Jugar a la petanca o tomar queso de postre, ¿hace falta tener pasaporte francés para “ser francés”?
No es un secreto que las arcas de la vecina Francia se encuentran en un mal momento. El progresivo aumento del gasto público de los últimos años ha derivado en un déficit fuera de control que ha levantado muchas alarmas. Se encontraría en “la última estación antes del precipicio de la deuda”, resultando “un peligro mortal para el país”, en palabras recientes del propio primer ministro Bayrou.
Con una presión fiscal ya bastante elevada sobre sus contribuyentes, se debate sobre todo tipo de medidas, que van más allá de recortes y congelación de pensiones. Se ha llegado incluso a proponer la supresión de dos días festivos nacionales.
Durante el último año, desde algunos sectores políticos del país galo se ha incrementado la presión para la introducción de un nuevo impuesto: sobre “la nacionalidad francesa”.
Esta propuesta no es nueva en Francia. Se viene presentando de forma recurrente en campaña electoral, tanto por candidatos de extrema izquierda como de extrema derecha. De hecho, hace unos meses se intentó introducir este impuesto en el proyecto de ley de finanzas para 2025, aunque finalmente no obtuvo el apoyo suficiente para ser aprobado.
Tal medida iba dirigida a las personas de nacionalidad francesa viviendo en el extranjero, que hubieran residido en Francia al menos tres de los últimos diez años antes de abandonar el país.
Este nuevo impuesto habría afectado a las expatriaciones a países con una fiscalidad más atractiva: inferior en al menos 50% al tipo que resultaría aplicable en Francia, exigiendo lo que se hubiera tributado en dicho país por la diferencia de tipos, abarcando el impuesto sobre la renta, la fortuna, donaciones y sucesiones.
La medida propuesta en Francia iba especialmente dirigida a un grupo de interés, los cerca de 200.000 nacionales franceses que viven en la vecina Suiza, de los cuales aproximadamente la mitad tendrían la doble nacionalidad franco-suiza (la nacionalidad suiza se puede adquirir generalmente tras vivir 10 años en el territorio).
Debido a la gran diferencia del coste de vida y de salarios existente entre ambos países, una renta anual baja de un residente en Suiza podría tributar en las escalas más altas previstas por Francia.
Si bien el impuesto a la nacionalidad no ha podido ser aprobado por el momento debido a la falta de consenso suficiente, sí es cierto que se puede respirar cierto clima de incertidumbre entre los expatriados franceses, especialmente debido a la inestabilidad política que viene sufriendo el país durante los últimos años, así como por la mala situación económica que atraviesa la gigante administración francesa.
Esta creciente preocupación ha derivado en una estrategia de potencial protección fiscal que no habíamos visto nunca por el momento: solicitar la renuncia a la nacionalidad, en este caso, la francesa. No obstante, no resulta un procedimiento rápido ni sencillo en el caso de Francia, resultando la decisión final en cierta medida discrecional por el propio gobierno.
Actualmente, la inmensa mayoría de países (Francia incluida) optan por gravar a sus contribuyentes siguiendo el principio de residencia fiscal. No obstante, hay dos jurisdicciones que clásicamente han optado por extender su soberanía fiscal a sus nacionales: EEUU y Eritrea.
En el caso de EEUU, el sistema actual se estableció en el siglo XIX durante su Guerra Civil, con el objetivo de disuadir a sus ciudadanos de escapar del país y huir de lo que se consideraban sus deberes cívicos.
En cuanto al caso de Eritrea, el llamado “impuesto de la diáspora” se remonta a los años 90, tras la independencia del territorio de Etiopía. Su motivación original era la reconstrucción después del largo conflicto, sin embargo, hoy en día se mantiene para la financiación de su gobierno.
En ambos casos, el establecimiento de un impuesto ligado a la nacionalidad se corresponde con períodos de conflicto. En este sentido, hay quienes avisan que este tipo de medidas cobran fuerza ante un posible escenario bélico: el gasto estatal se dispara y así de alguna manera se intentaría limitar el éxodo de contribuyentes que lo sostengan.
En cuanto a la posibilidad de que un impuesto basado en la nacionalidad se convierta en una realidad a corto plazo en Francia u otro país europeo, por el momento parece poco probable. Se trataría de una medida bastante agresiva que parece difícil que logre el apoyo suficiente, que además implicaría la necesidad de renegociar los Convenios para evitar la doble imposición suscritos (más de un centenar), así como la puesta en marcha de un sistema de monitoreo tipo FATCA.
En cualquier caso, no hay que perder de vista el nuevo horizonte económico y geopolítico: los miembros de la OTAN se han comprometido al incremento del gasto en defensa, estando muchos de ellos ya muy sobreendeudados. ¿Cómo podrían financiar un eventual nuevo conflicto bélico internacional?¿Qué ocurriría si a la situación actual, se sumase una crisis de deuda o de otra índole?
Por el momento, en Francia se encuentran buscando nuevas y originales medidas para tratar de salir de su espiral de deuda, mientras la misma “crece en 5.000 euros por segundo”.
Con pasaporte francés o sin él, a beber champagne, por lo que pueda venir después.
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