- Por su parte, la abogada y exfiscal Elena Fernández Bezanilla advierte de que esta forma de violencia permanece en muchos casos invisible para los juzgados
En el marco del I Congreso de Familia y Sucesiones del ICAM, el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha defendido una línea jurisprudencial más clara y comprometida con el reconocimiento de la violencia económica como forma de violencia de género. En una mesa moderada por la abogada de familia y exfiscal Elena Fernández Bezanilla, el magistrado del Tribunal Supremo analizó los principales retos que plantea este fenómeno en la práctica judicial y propuso medidas para mejorar su identificación, prueba y tratamiento en los procedimientos de familia.
Lejos de constituir un concepto abstracto o meramente simbólico, la violencia económica se presenta como una forma estructural de control y dominación ejercida a través de los recursos financieros, con el objetivo de someter o castigar a la otra parte en el marco de una relación afectiva, muchas veces ya rota. A diferencia de otras manifestaciones de la violencia de género, no siempre deja huellas físicas ni es fácilmente perceptible, pero sus consecuencias son profundas, sostenidas en el tiempo y difíciles de revertir. “Estamos hablando de violencia económica con mayúsculas, que deja a la víctima en una situación absolutamente injusta”, señaló Magro.
Entre sus formas más comunes, según ha analizado el magistrado, se encuentran el impago reiterado y deliberado de pensiones alimenticias, la ocultación de ingresos o patrimonio, la generación de cargas económicas artificiales, la administración unilateral de los bienes comunes o incluso el uso estratégico del proceso judicial para bloquear el acceso de la otra parte a los recursos económicos imprescindibles para su autonomía. En todos estos casos, lo que se persigue es mantener el control económico como una extensión del dominio emocional o físico que existió durante la convivencia.
En su intervención, Magro ha alertado de que esta forma de violencia sigue infradiagnosticada por la justicia, en parte por la falta de criterios uniformes que orienten su detección, pero también por la ausencia de una cultura jurídica que la reconozca como un daño específico, con necesidad de reparación autónoma. A su juicio, visibilizar esta realidad exige un esfuerzo consciente por parte de los operadores jurídicos, tanto en la manera de argumentar las demandas como en la forma de redactar las resoluciones judiciales. Usar los términos adecuados —violencia económica, control financiero, maltrato patrimonial— no es solo una cuestión semántica: permite activar consecuencias jurídicas coherentes con la gravedad de la situación. “Cuando un juez detecte una situación de este tipo, tiene que decir que es violencia económica. Porque si no lo decimos, no se detecta”, advirtió.
Uno de los principales desafíos que plantea este tipo de violencia es su prueba en juicio. En este sentido, el magistrado ha subrayado la importancia de aportar informes periciales económicos que acrediten la existencia de una estrategia de empobrecimiento o bloqueo económico sostenido. “Un perito debe decir con claridad cuál es el perjuicio, cómo se ha producido y si existe intencionalidad”, ha explicado. Estos informes deben ser claros, estructurados y orientados al análisis jurídico, no solo contable.
También ha abogado por que las sentencias que identifiquen violencia económica la nombren de forma expresa y dejen constancia de su impacto. A su juicio, no basta con reconocer la existencia de un impago o de una conducta obstructiva: es necesario valorar si esa conducta responde a un patrón de maltrato y, en su caso, activar los mecanismos de protección previstos por la legislación en materia de violencia de género. En este punto, el magistrado insistió en que la violencia económica debe tener “la misma consideración” que cualquier otra forma de violencia de género.
La moderadora de la mesa, Elena Fernández Bezanilla, reforzó esta visión al señalar que la violencia económica sigue siendo invisible para muchos juzgados, lo que impide su adecuado tratamiento procesal. En su opinión, la formación especializada, la sensibilización institucional y la aplicación rigurosa de los principios de protección de los menores y de las víctimas deben ir de la mano para garantizar una respuesta efectiva. “Si no se identifica, no se juzga. Y si no se juzga, se perpetúa”, advirtió.
