La estrategia orientada a resultados que debe regir la contratación pública se está viendo afectada ante el considerable incremento del importe de las licitaciones y la reducción del número de las presentadas.
La subida de los costes salariales y del SMI, la complejidad de los procedimientos, la excesiva duración de los contratos, la falta de transparencia y la corrupción, no contribuyen precisamente a superar esa situación.
El análisis de cuestiones como las siguientes, seguro contribuirá a encontrar soluciones para superar los hándicaps actuales.
El Club de los Miércoles, que organiza Aranzadi LA LEY, celebró ayer una nueva edición, en la que se debatió sobre esta cuestión. En el encuentro, que estuvo moderado por Conchi Obispo Triana, editora del Departamento de Derecho Público de Aranzadi LA LEY, intervinieron como ponentes: Francisco Javier Vázquez Matilla, doctor en Derecho y abogado especializado en Contratación Pública y Álvaro de la Vega Marcos, subdirector general del Régimen Jurídico y Autorizaciones del Ayuntamiento de Madrid.
Los expertos debatieron sobre estas cuestiones:
- La volatilidad de los precios en los contratos públicos y la subida del SMI.
- Las posibles medidas para la simplificación de los procedimientos.
- Las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial en la compra pública.
Conchi Obispo introdujo el debate recordando que al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), obviamente, tiene implicaciones significativas tanto en la gestión como en la ejecución de los contratos públicos, lo cual requerirá adecuaciones técnicas, administrativas y, por supuesto, estratégicas, para equilibrar costos, calidad, y cumplimiento normativo. Por otro lado, la complejidad de los procedimientos de contratación representa otro reto significativo para los operadores jurídicos. Adaptarse a las normativas cambiantes, gestionar requisitos de transparencia y garantizar el cumplimiento eficiente son cruciales para el éxito de cualquier entidad en su misión de servir al interés público.
Por su parte, sobre la volatilidad de los precios en los contratos públicos y la subida del SMI, Álvaro de la Vega Marcos apuntó que el acercamiento de posturas entre el sector público y el privado es fundamental. Para alcanzar puntos de encuentro es necesario llegar acuerdos y aceptar cesiones por ambas partes, revisando precios, modificando los contratos o apostando por el restablecimiento del reequilibrio de las prestaciones. En todo caso, nunca debe olvidarse que, sin dejar de invocar al principio de seguridad jurídica, no podemos mostrarnos insensibles ante la nueva realidad que se presenta, dado que, al fin al cabo, detrás de todo ello hay personas. La situación es complicada, pero, sin duda, pueden paliarse los problemas futuros con una buena planificación y una adecuada previsión.
Por último, Francisco Javier Vázquez Matilla explicó que son muchas las circunstancias que dificultan y retrasan, en ocasiones de manera inasumible, el proceso de contratación: errores de concepto, falta de medios, ausencia de planificación, roles inadecuados en la organización, tareas mal asignadas, ausencia de servicios profesionalizados, licitaciones que no llegan a materializarse,… Lo ideal es que, como punto de partida, los criterios de adjudicación sean mucho más claros y sencillos. Apostar por procedimientos como Sistemas Dinámicos de Adquisición o catálogos electrónicos, contribuiría en gran medida a reducir muchos de los problemas apuntados.
Terminó su exposición con una alusión a cómo la Inteligencia Artificial puede contribuir a mejorar todo el proceso de compra pública: calcular ponderaciones, precios, elaborar informes, pliegos… ; no obstante, a día de hoy, se deben tomar mucha precauciones ante las “alucinaciones” de los sistemas.
