sobre su propio cuerpo, libertad sobre su proyecto de vida», ha asegurado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha presentado la propuesta.
El Gobierno ha planteado esta modificación de la Constitución mediante el artículo 167, que requiere mayorías cualificadas, en concreto, de las tres quintas partes del Congreso y de las tres quintas partes del Senado. «Si no hubiera acuerdo, iríamos a una comisión paritaria, Congreso y Senado, que propondría un nuevo texto», ha avanzado Redondo.
En cualquier caso, la titular de la cartera de Igualdad ha reconocido que «es un procedimiento complejo», con el que «se inicia la voluntad», pero que el Consejo de Estado tendrá que «técnicamente concretar y aclarar». «Y, por supuesto, serán las Cortes Generales con las vías cualificadas las que, finalmente, hagan el trabajo de incorporar un derecho que ya está reconocido, un derecho que está incorporado a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», ha expuesto.
En cuanto al texto acordado, este contempla un cuarto apartado en el artículo 43 de la Carta Magna (derecho a la salud), que quedaría así: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».
Así, la ministra ha añadido que es un «principio interpretativo» que «reconoce la garantía y la prestación del derecho» y aúna «toda la interpretación» que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Además, Redondo ha dicho que hay «una posibilidad», si lo pide una décima parte del Congreso o una décima parte del Senado, de que se plantee un referéndum de ratificación.
