La demanda de electricidad en el mundo prácticamente se multiplicará por dos en los próximos veinte años: si el sector eléctrico quiere hacer frente a este fuerte incremento deberá invertir en torno a los 16,9 billones de dólares hasta el 2035, según la Encuesta Mundial del Sector Eléctrico y de Energía 2012 elaborada por PwC a partir de la opinión de 72 altos directivos de todo el mundo. España, sin embargo, acusa los bandazos normativos que se han dado y la incertidumbre en cuanto posible recorte de la deuda del gobierno con las eléctricas.
La complicada coyuntura económica no está ayudando a encontrar el capital que se necesita para crear el abastecimiento que será necesario dentro de pocos años: así lo afirma el 78% de los directivos entrevistados por PwC para los que la crisis está teniendo un impacto entre "medio" y "muy elevado" en las escasez de dinero para proyectos de infraestructuras. Ante esta situación, la mayoría los directivos de las compañías eléctricas reclama a los gobiernos un marco regulatorio que incentive la inversión necesaria para poder responder al incremento de la demanda. De hecho, y como todos sabemos, España acaba de sufrir lo que es la inseguridad jurídica en estos temas. ¿Quiere leer nuestra crónica de lo ocurrido en Latinoamérica?
El mensaje que el sector reclama a los gobiernos es muy claro: para poder responder a la demanda habrá que dejar de lado unas reformas de los mercados, que probablemente acarrearían aún más problemas, y centrarse en promover un entorno regulatorio favorable para la inversión. Se resaltan tres cuestiones prioritarias:
- Un marco legislativo que incentive la inversión en redes (destacado por el 80% de los encuestados)
- Eliminación de obstáculos y cuellos de botella que entorpecen la planificación estratégica en infraestructuras (76%)
- Mayor interconexión entre los diferentes sistemas de electricidad (76%)
Por el contrario, son muchos menos quienes consideran prioritaria una mayor liberalización (38%) o la disociación de las redes de distribución (31%).
Para Iñaki Goiriena, socio responsable del sector de Energía de PwC, "el desarrollo de un marco normativo adecuado que permita la atracción del capital necesario para cumplir con la fuerte demanda de electricidad de las población será una de las claves del desarrollo del sector eléctrico en todo el mundo en los próximos años".
La mayoría de los accionistas minoritarios cree que un recorte de la deuda del gobierno con las eléctricas tendría consecuencias negativas para España
Según un estudio realizado para la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), la mayoría de los accionistas minoritarios creen que un recorte de la deuda eléctrica por parte del gobierno tendría consecuencias negativas para España. Para dos de cada tres minoritarios si el Estado no salda su deuda con las compañías eléctricas se vería internacionalmente como un país que no cumple sus compromisos. Para un 63,2%, sería visto como un país poco fiable para invertir y para un 62% ahuyentaría la inversión extranjera en España.
La gran mayoría de accionistas minoritarios, ocho de cada diez accionistas consideran que el compromiso del Estado con las eléctricas para pagar su deuda es también un compromiso con sus accionistas minoritarios. Para el 72% de los minoritarios, si el Estado obliga a las eléctricas a renunciar a parte de su deuda y a no cobrarla, supondría una pérdida de valor injusta de las acciones y de la empresa para los accionistas.
Para la mayoría de los minoritarios (72%) la solución pasa porque el Estado cobre lo que cuesta la luz y deje de engrosar la deuda estimulando así el consumo responsable. Incluso, dos de cada tres minoritarios estarían dispuestos a pagar el precio real de la luz para pagar el suministro. Para paliar las posibles situaciones de las personas más necesitadas, los minoritarios tienen claro (78%) que el Estado debería conceder ayudas a los consumidores más desfavorecidos en lugar de aplicar tarifas eléctricas que no se corresponden con el coste real.
En este sentido, los minoritarios se muestran muy críticos con que se carguen en la factura de la luz conceptos ajenos al suministro. El 88% de los accionistas está en contra de que el Estado incluya impuestos en la factura de la luz y preferiría que los reflejara en los Presupuestos Generales del Estado.
En concreto, nueve de cada diez accionistas está de acuerdo con que la Estado debería financiar las energías renovables con una ley específica y no con la factura de la luz. Incluso, el 58% de los minoritarios estaría dispuesto a pagar el céntimo verde en la gasolina para pagar el sobrecoste de las energías renovables.
Renovables
La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA reclama seguridad para las inversiones realizadas en el sector renovable. APPA Agrupa a más de 500 empresas y entidades, que desarrollan todas las tecnologías limpias: biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, marina, minieólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica. "Las energías renovables están amparadas por un paraguas legal, que es el objetivo reconocido en la Ley 54/97, y han sido realizadas según las especificaciones y retribuciones marcadas por el Boletín Oficial del Estado, modificar esas condiciones nos pondría al mismo nivel que aquellos países que criticamos por su arbitrariedad", ha declarado González Vélez, presidente de APPA.
González Vélez ha criticado duramente las recientes declaraciones de directivos de grandes compañías eléctricas que piden recortes retroactivos a la retribución renovable para atajar el grave problema del déficit tarifario. "Las energías renovables han ahorrado en el mercado eléctrico 9.173 millones de euros más que las primas recibidas en el período 2005-2010. Las renovables, por su evolución de costes comparada con los precios de los combustibles, son parte de la solución al déficit, no parte del problema".
Para esta asociación, "existen grandes diferencias entre hacer uso de la flexibilidad, que la regulación permite, para adecuar los costes a la actual situación del sistema eléctrico – como es el caso del ajuste realizado en la retribución a la distribución – y modificar un marco regulatorio a largo plazo, gracias al cual se han tomado decisiones de inversión en energías renovables". Esta misma semana las multinacionales que operan en España han reclamado al Gobierno previsibilidad y ausencia de legislación retroactiva, señalándolos como las principales barreras de inversión de nuestro país, un análisis con el que se identifica plenamente la Asociación. "Es muy difícil que España consiga atraer inversiones extranjeras y se recupere de la actual crisis si no existe una confianza plena en nuestro marco regulatorio", concluye González Vélez.
