- Rojo ha ejercido como magistrada en una sección de la Audiencia Provincial de Valencia especializada en violencia sobre la mujer y ha dirigido numerosos cursos sobre la materia
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha acordado hoy delegar la presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en la vocal Esther Rojo, que sustituirá a la también vocal Esther Erice, quien durante el último año ha desempeñado el cargo, también por delegación.
El 23 de octubre de 2024, el Pleno del CGPJ acordó designar a ambas vocales representantes del órgano de gobierno de los jueces en el Observatorio, según lo previsto en el convenio de 26 de septiembre de 2002 por el que se creó este órgano, que establece en su apartado segundo que la presidencia corresponde al/la titular de la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
En ejercicio de dicho cargo, y según lo convenido por ambas vocales, que solicitaron rotar anualmente en la presidencia del Observatorio, la presidenta del TS y del CGPJ delegó el 6 de noviembre de 2024 la presidencia del órgano en la vocal Esther Erice.
Transcurrido un año desde dicha delegación, y de conformidad con lo acordado, Isabel Perelló -que ha agradecido a Erice la labor desempeñada durante este periodo- ha procedido este miércoles a traspasar la presidencia por delegación del Observatorio a la vocal Esther Rojo, que la ejercerá durante el próximo año.
Esther Rojo Beltrán
Licenciada por la Universidad de Valencia en Derecho y en Criminología, esta última con premio extraordinario de fin de carrera, Esther Rojo ingresó en la Carrera Judicial en 1996. Tras ser titular en juzgados de Denia (donde llegó a ser decana), Reus y Valencia, en 2018 obtuvo plaza de magistrada en la Audiencia Provincial de Valencia, donde ya había ejercido previamente en comisión de servicio entre abril de 2013 y diciembre de 2014 y entre febrero de 2017 y junio de 2018.
Durante su paso por este órgano estuvo destinada, entre otras, en una sección especializada en violencia sobre la mujer. En 2019 fue nombrada presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, cargo en el que permaneció hasta su designación como vocal del Consejo General del Poder Judicial en julio de 2024. Desde diciembre de 2014 hasta julio de 2024, formó parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, así como de su comisión permanente.
Esther Rojo ha asistido a numerosos cursos de formación, nacionales e internacionales, y ha participado como directora y como docente en diversas actividades formativas relacionadas, entre otras materias, con la violencia de género.
Entre estas actividades, el curso HELP-EU III del Consejo de Europa “Violence against women and domestic violence” (2023); “Violencia de género avanzado” (2022), “La trata de seres humanos” (2022) y “La trata de seres humanos. Últimos avances jurisprudenciales” (2018), organizados por el CGPJ. También, el seminario para integrantes de la Carrera Judicial “European Union Gender Equality Law” (2021), celebrado en Alemania, y el curso “Cybersecurity Summer BootCamp” (2020) de la Organización del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Como directora o codirectora figuran, entre otros, la “Estancia en juzgados de violencia de género exclusivos, con guardias de 12 horas” (2024) y el curso “Nuevos retos en materia de Violencia de género” (2023), organizados por el servicio de Formación Continua del CGPJ; o el curso “ La violencia sobre la mujer en todas sus formas: abordaje multidisciplinar” (2023), organizado por la Generalitat Valenciana y el CGPJ.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es una institución creada en el año 2002 y su finalidad principal es abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia.
Está integrado actualmente por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el Ministerio del Interior, el Ministerio de Igualdad, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.
