A Bruselas la vemos lejos, complicada y sofisticada; porque… lo es. Es algo que admiten quienes trabajan ahí de forma esporádica o estable. De todos modos, también hay que reconocer que se hacen esfuerzos por acercar esa administración al ciudadano de a pie: y a eso nos queremos referir aquí. Concretamente, se han ampliado las formas de influir en la legislación. Abogados, ¡atentos!
Desde el 1 de enero, la Comisión Europea ofrece a ciudadanos, empresas y organizaciones no gubernamentales un plazo mínimo de 12 semanas para que presenten sus observaciones sobre las nuevas políticas y la legislación nueva, frente a las 8 semanas de que disponían anteriormente. Con su política de "legislación inteligente", la Comisión busca asociar a los ciudadanos y las empresas al proceso legislativo de modo que, al confeccionar una propuesta legislativa, pueda tener en cuenta todos los datos e inquietudes.
Ello facilitará su participación en la elaboración de las políticas de la Unión Europea en una fase temprana. La Comisión ha creado asimismo un servicio de aviso para las iniciativas futuras: las organizaciones que se inscriban en el Registro de Transparencia (puede registrarse aquí ) tienen la posibilidad de apuntarse a este servicio de aviso para disponer de información temprana sobre los planes de las nuevas iniciativas en los sectores que sean de su interés, alrededor de un año antes de su aprobación.
El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ha declarado: "Un factor clave para acertar en nuestras políticas es escuchar a quienes van a ser afectados por las mismas. Al ampliar el plazo de consulta pública, damos una mayor voz a los ciudadanos, las empresas y las organizaciones, lo que nos ayuda a conformar nuestras políticas en beneficio de todos".
La Comisión espera que la ampliación del plazo de consulta y el nuevo servicio de aviso hagan aumentar la participación pública en sus consultas, sobre todo la de los grupos que hasta el momento han estado infrarrepresentados.
Por ejemplo, las federaciones de PYME dispondrán ahora de más tiempo para organizarse y consultar a sus miembros sobre el modo en que una nueva propuesta de política puede afectar a las pequeñas empresas.
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