- Fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de donde también provienen sus antecesores Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado.
El Consejo de Ministros propondrá este martes como nueva fiscal general del Estado a Teresa Peramato Martín, en sustitución de Álvaro García Ortiz, que presentó este lunes su renuncia tras haber sido condenado a dos años de inhabilitación el Tribunal Supremo (TS), según han informado fuentes gubernamentales a Europa Press. Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que provienen sus dos antecesores.
La elección de Peramato, desde hace un año fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, además de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, ha sido a propuesta del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, según explican esas mismas fuentes.
Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el «reconocimiento unánime» de los operadores jurídicos. Cuenta con una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada «una de las grandes impulsoras» de la especialización judicial en esta materia.
En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Asimismo, ha ocupado el cargo de fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.
Además, Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de donde también provienen sus antecesores Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado.
Este nombramiento tiene lugar un día después de que Álvaro García Ortiz presentara su renuncia como fiscal general del Estado tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El CGPJ deberá emitir un informe
Una vez que el Consejo de Ministros proponga este martes a Peramato como sustituta de García Ortiz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá emitir un informe, aunque no será vinculante, según han explicado fuentes gubernamentales.
Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y, una vez que se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.
La UPF aplaude la elección
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha aplaudido la elección de Peramato, al considerar que «encarna de manera sobresaliente las mejores virtudes» de la carrera fiscal «para ser una magnífica fiscal general del Estado».
UPF, asociación de la que Peramato fue presidenta y a la que también pertenecía García Ortiz hasta su llegada al cargo, ha destacado la trayectoria profesional de Peramato, «fiscal de carrera con más de 35 años de servicio público, ampliamente respetada por la judicatura, la abogacía, los operadores jurídicos y por la propia carrera fiscal».
«Su designación representa la elección de una fiscal de acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales», ha asegurado la UPF en un comunicado.
En concreto, ha ensalzado el «compromiso» de Peramato «con la protección de las víctimas, en particular de las víctimas de violencia de género» por cuanto «su trabajo ha sido decisivo en la construcción de un modelo especializado y sensible frente a una de las más graves vulneraciones de Derechos Humanos en nuestra sociedad».
«Como fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer y, más recientemente, como fiscal de sala delegada para la protección de las víctimas, ha demostrado una dedicación ejemplar, un firme compromiso ético y una constante defensa de la dignidad de quienes más necesitan amparo», ha valorado UPF.
