A la abogacía le está golpeando fuerte la crisis no porque no haya trabajo, sino porque cobrar cuesta sangre, sudor y a veces lágrimas. Pero no sólo la crisis es la raíz de todos los males, porque ahora los que salgan de la carrera de Derecho -incluso de la licenciatura, no sólo de grado- tienen que hacer posgrado y examen, factores que les asegurarán una formación teórica y práctica no sólo más sólida, sino más madura y asentada que sin ellos. El libro “Impacto de la abogacía en la economía” también analiza este aspecto fundamental para la mejora de la profesión de dentro a fuera y de fuera a dentro.
Tal y como reconoce el libro “Impacto de la Abogacía en la economía”, encargo del Consejo General de la Abogacía al Instituto de Estudios Económicos cuya autora es la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares Elena Mañas y que ha contado con la colaboración especial del Abogado del Estado Tomás González Cueto, el profesor de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid Gilberto Pérez del Blanco y el estadístico Emilio A. Gómez Zapatero, “la vida profesional del abogado español se ha complicado enormemente, aunque algunos no se hayan enterado. Esto requiere más exigencia en la formación de quien pretende acceder al ejercicio profesional y más formación del abogado que ya ejerce”. De esta formación se ha ocupado con intensidad el Consejo General de la Abogacía dando impulso a la Ley de Acceso, texto que mejora sin duda alguna la calidad de la profesión y nos homologa con los países de nuestro entorno.
“Impacto de la Abogacía en la economía” dedica palabras muy concretas a la Ley de Acceso: “La Ley de Acceso a las profesiones de abogado y procurador es una ley esencial para el ejercicio de la profesión. A pesar de no tratarse de un texto técnicamente perfecto (ni probablemente bueno tan siquiera), era necesario. En verdad es un hito la creación del título profesional de abogado disociado del título académico”. Hito que crea el nivel de la calidad.
¿Qué pasa con la Ley de acceso? Le hemos dedicado bastante tiempo a ello.
Según “Impacto de la abogacía en la economía”, “La mera existencia de la Ley de Acceso nos homologa, por fin, con los Estados de nuestro entorno, especialmente en el ámbito de la Unión Europea. Y esto es también esencial en un Espacio Jurídico –no sólo Judicial– Europeo, que se corresponde además con un mercado de los servicios jurídicos también al menos continental”.
Sin embargo, “El siguiente paso debe ser el de la especialización, ya desarrollada en la práctica, pero huérfana de regulación, con la consiguiente distorsión en la información que reciben los clientes acerca de la capacitación del profesional que pretenden contratar”. Dicha especialización viene de la mano de que los empleadores o los propios clientes en caso de abogados individuales tendrán conciencia clara de que ese profesional del Derecho ha pasado por varias fases formativas y selectivas.
Razón de la Ley, según el enfoque económico
Y es que las garantías de una mejor formación y de la realidad de la especialización que el abogado alega no sólo benefician a los abogados, sino también a los clientes, a los ciudadanos.
Dice la autora que “El foco de cualquier reforma que afecte a nuestra profesión debe situarse en el ciudadano y en la calidad de los servicios que se le prestan. Cuando se regula teniendo en mente tan sólo el precio de esos servicios, el error es seguro”. Si hablamos de precio…precio hay.
Así pues, -sigue- “encontramos en primer lugar una trama normativa muy compleja que requiere de profesionales competentes que sepan desentrañarla, garantizando que los ciudadanos reciben un asesoramiento jurídico y una defensa en juicio de primera calidad. Si el abogado desconoce las normas, el derecho de defensa no estará garantizado y el Estado de Derecho no será real, por lo que el poder político habrá fracasado”.
