El Consejo de Ministros aprobó ayer la prórroga del Estado de alarma, solicitada a las Cortes Generales, en los términos respaldados por mayoría por el Congreso de los Diputados, el jueves pasado.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, precisó que se aprueba una extensión de seis meses, desde el 9 de noviembre hasta el 9 de mayo. La decisión se revisará en cuatro meses con el objeto de evaluar si sigue vigente su idoneidad o proponer su levantamiento.
Montero informó de que la propuesta tendrá que ser formulada al Ejecutivo por la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial de Salud: «La evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos y sociales, determinará si se levanta este estado de alarma o se mantiene, como está previsto en la norma, como máximo, hasta el próximo 9 de mayo».
En este periodo, cada presidente de comunidad autónoma podrá modular, modificar o suspender las medidas que limitan la circulación de las personas en función de los indicadores de su territorio, previa comunicación al Ministerio de Sanidad.
“Respaldo jurídico”
La portavoz afirmó que el Ejecutivo entiende que «este decreto es la herramienta legal que dota a cada autoridad competente del pleno amparo constitucional, para que pueda actuar con absoluto respaldo jurídico».
El presidente del Gobierno solicitará su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados cada dos meses para informar de los datos de la pandemia y de las gestiones del Ejecutivo en relación a la aplicación del Estado de alarma. Asimismo responderá a las cuestiones que se le planteen sobre este asunto en las sesiones de control.
María Jesús Montero ha insistido en la conveniencia de que las autoridades delegadas también rindan cuentas en las asambleas autonómicas para que sus decisiones puedan ser revisadas y discutidas.
