El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este lunes, tras poco más de una de reunión, admitir a trámite los dos recursos del Gobierno contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del 9 de noviembre, lo que en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución produce la suspensión automática de ambas disposiciones durante al menos cinco meses.
Así lo han confirmado fuentes del tribunal de garantías, que desde primeras horas de la tarde de ayer trabajaba para, en primer lugar, tener a punto los preceptivos informes sobre la admisibilidad de los recursos del Gobierno y después para renunir a los doce magistrados que integran en órgano, de mayoría conservadora.
La providencia dictada por el TC resuelve dar traslado de esta decisión al Congreso y al Senado y a la comunidad autónoma para que se persone y formule alegaciones.
Fue pasada la una de la tarde cuando la abogada general del Estado, Marta Silva, registró ambos recursos y se estaba a expensas de conocer si el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, convocaba al Pleno de urgencia, lo que ha ocurrido poco más tarde, convocandose a los magistrados a las 18.30 horas.