Para los Decanos, la Ley de acceso ha creado "situación de inseguridad jurídica, zozobra institucional e insatisfacción social"
La Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de España, reunida en Asamblea General ordinaria, ha adoptado un acuerdo por unanimidad acerca de la Ley de Acceso a la Abogacía y la Procura del que han dado traslado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al Ministerio de Justicia, y a los Consejos Generales de la Abogacía y de la Procura de España.
Los Decanos de las Facultades de Derecho de España, reunidos en Calatayud, se han pronunciado de modo oficial y unánime acerca de la Ley de Acceso a la Abogacía y la Procura en una declaración breve y dura. ¿Quiere saber más acerca la situación?
Lo cierto es que es un texto que a pocos convence, aunque era sin duda necesario dada la dispar formación con la que salen los jóvenes de las Facultades de Derecho, debido al a veces abismo de nivel entre unas y otras. Al respecto, en Legal Today nos hacíamos eco en enero de cómo ve la Ley el libro "Impacto de la Abogacía en la economía", encargo del Consejo General de la Abogacía al Instituto de Estudios Económicos cuya autora es la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares Elena Mañas y que ha contado con la colaboración especial del Abogado del Estado Tomás González Cueto, el profesor de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid Gilberto Pérez del Blanco y el estadístico Emilio A. Gómez Zapatero: "La Ley de Acceso a las profesiones de abogado y procurador es una ley esencial para el ejercicio de la profesión. A pesar de no tratarse de un texto técnicamente perfecto (ni probablemente bueno tan siquiera), era necesario. En verdad es un hito la creación del título profesional de abogado disociado del título académico".
¿Qué han dicho lo Decanos?
La Conferencia de Decanos ha aprobado el siguiente texto: "La reforma de la Ley 34/2006, de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, llevada cabo por el RD-ley 5/2012, de 5 de marzo, ha supuesto una modificación inoportuna de un régimen jurídico previamente aceptado, sobre el que las Universidades y los Colegios Profesionales han venido trabajando con decisión para poner en marcha los másteres en los términos prefijados".
Continua afirmando que "Las medidas adoptadas suponen de hecho para los alumnos un tratamiento injustificadamente desigual para situaciones materialmente equiparables, y desdobla el modo de acceso a estas profesiones de una manera confusa e ineficiente.
"Esta intervención normativa -sigue-, a todas luces improvisada y con palmarios defectos de técnica legislativa, se ha gestado sin la colaboración de las partes afectadas, y, lejos de resolver problemas, crea otros de difícil y compleja solución, provoca inseguridad jurídica e introduce nuevos y serios inconvenientes que ponen en evidente riesgo la implantación de los másteres en el modo y plazos previstos. Las Facultades de Derecho han cumplido fielmente la legislación vigente, y este proceder permanecerá invariable. En consecuencia, la Conferencia de Decanos y Decanas insta al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a adoptar, de modo urgente, las medidas necesarias para resolver la situación de inseguridad jurídica, zozobra institucional e insatisfacción social que la norma ha provocado; y a restaurar los cauces de diálogo y acuerdo que han presidido hasta este momento las relaciones entre las partes interesadas".
