España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, orientado a reducir desigualdades y promover el bienestar de sus ciudadanos. Este artículo sostiene que el Tercer Sector —organizaciones privadas, sin ánimo de lucro y de interés general— amplía la efectividad de los derechos y refuerza la cohesión social, siempre que actúe con seguridad jurídica, transparencia y buena gobernanza.
La coyuntura actual exige impulsar un Tercer Sector más transparente y eficaz, que contribuya a la efectividad de los derechos y complete la provisión de servicios de interés general. En primer lugar, se define su marco jurídico esencial; en segundo término, su valor público; y finalmente, los principales retos para consolidar su papel en el Estado Social. En pocas palabras, el Tercer Sector en España no solo complementa al Estado social, sino que se ha convertido en uno de sus pilares invisibles.
Qué es el Tercer Sector en España y su marco jurídico esencial
El Tercer Sector ocupa una posición intermedia entre el sector público y el privado. Mientras el primero lo integran las instituciones del Estado y el segundo las empresas con fines de lucro, el Tercer Sector agrupa entidades privadas sin ánimo de lucro que promueven el bienestar social.
Bajo dicha definición pueden agruparse un amplio abanico de figuras jurídicas, lo que evidencia la diversidad del Tercer Sector; en particular las fundaciones y asociaciones ocupan un lugar preeminente. Las asociaciones se rigen por el principio de autonomía y autorregulación estatutaria; las fundaciones actúan conforme a la voluntad fundacional, bajo tutela del Protectorado y con límites y autorizaciones para sus modificaciones estructurales.
Su marco normativo básico se asienta en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación; Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Existen, además, desarrollos autonómicos que completan esta regulación. Este marco garantiza un entorno jurídico estable desde el cual las entidades pueden generar valor público y actuar como agentes de cohesión social.
Qué aporta realmente (valor público).
El tercer sector aporta valor público allí donde la administración o el mercado no alcanzan, gracias a su proximidad y capacidad de respuesta. Identifica necesidades sociales emergentes, impulsa soluciones innovadoras y, una vez validadas, las integra en redes de colaboración institucional.
Este valor se multiplica cuando existe diálogo y colaboración estable con administraciones y empresas, bajo códigos de buen gobierno, transparencia y medición de resultados proporcionales al tamaño de la entidad.
La transparencia implica hacer visible el funcionamiento interno: objetivos, recursos, decisiones y resultados, de forma accesible, verificable y periódica. Por ello, este valor público depende, en buena medida, de afrontar con éxito retos de financiación, transparencia, profesionalización y gobernanza, que tratamos a continuación.
Retos actuales y cómo mejorarlos.
El gran reto hoy es cambiar el prisma sobre el Tercer Sector y devolverle protagonismo. Para lograrlo, las organizaciones deben conectar de forma auténtica con sus grupos de interés y generar confianza de manera sostenida. Entre los desafíos más relevantes destacan:
- Sostenibilidad y previsibilidad. El desafío no es solo captar fondos, sino asegurar ingresos estables y predecibles que permitan planificar los objetivos sin interrupciones. Las entidades del Tercer Sector deben diversificar la captación de fondos (fundraising) combinando varias vías – fondos europeos, subvenciones públicas, aportaciones privadas y colaboración empresarial- y favorecer acuerdos plurianuales.
- Transparencia y comunicación útil. Pasar de cumplir a explicar qué hace la entidad, con qué recursos y qué resultado obtiene, en lenguaje claro y con actualización periódica. Así se refuerzan la confianza y la rendición de cuentas, mostrando el impacto con datos claros y útiles.
- Gobernanza y cumplimiento. Reglas claras, roles definidos, conflictos de interés gestionados y controles básicos. En asociaciones, asamblea activa y estatutos vivos; en fundaciones, respeto a la voluntad fundacional, Patronato eficaz y relación ordenada con el Protectorado. Son referencia el Código de Buen Gobierno de la AEF[8] y la Guía de compliance para fundaciones.
- Colaboración con Administraciones Públicas. Mantener diálogo civil regular, identificar puntos de apoyo donde aportar valor y elegir bien el instrumento jurídico: convenios, contratos con cláusulas sociales o subvenciones para proyectos concretos; alinear los proyectos con la Agenda 2030/ODS.
- Reputación y mitos (fundaciones). Persistenpercepciones de opacidad o privilegio, en especial entre públicos jóvenes. La respuesta es transparencia proactiva y comunicación clara, así se refuerza la confianza y se corrigen estereotipos.
En definitiva, Una comunicación pública sencilla y verificable, especialmente orientada a los jóvenes, ya forma parte de la buena gobernanza del sector y proyecta su impacto social de forma sostenible.
Conclusión.
España es un Estado social y democrático de Derecho. Esto, que repetimos casi de memoria, tiene consecuencias prácticas: ninguna Administración puede llegar sola a todos los rincones del país. Ahí entra en juego el Tercer Sector, ese conjunto heterogéneo que complementa la acción pública y aporta innovación social.
El Tercer Sector en España complementa al Estado Social, constituyéndose un pilar estratégico en la construcción del bienestar colectivo y la corrección de desigualdades. Su valor público radica en la proximidad a las necesidades reales de la ciudadanía y en su capacidad para generar redes de apoyo que fortalecen la cohesión social.
No obstante, la coyuntura actual exige superar desafíos ya señalados, erradicar las percepciones de opacidad y consolidar la posición del Tercer Sector como actor esencial del Estado social del siglo XXI.
