La Abogacía Española ha expresado al Ministerio de Justicia su oposición a que los Graduados Sociales puedan entrar a formar parte del sistema de Asistencia Jurídica Gratuita (AJG). En un encuentro mantenido en la sede del Ministerio, junto con representantes de los Graduados Sociales, los representantes de Consejo General de la Abogacía Española han asegurado que esta posibilidad” no haría más que generar una enorme confusión y desigualdad en el sistema, además de perjuicios para los clientes”.
La Abogacía ha apuntado que la participación de los graduados sociales en el turno laboral del sistema de AJG generaría una suerte de doble turno aleatorio, con juristas atendiendo a unos clientes y representantes técnicos asistiendo a otros. Y además rompería con el principio de unidad de defensa, ya que los letrados que a menudo atienden causas laborales terminan por extender los casos de sus representados al ámbito civil o penal. En este sentido, la inclusión de los graduados sociales no haría más que complicar las cosas, pues no podrían extender su labor a otros ámbitos jurisdiccionales para los que carecen de capacitación y de conocimientos.
Además, la inclusión de estos profesionales en el turno de la jurisdicción social significaría que sus colegiados quedarían fuera del Código Deontológico por el que se rigen los miembros de la abogacía, a quienes la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial otorga, con carácter exclusivo y excluyente, la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos y la función de asesoramiento y consejos jurídicos.
En el transcurso del mismo encuentro, la Abogacía Española ha preferido quedarse al margen de debatir si se debe desarrollar o no una normativa para el acceso a la profesión de Graduado Social. Pero sí ha llamado la atención sobre la inoportunidad y el sinsentido que supondría pretender aprovechar la reforma de la ley de Acceso a la Abogacía y la Procura para regular una profesión que no se encuentra entre las consideradas como jurídicas.
