- Piden a instituciones europeas que estudien «el impacto» de las mismas y solicitan reuniones a los grupos parlamentarios
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han avisado al Ministerio de Justicia de que adoptarán «cuantas medidas colectivas sean necesarias para la defensa de los principios fundamentales que sustentan» la carrera, al tiempo que han pedido al departamento que lidera el ministro Félix Bolaños «diálogo» sobre las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal.
En un comunicado dirigido a sendas carreras, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial e Independiente (FJI), y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) dan detalles de la «hoja de ruta» acordada el pasado viernes.
Fue ese día cuando las asociaciones convocaron un paro de diez minutos para las 12 horas del 11 de junio a las puertas de las sedes judiciales para expresar su rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno. En el mismo, recuerdan ahora, se solicitó «expresamente la retirada del citado proyecto de Ley, al entender que incorpora medidas altamente perjudiciales».
Las asociaciones inciden ahora en que el mismo «no responde a una demanda social real y no soluciona los problemas estructurales de la justicia, sino que los agrava, aumentando el riesgo de politización del sistema y debilitando los valores constitucionales».
Desde el pasado viernes, apuntan, han ejecutado «los compromisos asumidos», habiendo «remitido comunicaciones formales acompañadas de los informes elaborados por las asociaciones firmantes a todos los grupos parlamentarios del Congreso y Senado, así como al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores y el Colegio de Graduados Sociales, la Asociación de Abogados del Estado, el Consejo General del Notariado y diversas asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia».
«En todos los casos, hemos solicitado reuniones presenciales para explicar de forma directa los efectos de ambas reformas y compartir nuestro análisis sobre sus graves implicaciones», apunta el comunicado, que también informa de las comunicaciones remitidas «a nivel europeo».
«Debilitando pilares del estado de derecho»
En concreto, las citadas asociaciones aseguran que se han dirigido por escrito al presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), David Meyer, a la presidenta de la Comisión de Venecia, Claire Bazy, al comisario de Justicia de la Unión Europea, Michael McGrath y al presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos.
«En nuestra comunicación, destacamos la Sentencia del TJUE en el asunto Repubblika (C-896/19), que establece el principio de no regresión en materia de independencia judicial, y advertimos que las reformas propuestas vulneran este estándar europeo, debilitando pilares esenciales del Estado de Derecho», apuntan.
En este contexto, lo que piden a estas instituciones es que «tomen conocimiento formal de la situación, que evalúen el impacto de las reformas en la independencia judicial y separación de poderes» y que «consideren la activación de los mecanismos de supervisión pertinentes».
Las asociaciones insisten en que siguen «manteniendo plena disposición al diálogo con el Ministerio de Justicia y los grupos parlamentarios, en un marco de rigor, transparencia y cooperación, sin renunciar, en ningún caso, al ejercicio de cuantas medidas colectivas sean necesarias para la defensa de los principios fundamentales que sustentan la Justicia».
