- En el primer semestre de 2019, se registraron 77.454 extinciones de contratos indefinidos por no superar el periodo de prueba. Seis años después, en el mismo periodo de 2025, la cifra se multiplicó por más de cuatro: 350.459 ceses
Lo que nació como una reforma para reducir la precariedad laboral y limitar el abuso de la contratación temporal está teniendo un efecto inesperado: una explosión de despidos en periodo de prueba dentro de contratos indefinidos. Los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social y del SEPE dibujan una realidad compleja: más empleo indefinido sobre el papel, pero también más inestabilidad.
De 77.000 a 350.000 ceses en seis años
En el primer semestre de 2019, se registraron 77.454 extinciones de contratos indefinidos por no superar el periodo de prueba. Seis años después, en el mismo periodo de 2025, la cifra se multiplicó por más de cuatro: 350.459 ceses, según datos oficiales.
La evolución es todavía más llamativa si se analizan las cifras de junio: de 11.135 ceses en 2019 se ha pasado a 71.575 en junio de 2025, un aumento del 542 %. En la práctica, esto significa que el 45 % de las bajas laborales de indefinidos se producen hoy sin indemnización, frente al 24 % que representaban antes de la reforma.
“Estamos ante un cambio cultural en la contratación”, señala Fe Quiñones Martín. “El contrato indefinido ya no se interpreta como una garantía de estabilidad, sino como un marco flexible que muchas empresas utilizan de forma estratégica, a menudo con la expectativa de que no se superará el periodo de prueba”.
Indefinidos… pero inestables
El Estatuto de los Trabajadores regula el periodo de prueba y establece límites: seis meses para técnicos titulados, dos meses para la mayoría de trabajadores (tres en empresas de menos de 25 empleados) y un mes en contratos temporales inferiores a seis meses. No obstante, los convenios colectivos pueden ampliarlo.
En teoría, este mecanismo permite evaluar la idoneidad del trabajador, pero en la práctica se está utilizando como un sustituto encubierto de la contratación temporal. El fenómeno se acentúa en los meses de verano, lo que apunta a un patrón estacional muy marcado.
“Lo preocupante es que esta figura, concebida para casos excepcionales, se está convirtiendo en una vía recurrente de rotación laboral”, advierte Quiñones. “Al no implicar indemnización, los ceses en periodo de prueba salen ‘gratis’ para las empresas, y eso incentiva un uso abusivo”.
La reforma laboral también disparó el número de fijos discontinuos, que rozan ya las 800.000 personas. Aunque este modelo reduce la temporalidad estadística, oculta un elevado volumen de inactividad: los analistas calculan que el paro real supera los tres millones de personas.
Los despidos en periodo de prueba se suman así a una foto más amplia de fragilidad laboral, donde los contratos indefinidos no siempre garantizan estabilidad ni continuidad.
Bruselas, la directiva pendiente y la Inspección de Trabajo
A este panorama se añade un factor europeo. La Comisión Europea ha denunciado a España ante el TJUE por no haber traspuesto a tiempo la directiva de condiciones laborales y transparentes, cuyo plazo venció en agosto de 2022. La norma incluye límites al uso del periodo de prueba, como prohibirlo en contratos de menos de siete días.
Mientras tanto, la Inspección de Trabajo prepara un plan de control 2025-2027 que pondrá el foco en el abuso de esta figura. Según los borradores, las empresas podrían enfrentarse a multas de hasta 1.000 euros por contrato si se detecta fraude en la utilización de periodos de prueba como herramienta sistemática de rotación laboral.
“La presión inspectora va a aumentar, y las sanciones pueden tener un efecto disuasorio real”, apunta Quiñones. “El problema es que muchas empresas pequeñas, sin asesoramiento, ni siquiera son conscientes de que su práctica puede considerarse un fraude”.
Los empresarios defienden que necesitan fórmulas de flexibilidad en un contexto marcado por el aumento del SMI, la reducción de jornada a 37,5 horas y el endurecimiento de las condiciones de despido. Pero los sindicatos y parte de la doctrina laboral apuntan a una “precarización encubierta” de los indefinidos, al usarse la prueba como un filtro económico para abaratar la rotación.
Adaptarse con seguridad jurídica
La realidad es que, en 2025, las empresas se mueven en un entorno de mayor escrutinio legal. Cada contrato indefinido firmado y cada baja en periodo de prueba pueden derivar en inspecciones o sanciones.
En este contexto, contar con abogados de despidos que dominen la normativa laboral se vuelve fundamental para evitar riesgos. Asimismo, disponer de una iguala jurídica para empresas, con asesoramiento continuado y a tarifa fija, ofrece una herramienta de seguridad en un escenario donde las reglas cambian rápido y las sanciones pueden multiplicarse.
