La cuarta jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador -pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, ha tenido como protagonistas este martes en el Tribunal Supremo (TS) a periodistas de la Cadena SER y de El País, que han negado ante el tribunal que la fuente que les suministró la información fuera el jefe del Ministerio Público.
Se trata de dos testigos clave. García Ortiz está acusado, precisamente, de haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 al periodista de la Cadena SER un correo del 2 de febrero de ese año del abogado de González Amador, Carlos Neira, a la Fiscalía ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar la cárcel.
Ambos profesionales han participado en unos interrogatorios particularmente tensos. Sobre todo, con la acusación particular que ejerce Gabriel Rodríguez Ramos en representación de González Amador.
El redactor de la radio ha comenzado argumentando que «una fuente no es el primero que pasa por ahí», poniendo de relieve que «se pueden tardar meses, si no años», en conseguir una. Mientras el redactor explicaba, el abogado miraba al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta.
«En ningún momento», ha respondido el periodista cuando la acusación le ha preguntado si alguna vez habló por teléfono o WhatsApp con García Ortiz. Por contra, ha detallado que conoció el contenido del ‘email’ la mañana de ese 13 de marzo, antes de la hora en la que consta en la causa que lo recibió el fiscal general.
La acusación y el testigo también han discutido sobre la hora a la que contactó con sus fuentes, una vez ‘El Mundo’ publicó a las 21:29 del 13 de marzo una información -basada en otro correo, del 12 de marz– en la que se aseguraba que era Fiscalía quien había ofrecido un pacto a la defensa de González Amador.
Según ha contado, el periodista estaba en la madrileña calle de Ponzano viendo el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. No han llegado a acordar la hora a la que comenzó su ronda de llamadas, pero sí que recordaba que no había terminado la primera parte del partido.
Juan Antonio Frago, abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha recogido el ‘guante’ de su colega de la acusación para preguntarle si recordaba los hechos por los que se le preguntaba a través de detalles concretos del partido, como goles a favor y en contra de los colchoneros o el mencionado fin de la primera mitad.
Algunas personas del público se han reído ante esto, evocando la declaración del fiscal de delitos económicos Julián Salto, encargado del caso de González Amador, que estaba viendo el partido en el Estadio Metropolitano y que recordó ante el tribunal los pormenores del juego.
«Vamos a ver, pregunte y responda»
Por su parte, el exsubdirector de El País y actualmente director adjunto de elDiario.es ha vivido uno de los interrogatorios más broncos de las cuatro sesiones celebradas hasta ahora de este juicio. El periodista y el abogado se interrumpían continuamente, lo que ha provocado la mediación constante del presidente del tribunal
«Vamos a ver, pregunte y responda», ha manifestado Martínez Arrieta dirigiéndose a las dos partes. «¿Tengo que responder como él quiere?», ha soltado el redactor, que ha reconocido que accedió a la información sobre la voluntad de González Amador de pactar a través de «fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid».
Según ha mantenido el periodista, obtuvo la información «antes» que García Ortiz y ha reiterado que el fiscal general no fue su fuente de información. Rodríguez Ramos le ha preguntado por la identidad de dicha fuente, a lo que el ahora director adjunto de ‘eldiario.es’ no ha respondido, acogiéndose al secreto profesional.
«Solo pueden ser dos: García Ortiz o (la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado) Mar Hedo», ha espetado el letrado y ha preguntado quién de estos dos fue. Martínez Arrieta ha retirado su pregunta.
Además de estos dos periodistas, han declarado otros tres de la sección de Local de El País, quienes protocolizaron ante notario sus conversaciones de WhatsApp de ese día -y forman parte de la prueba documental del juicio- y una redactora de El Plural.
Estos cuatro profesionales han respondido en apenas media hora. La defensa, que había propuesto como testigos a los reporteros de ‘El País’, les ha hecho muy pocas preguntas, lo que ha dejado poco margen al resto de partes para preguntar por otras cuestiones.
Los papeles del fiscal de Protección de Datos
Con permiso de la prensa, el otro foco de atención en esta cuarta jornada ha sido el fiscal delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado, Agustín Hidalgo de Murillo, que ha sorprendido a la sala cuando, a preguntas de Rodríguez Ramos, ha sacado un voluminoso taco de folios con varios archivos sobre la normativa que explica sus funciones, tema en torno al cual ha girado buena parte de las preguntas de la acusación.
El testigo, que ha explicado que sus funciones son fomentar «la cultura de protección de datos» frente al «síndrome de Diógenes» que ha asegurado que impera en Fiscalía, pero no investigar y menos sin queja del «interesado» -algo que ha subrayado que no había en el caso de González Amador-, ha rechazado que hubiera brecha de seguridad por la nota de prensa publicada por Fiscalía el 14 de marzo sobre los ‘emails’ entre la defensa del empresario y el fiscal; y por el hecho de que García Ortiz los recibiera en su cuenta personal de Gmail. También ha sostenido que éste podía borrar.
Hidalgo de Murillo ha revisado sus papeles en el interrogatorio de la mayoría de las partes, resolviendo muchas de las cuestiones que se le hacían con una respuesta de carácter técnico. En una de ellas, mientras el fiscal de Protección de Datos detallaba sus funciones, Rodríguez Ramos le ha intentado frenar para proseguir con su interrogatorio.
«¿A usted le interesa esta información?», se ha dirigido Martínez Arrieta al abogado. «Pues no mucho», ha respondido él, provocando las risas del público. En concreto, al ser preguntado sobre si el borrado del teléfono del fiscal general puede constituir una brecha de seguridad, Hidalgo de Murillo ha preguntado al presidente del tribunal si podía revisar su guía. Rodríguez Ramos, inquieto, miraba al techo, resoplaba por la nariz o se cubría la cara con las manos, mientras los magistrados del tribunal Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo susurraban entre sí.
