- La institución considera “esencial” la presencia en el alto tribunal de profesionales que hayan tenido contacto directo con los tribunales y la ciudadanía
La Abogacía ha reclamado que se establezcan méritos específicos para abogados y abogadas en el acceso al Tribunal Supremo, concretamente que se reconozca el ejercicio de la profesión ante juzgados y tribunales. Así lo ha hecho en las observaciones remitidas por la Comisión de Estudios, Informes y Proyectos de la Abogacía al “Borrador de reglamento que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales”, con el objetivo de garantizar que accedan al Supremo profesionales que han tenido contacto directo con los tribunales y que constituyen una pieza esencial y la más cercana a la ciudadanía en el funcionamiento de la administración de Justicia.
La presencia de profesionales de la abogacía en el Tribunal Supremo en los últimos años ha sido muy escasa. La Abogacía considera “esencial” que aumente y para ello es necesario que se diferencien los méritos que deben ostentar los abogados y abogadas de los que se contemplan para los demás juristas de reconocido prestigio.
En este sentido, la Abogacía propone incluir como méritos específicos el ejercicio efectivo de la Abogacía como colegiado ejerciente, el servicio efectivo en los procedimientos judiciales o administrativos en los que se haya ejercido como letrado director del procedimiento, la formación legal continua y especializada y la actividad docente universitaria y académica en disciplinas jurídicas y publicaciones científicas en materias de naturaleza jurídica.
“Se considera muy importante que se tenga en cuenta en la valoración de los candidatos abogados el ejercicio de la profesión ante juzgados y tribunales. Consideramos que resulta esencial un conocimiento práctico de la naturaleza y funcionamiento de los mismos”, afirma el escrito presentado por la Abogacía.
Además se propone, respecto a los integrantes de la Comisión de Calificación, que al menos uno de los vocales del turno de juristas sea necesariamente un abogado o abogada y que sean designados por el Consejo General de la Abogacía Española. Y también que dicha Comisión tenga que solicitar al Consejo General de la Abogacía toda la información que disponga sobre el censo y vida profesional de los abogados y abogadas que se presenten a los procesos selectivos para evitar, entre otras cosas, posibles casos de intrusismo y ejercicio irregular.
El Consejo General de la Abogacía ha reclamado también que el futuro Consejo del Poder Judicial, que nacerá del cambio de modelo de elección de sus vocales, cuente de forma obligatoria entre sus miembros con representantes de la abogacía. Y así se lo trasladó a la Comisión de Asuntos Institucionales del Poder Judicial en la reciente reunión mantenida, y el mes pasado a la Comisión de Venecia en su visita a Madrid para elaborar un informe sobre el tema.
