- También quiere «mejorar» las causas del cese del jefe del Ministerio Público
El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a impulsar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para garantizar la «idoneidad» del candidato a fiscal general del Estado, mejorar las causas de su cese para asegurar su «plena independencia del Poder Ejecutivo» e impedir que su mandato coincida con el del Gobierno que lo propone.
En la iniciativa, recogida por Europa Press, los ‘populares’ plantean también que se actualicen y mejoren las «reglas de funcionamiento de la Fiscalía» para garantizar la «máxima transparencia» de la institución con el Poder Ejecutivo.
En este sentido, pretende que se le atribuyan al Ministerio Público «mayores capacidades de organización internar y de gestión presupuestaria». Propone, a su vez, una actualización de los procesos de toma de decisiones, de la resolución de discrepancias y del régimen disciplinario.
Además, el PP busca que se le otorgue «mayor peso» al Consejo Fiscal en la toma de «decisiones relevantes» que afecten a «la defensa de la independencia del Poder Judicial, de la promoción de la acción de la Justicia, de la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley».
La formación también quiere que se le dé dicho «peso» al órgano consultivo «en lo referente a las garantías profesionales de los fiscales, en general, y en materia de nombramientos discrecionales, en particular, que deben regirse, exclusivamente, por los principios de mérito y capacidad».
Ve «urgente» la modificación
Los ‘populares’ consideran «urgente» esta modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en un momento «en el que la situación procesal del máximo responsable de la Fiscalía contamina la credibilidad en su funcionamiento». Se refiere a la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos que le atribuye Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Para el PP esta situación «supone una anomalía democrática» que se debe «resolver» con una reforma del Estatuto Orgánico que «evite la percepción de que el Ministerio Fiscal obedece las órdenes del Gobierno».
Asimismo, recuerda que la Asociación de Fiscales, la mayoritaria de la carrera, también ha abogado por una reforma del Estatuto para «profundizar la independencia de la Fiscalía respecto del Poder Ejecutivo». Y hace referencia que el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos del Consejo de Europa ha recomendado a los Estados miembros sobre la gestión de las fiscalías para garantizar su independencia e imparcialidad.
