Ayer se celebró una nueva edición del Club de los Miércoles, que organiza Aranzadi, en la que se debatió sobre los principales desafíos de las asesorías jurídicas de las universidades.
El encuentro estuvo moderado por Ana Caro Muñoz, directora de coordinación de proyectos, patrimonio, prevención y salud, y secretaria de las juntas directivas de AEDUN Y RIDU.
Como ponentes intervinieron Carlos Gómez Otero, secretario Xeral Adxunto da Universidade de Santiago de Compostela y Pedro Manuel del Castillo González, letrado del servicio jurídico de la Universidad Carlos III de Madrid.
Todos ellos dieron respuesta a cuestiones como:
- ¿Cuáles son las principales tareas de una AAJJ de Universidad? ¿Qué tipo de estructuras se requieren? ¿Es necesaria una especialización de los letrados?
- ¿Cuáles son los temas que mayores conflictos generan y terminan en procedimientos judiciales?
- ¿Cómo se afronta la conflictividad que surge de la acumulación de la estabilización de los procesos de selección de personal?
- ¿Cómo afrontan las AAJJ su papel en la modificación de los Estatutos Universitarios con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 02/2023 de Sistema Universitario (LOSU)?
Incremento de la conflictividad
Los expertos coincidieron a la hora de afirmar que uno de los mayores retos a los que se enfrentan las asesorías jurídicas de las universidades es el incremento de la conflictividad, especialmente en las áreas Laboral y Administrativa, y sobre todo en la primera de ellas, “debido al aumento de los procesos selectivos y de los cambios jurisprudenciales tanto en el ámbito nacional como comunitario”, explicó Carlos Gómez.
En esta misma línea Pedro Manuel del Castillo afirmó que, para hacer frente a esta mayor conflictividad jurídica, “es necesario encontrar al personal adecuado, un problema que es común a otras administraciones para los ámbitos Contencioso y Laboral” y de difícil solución, debido a que “es complicado encontrar personal interesado y que conozca de derecho universitario, que es un ámbito jurídico muy amplio”.
Carlos Gómez recordó que a partir de los años 80 del siglo pasado y con la llegada de la autonomía universitaria, estas entidades dejaron de tener como única referencia en materia de asesoramiento jurídico a la Abogacía del Estado, si bien siguen las actuales asesorías jurídicas internas siguen contando con su apoyo en determinados supuestos. Recordó además que el ámbito Contencioso “todos los actos administrativos que dicta la universidad son por definición impugnables”.
En cuanto a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 02/2023 de Sistema Universitario (LOSU) el pasado 12 de abril de 2023, Pedro Manuel del Castillo considera que “es ambiciosa para reducir la temporalidad, pero el problema que arrastramos es el de la financiación, que es un problema endémico de la administración”. Cabe recodar que esta norma se había fijado como objetivo la reducción de la precariedad en el conjunto del sistema universitario y que la temporalidad del profesorado pase del 40% que fijaba la LOU al 8%. Sobre esta norma Carlos Gómez, explicó que la parte de personal es el ámbito en el que hace más hincapié la nueva LOSU, “pero para su aplicación nos vemos afectados también por los procesos electorales autonómicos y el desarrollo de las normas propias de las comunidades autónomas; necesitamos buenas normas estatales y autonómicas”, concluyó.
